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INFORME SEMESTRAL DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA. Primer semestre 2017

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27 de julio de 2017

NOTA DE PRENSA

 120.000 Grandes Dependientes continúan sin ser atendidos, mientras se maquillan las cifras del Sistema incorporando Dependientes Moderados con servicios low cost. Se corre el peligro de crecer con atenciones mediocres que no suponen auténtico apoyo a las personas y que no son fuente de empleo.

 

Con un porcentaje de financiación cada vez menor por parte de la Administración General del Estado, y sin incremento efectivo en los Presupuestos Generales del Estado en 2017, cada día fallecen no menos de 100 dependientes sin recibir la prestación o servicio a la que tienen derecho. Son más de 18.000 los fallecidos en esta situación, en este primer semestre.

Estas son algunas conclusiones del Informe del Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre de 2017, analizando los datos oficiales de evolución del Sistema, así como los hitos en su desarrollo en este periodo, marcado por un rechazo frontal del Gobierno central a incrementar las partidas de gasto en los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de las exigencias de los Partidos que han negociado su aprobación, y por la falta de resultados efectivos de las Comisiones y Grupos de Trabajo promovidas por el Ministerio.

Un detalle más pormenorizado de la situación del Sistema permite ofrecer las siguientes conclusiones:

Se incrementa el número de atendidos, pero aun con una enorme lista de espera

Desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015 se produjo un dramático parón del SAAD; a partir de esa fecha se retoma un cierto crecimiento en cuanto a personas atendidas que, a 30 de junio de 2017, son 898.243, siendo el número total de personas dependientes reconocidas de 1.217.355.

personas atendidas

La incorporación el 1 de julio de 2015 de todas las personas con Grado I, supuso un importante incremento de la lista de espera. Los esfuerzos de las Comunidades Autónomas -ya que no se ha incrementado la financiación estatal en este periodo- han conseguido aumentar en los dos últimos años el número total de personas atendidas en algo más de 160.000, con un crecimiento neto del 21,8% para el conjunto del sistema.

A pesar de ello, tras dos años del cierre de calendario de aplicación de la ley nos encontramos aún con casi 320.000 personas con pleno derecho a recibir prestaciones o servicios que aún se encuentran en una desesperante “lista de espera”. Por otra parte, la lista de espera no está compuesta solo por las personas que más tarde se han incorporado al derecho a atención (Grado I) sino que hay un importantísimo número de personas con Grados III y II (gran dependencia y dependencia severa) cuyo número se mantiene casi invariable en el último año:

Esto tiene importantes repercusiones en clave de financiación ya que el actual Nivel Mínimo (recortado en 2012) hace que una Comunidad Autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 €/mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 €/mes y 177,86 €/mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente. Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente su atención resulte más costosa. La incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a las personas con Grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste como la teleasistencia, muchas prestaciones de prevención y promoción de la autonomía o incluso la prestación económica por cuidados en el entorno familiar cuyo importe siempre es menos onerosa que la prestación de servicios personales o residenciales.

evol desantendidas

Siguen siendo miles los dependientes que fallecen sin recibir las atenciones que tienen reconocidas

La consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones, es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley. Los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.

Extrapolando la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017, se puede estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en el primer semestre del año asciende a 18.000, con la proyección de convertirse en más de 34.000 al final del presente ejercicio.

Resulta preocupante que, aun reconociendo el cambio de tendencia, de seguir así las cosas se tardaría entre cuatro y cinco años en acabar con la lista de espera y cumplir con la ciudadanía. Y ello con grandes diferencias entre territorios. Estas proyecciones pueden alargarse considerando el número de personas dependientes con Grados III y II (cuya atención puede ser más costosa) y las 100.000 personas pendientes de dictamen de las que un buen número acabará siendo consideradas como dependientes.

La salida de las atenciones low cost

El incremento de personas atendidas (Grados I fundamentalmente) no se compadece con una mayor inversión del Sistema. Los crecimientos que se han dado en los dos últimos años tienen mucho que ver con las atenciones que podríamos denominas de “bajo coste” como la Prevención y Promoción de la Autonomía (en muchos casos), la teleasistencia (con un coste medio de 25€/mes) o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno (cuya media mensual está cercana a los 300€ y bajando).

crecimiento neto

Del incremento de atenciones desde julio de 2015, más de la mitad (55,7%) se debe a las atenciones de bajo coste y especialmente a la teleasistencia que en algunos territorios se está configurando como única prestación para algunos casos de forma muy peligrosa. La urgencia de sacar expedientes de la lista de espera y la presión presupuestaria no pueden convertir la atención a la dependencia en el despliegue de atenciones que deben ser consideradas complementarias y nunca suficientes por sí mismas.

Mientras casi 120.000 Grandes Dependientes o Dependientes Severos, que son los que requieren mayor atención y con mayor urgencia, la tendencia para la atención residencial es a la baja, e incluso en los primeros seis meses de 2017 se observa una pérdida de 370 prestaciones. Ello hace que la generación de empleo de la que el SAAD hace gala se ha frenado por primera vez en el 1º semestre de 2017.

estimacion empleos-resized

El empleo directo vinculado al SAAD (atenciones) se estaría frenando en torno a los 200.000, y el número de empleos por millón de euros invertidos ha bajado de 35 (2016) a 34 en lo que va de año 2017. Esta es otra consecuencia de las atenciones de bajo coste y del regreso de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.

El ahogamiento de la financiación del Estado

En el primer semestre del año el coste del Sistema ha ascendido a 3.700 millones de euros, es decir, solo 86 millones más que en el semestre anterior. El copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4% del total de gasto y el resto es asumido por las administraciones. La financiación finalista de la AGE en relación a la financiación autonómica sigue reduciéndose sensiblemente.

distribucion aportacion-resized

Lo preocupantes es que la AGE mantiene los valores de financiación del nivel mínimo de 2012 (recortados por el RD-Ley de 13 de julio de 2012). El incremento de 100 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 (sobre el presupuesto inicial de 2016) pactado con Ciudadanos, resulta inútil si no se modificaban la cuantías del Nivel Mínimo Garantizado por dependiente atendido. Pues bien, ¡hemos llegado al punto en el que es muy posible que no se gaste la financiación estatal comprometida convirtiendo el pacto presupuestario en una auténtica vergüenza! ¡Mientras fallecen dependientes sin recibir los servicios a los que tenían derecho, a la AGE le va a sobrar parte del presupuesto consignado en los PGE! La estimación del gasto estatal por el nivel mínimo en el primer semestre de 2017 es de 587 millones de euros. Esto supone que, si no se incrementa el mínimo estatal, considerando la pérdida de Grados III y II y el avance de los Grado I, el nivel mínimo devengado a final de año esté –con un cálculo optimista- en torno a los 1.170 millones de euros (90 millones por debajo de lo presupuestado en los PGE).

Mientras tanto seguimos sin noticias de la Comisión de análisis de SAAD derivada de la Conferencia de Presidentes y del grupo de expertos sobre financiación autonómica.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.  E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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BONO SOCIAL ELÉCTRICO

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NOTA DE PRENSA

BONO SOCIAL ELÉCTRICO.

GENIALIDAD DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: YO INVITO, LOS SERVICIOS SOCIALES PAGAN.

EVITAR EL CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO A LOS HOGARES MÁS VULNERABLES PODRÍA COSTAR MÁS DE 300 MILLONES DE EUROS ANUALES A LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES TITULARES DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elaborado un proyecto de Real Decreto que regula el llamado Bono Social para los consumidores vulnerables de energía eléctrica. La norma regulará las condiciones para obtener descuentos en la factura en función de determinadas circunstancias y establece las situaciones en la que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del mismo.

Obtendrán descuentos del 25% en su factura quienes estén en condición de “vulnerable” y del 40% si se considera “vulnerabilidad severa”. Esta se mide en función de la renta anual con relación al IPREM junto a otras circunstancias (por ejemplo familias numerosas o familias compuestas por pensionistas).

La auténtica genialidad del Ministerio y de las eléctricas consiste en que se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa… ¡si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura!

Es una operación tan magníficamente tramada que en la Memoria Justificativa del Real Decreto (pág 15), en el apartado 2º, de implicaciones económicas y presupuestarias, se indica textualmente:

d) Impacto presupuestario:

El coste total estimado de las medidas contenidas en este real decreto no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias. 

Un primer cálculo de hogares potenciales que podrían beneficiarse de la medida nos lleva a estimar que -con toda seguridad- serán más de 900.000 familias las que entrarían en el rango de vulnerabilidad severa ya que sus ingresos son inferiores a la mediana de renta del primer decil por unidades de consumo, lo que las sitúa por debajo de los umbrales del Real Decreto.

El proceder de las eléctricas ante un impago será informar a sus clientes de que acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro. Resultado: el Sr. Álvaro Nadal se hace una foto preciosa gracias a su “sensibilidad”, las eléctricas tendrán a quien culpar en caso de corte de suministro (los servicios sociales que no quisieron pagar la factura) y los servicios sociales que atienden ya a más de 8 millones de personas al año recibirán toda la presión de la demanda, además de verse obligados a compartir información de ciudadanos con unas empresas privadas que “activarán” estos servicios públicos cuando estimen oportuno.

Es cierto que no todas las familias potenciales incurrirán en impago. El propio Ministerio calcula para todo el bono social eléctrico una penosa “tasa de aceptación” del 45%. Pero en cuanto se corra la voz entre las economías más castigadas, se producirá una insana e insegura invitación a dejar de pagar. Para estas familias las opciones son: pagar cada mes la factura de la luz con un 40% de descuento o no pagar nada y que lo asuman los servicios sociales. Alguien en el Gobierno sigue pensando que el pobre es tonto. O que lo son el 55% de ellos. Pues créannos; no es así.

La medida posee lagunas y efectos perversos entre los que señalamos:

-     Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales). Por otra parte no hay garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto.

-     Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida. El Estado financia de forma finalista los servicios sociales (inclusión) con unos 100 millones de euros (Plan Concertado). Ayuntamientos y comunidades gastan en esta materia unos 3.500 millones de euros sobre los que un potencial de gasto anual no previsto de 300 millones no es baladí.

-     Se han obviado y ninguneado los sistemas de protección (posiblemente más inteligentes) gestados ya en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos.

-     Se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales (ya exhaustos porque durante la crisis vieron multiplicada la demanda y mermados los recursos).

-     La condición de vulnerabilidad severa (condición para la suspensión del corte de suministro) se establece por un año y corresponderá a los servicios sociales la “vigilancia” del cambio de circunstancias y su notificación. Ni es viable ni es oportuno y además, el mecanismo de gestión propuesto (pendiente de más desarrollo) puede acabar siendo un auténtico circo en el que se vulneren, entre otros, derechos relacionados con la protección de datos.

-     Es una norma antipedagógica y paternalista. Cuando los servicios sociales atienden estas situaciones (ya lo hacen en muchos casos) son muy conscientes de que es la familia la que debe responsabilizarse de sus pagos aunque la procedencia de los fondos sea pública (como lo es para cualquier pensionista o parado que cobre una prestación). Asumir la obligación de pago directo desde la administración no es buen camino.

-     Es muy parcial en su protección (¿y el gas? ¿no podemos cortar la luz pero sí el gas?).

-     Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con independencia de sus ingresos) mientras que otras, mucho más castigadas actualmente, (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta.

-     Se incrementará el consumo energético de estos hogares al máximo establecido (sobre esto ya hay estudios). Si tengo calefacción no eléctrica (gas/gasóleo/pellets…) y puedo mantener el suministro eléctrico sin pagar… adquiriré -como sea- calefactores o aparatos de aire acondicionado sin atender a la seguridad de instalaciones o a su eficiencia energética…

-     Las comercializadoras y el Ministerio se convierten en sonrientes irresponsables y la “culpa” de un corte de suministro se carga a un servicio público dependiente de otras administraciones.

-     Algunos de los voluntariosos demagogos militantes de la pobreza con apellidos (energética, infantil, hipotecaria, alimentaria…) generan presiones políticas parciales que inducen respuestas fragmentadas, absurdas y desinformadas. La pobreza es un fenómeno más global y complejo que todo eso y es urgente abordar en España el debate de cómo asegurar -por dignidad, no por caridad- que los hogares dispongan de ingresos mínimos que les permitan gestionarse y más en un contexto en el que el trabajo ya no garantiza el proyecto vital. Y esta cuestión no atañe únicamente a los Servicios Sociales.

Los profesionales de servicios sociales estamos hartos de que un Ministerio como Industria defina “vulnerabilidad” o de que el de Economía defina “riesgo de exclusión” (véase el Código de Buenas Prácticas Bancarias). ¿Se imaginan que ocurriría si el Ministerio de Defensa definiera la enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hiciera indicaciones sobre su tratamiento al personal sanitario?

Tómense en serio estas cosas por favor. Tómennos en serio. Tomen en serio a la ciudadanía y analicen el asunto desde la óptica de los derechos fundamentales.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ANEXO.

SÍNTESIS DEL ESTUDIO “IMPACTOS DEL NUEVO BONO SOCIAL ELÉCTRICO EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES”

Informe completo en www.directoressociales.com

HOGARES POTENCIALES EN SITUACIÓN DE “VULNERABILIDAD SEVERA” EN ESPAÑA:

Es muy difícil establecer estimaciones sobre el número de hogares potenciales ya que se trataría de aislar en primera instancia los hogares en función de renta disponible y composición (existencia de menores).

Los límites de renta establecidos son:

IPREM mensual = 537,84 euros en proyecto de Ley PGE 2017; IPREM anual (12 meses) = 6.454,03 euros en proyecto de Ley PGE 2017;

LÍMITES DE RENTA ANUAL PARA LA CALIFICACIÓN: VULNERABLE SEVERO.

Composición familiar

Límite renta anual vulnerable

Límite renta anual vulnerable severo

Sin menores

9.681,05 euros

4.840,56 euros

Con un menor

12.908,06 euros

6.454,08 euros

Con dos menores

16.135,08 euros

8.067,60 euros

Familia numerosa

Sin límite

8.067,60 euros

Cuando todos los miembros con ingresos sean pensionistas (Seg. Soc. por jubilación o incapacidad perm) percibiendo cuantía mínima

Sin límite

6.454,08 euros

Se consideran también circunstancias especiales en las que los umbrales para la vulnerabilidad se incrementan (discapacidad superior al 33%, víctimas de violencia machista, víctimas de terrorismo)

Es fácil comprobar que todos los hogares que estén por debajo de la mediana renta del primer decil en España no alcanzarían los umbrales establecidos:

UMBRALES DE RENTA PARA LA CONSIDERACIÓN DE VULNERABILIDAD SEVERA

Configuración familiar (Unidades de consumo)

adulto solo

2 adultos

Adulto + 1 menor

Adulto + 2menores

2 adultos + 1 menor

2 adultos + 2 menores

Umbral vulnerable severo R Decreto

4.840,56

4.840,56

6.454,08

8.067,60

6.454,08

8.067,60

Mediana del primer decil de renta (INE)

3.203,00

4.805,00

4.164,00

5.125,00

5.765,00

6.726,00

Mediana del segundo decil de renta (INE)

6.435,00

9.653,00

8.366,00

10.296,00

11.583,00

13.514,00

Tabla 1. Elaboración propia Los importes de la mediana de renta corresponden a la mediana de renta por deciles y ajustadas por unidades de consumo en el hogar (Fuentes: Indicadores de Calidad de Vida. INE 2016; Borrador de Real Decreto)

Por lo tanto, con total seguridad, al menos la mitad de las familias que están en el primer decil de renta serían acreedores de la condición de vulnerabilidad severa (es decir, suministro esencial si no abonan sus facturas).

A estos habría que añadir otros que cumplen otras condiciones o quienes no llegan al umbral del Real Decreto, aun superando la mediana del primer decil o estando en el segundo decil y todos aquellos hogares con circunstancias especiales (discapacidad y víctimas) para los que los umbrales se elevan.


Una vez se demuestra que al menos la mitad de los hogares del primer decil de renta son vulnerables severos, la siguiente operación consiste en estimar el número de hogares que se halla en ese tramo de renta y su distribución por comunidad autónoma:

Tabla 2. Elaboración propia. Construido con datos INE de mediana de renta, unidades de consumo en los hogares y tamaño de los hogares. (Fuentes: Indicadores de Calidad de Vida, ECV y Panel de Hogares)

Posteriormente hemos calculado los importes del 50% de la factura (anual) en dos escenarios. Uno con una media de 52,00€/mes de factura (total sin descuentos) y otro con una media de 60,00 €/mes. El importe, final (286 o 330 millones de euros) es un importe máximo para una tasa de aceptación del 100% en las familias de ese tramo y para un impago masivo.

No obstante, no hay que descartar que –con el paso del tiempo y si se pusiera en marcha el sistema- la tasa de aceptación será creciente y el incentivo a asumir el pago del consumo propio será menor.

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