Los recortes en dependencia destruirán más de 400 empleos en Málaga este año

Sur.es 1/09/2012

La provincia dejará de percibir unos 28 millones de euros, lo que obligará a reducir servicios para mayores y personas con discapacidad

El impacto laboral de los recortes en dependencia aprobados por el Gobierno central se traducirá en la pérdida de más de 400 empleos de aquí a final de año como consecuencia de la disminución de la inversión estatal en casi un 13% o,

lo que es lo mismo, en unos 28 millones de euros. Es la estimación del presidente de la Asociación Española de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que explica que además de los propios beneficiarios de la ley y sus familiares, los otros grandes perjudicados por las medidas planteadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy serán los colectivos de auxiliares de geriatría y de trabajadores sociales.

Desde la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Málaga, su responsable, Daniel Pérez, considera que el número de empleados del sector que podrían quedarse en la calle por los efectos de los recortes superará los 400, si bien aclara que no cuenta con información suficiente para concretar una cifra. En cualquier caso, se lamenta de que «en estos momentos que se destruya un solo empleo es para echarse las manos a la cabeza» y reconoce que la disminución de la inversión en dependencia obligará a la administración autonómica a «hacer ajustes», aunque la Consejería «todavía no ha realizado la reformulación del presupuesto».

Lo que sí ha calculado la Delegación provincial es que los 20.239 cuidadores malagueños del entorno familiar dejarán de percibir 968.000 euros mensuales por la reducción del 15% de la prestación como consecuencia de la reforma de la Ley de Dependencia, que además provocará la amortización de plazas en residencias y la reducción de usuarios de centros de día y de ayuda a domicilio. Así lo advierte José Manuel Ramírez, que explica que si los recortes se aplican sobre la tasa de reposición, es decir, no cubriendo las plazas de los usuarios conforme estos fallecen, podrían quedar fuera del sistema entre 1.600 y 2.000 beneficiarios en los niveles de valoración ya en vigor, más otros 7.000 que se encuentran en el 'limbo de la dependencia', es decir, se les reconoce el derecho pero están a la espera de recibir la prestación o el servicio, y que no entraran en el sistema al ampliar el plazo para atención en dos años y retrasarse hasta el año 2015 el grado de dependencia moderada.

Además, con la entrada en vigor de las nuevas medidas, los usuarios no podrán recibir más de una prestación al establecerse la incompatibilidad entre ellas, salvo en el caso de la teleasistencia, lo que hará que se reduzca el número de usuarios. En el caso de las residencias, Ramírez puntualiza que las medidas aprobadas son contradictorias y antieconómicas provocando que no haya nuevos conciertos y las plazas que queden vacías a causa de la crisis y del mayor coste económico se amortizarán para favorecer las ayudas a los cuidadores no profesionales, «mucho más reducidas». En este sentido, advierte de que por cada dos plazas que desaparecen se destruye un empleo, como también ocurre por cada tres usuarios de ayuda a domicilio o por cada cuatro de centros de día.

«Derogación encubierta»

Todo esto se llevará varios cientos de empleos por delante. Ya en abril de este año, la entonces delegada de Bienestar Social, Ana Navarro, confirmaba que tras años de aumentos continuos de puestos de trabajo, en 2012 se dejarían de crear unos 5.000. Estas previsiones se quedaron cortas, y su sucesor en el cargo, Daniel Pérez, afirma ahora que no solo no se crearán empleos, sino que se destruirán. A su juicio, incluso más de los 400 que augura la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, cuyo presidente denuncia que el Gobierno «ha hecho una derogación encubierta» de la Ley de Dependencia, puesta en marcha en 2007 y que ha creado desde entonces más de 6.000 empleos en la provincia de Málaga.

Según sus cálculos, la reducción de las partidas económicas a las comunidades autónomas por el nivel mínimo garantizado supondrá un recorte aproximado de 4,4 millones de euros a la provincia, a lo que hay que sumar el efecto de la supresión del nivel convenido -la aportación del Estado para aumentar los recursos disponibles-, que restará otros 10,8 millones de euros. Por otra parte, el ahorro del 15% en el dinero que reciben los cuidadores familiares supondrá un total de 4,4 millones de euros, y otros 8,4 millones se dejarán de percibir por la supresión de la retroactividad. En total, unos 28 millones de euros menos en la provincia.

Estas medidas, unidas a la revisión del modelo de copago -a los dependientes con menos recursos se les computará la renta y el valor patrimonial de la vivienda para calcular su capacidad económica, por lo que de este modo tendrán que pagar más por los servicios recibidos- y a la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social por las personas cuidadoras familiares «hacen el sistema absolutamente insostenible y deja a las comunidades sin margen de maniobra» a juicio de Ramírez, que recuerda que el gasto público en España por persona dependiente atendida y mes ha pasado de 675 euros en 2009 a los 540 estimados en 2012.

Está aquí: Home Noticias Los recortes en dependencia destruirán más de 400 empleos en Málaga este año