Prensa

El Gobierno de España sólo aporta el 18% de la financiación del Sistema de Atención de la Dependencia. Las CC.AA aportan 82% del gasto público certificado en el último año.

Imprimir Correo electrónico

El Observatorio Estatal de la Dependencia ha conseguido reunir los certificados de gasto en Autonomía personal y Dependencia del ejercicio 2015 de las Comunidades Autónomas.
El gasto público por beneficiario es de 8.500 euros al año, de los que 7.000 euros los aportan las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado solamente 1.500 euros.
El Observatorio solicitó a las CC.AA. los preceptivos certificados de gasto en Dependencia que las Comunidades Autónomas remiten al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, en los que se puede verificar el gasto público autonómico en atención a la dependencia junto a los ingresos que reciben del Estado para tal fin. En un ejercicio de transparencia que agradecemos públicamente, la práctica totalidad de territorios ha accedido a aportar los documentos oficiales suscritos por las respectivas Intervenciones Autonómicas.
Hasta ahora nuestras denuncias sobre la infrafinanciación del Sistema se basaban en estimaciones del propio Observatorio sostenidas en un modelo de costes que se ha ido depurando año a año. No obstante, la falta de oficialidad de parte de la información podía plantear dudas sobre la consistencia de dicho cálculo.
Finalmente, los datos oficiales obtenidos, confirman lo que veníamos denunciando a partir de estimaciones. La Ley establece que el Sistema debe ser financiado -en su gasto público- a partes iguales (50%) por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La realidad es que la Administración General del Estado aportó en 2015 sólo el 18,1 % del gasto público frente al 81,9% de las CC.AA.
El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a más de 2.865 millones de euros tal y como se reconoce en el Plan de Estabilidad y en los Planes de reformas remitidos a Bruselas. El quebranto para las Comunidades Autónomas en la financiación de esta importante política social las coloca en una encrucijada de muy difícil salida, cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes.
Las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013, remitidas al Observatorio, (todas a excepción de País Vasco y Navarra) arrojan un gasto público total certificado de 6.256 millones de euros. De toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio para esos Territorios fue de 1.130 millones.
Hasta ahora el Ministerio no reconocía los datos que venía ofreciendo el Observatorio, y descalificaba sus estudios. Con los datos certificados, la realidad ya es incontrovertible y evidencia la falta de veracidad y la insolidaridad del Gobierno de España con las personas dependientes, con sus familias y con los territorios del Estado.
El Sistema, no dejaremos de insistir en ello, muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleos y para la obtención de retornos directos, indirectos e inducidos. En 2015, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 38,3%. Si se atendiera ya a las 368.583 personas que están en espera –haciendo algo tan extraordinario como cumplir con la Ley- se generarían más de 100.000 nuevos empleos directos. Para ello el Gobierno de España debe cumplir la Ley de Dependencia e igualar la aportación autonómica tal y como debería haber sido desde el inicio de una Ley que se dictó al amparo del artículo 149.1.1ª de la Constitución (desde la responsabilidad del Estado).
Es imprescindible un debate serio y realista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para lograr un acuerdo de Estado sobre la financiación del SAAD que permita a las Comunidades Autónomas cumplir con las obligaciones encomendadas en esta materia. El próximo Gobierno tiene como tarea urgente (re)considerar que un buen sistema de atención a la dependencia en España es un reto estratégico de primer orden ya que constituye un sector de la economía con alta capacidad de generación de empleo y, sobre todo, es crucial para la vida digna de un millón y medio de personas y sus familias.
Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Gasto certificado CC.AA.

Ingresos certificados procedentes AGE

TOTAL

% CCAA

% AGE

Andalucía

890.692.353,76 €

241.627.717,24 €

1.132.320.071,00 €

78,7%

21,3%

Aragón

157.311.848,11 €

31.285.166,31 €

188.597.014,42 €

83,4%

16,6%

Asturias

138.597.519,63 €

22.900.601,76 €

161.498.121,39 €

85,8%

14,2%

Baleares

   61.622.692,60 €

16.113.771,40 €

77.736.464,00 €

79,3%

20,7%

Canarias

94.768.169,81 €

 27.349.802,11 €

122.117.971,92 €

77,6%

22,4%

Cantabria

83.465.843,42 €

 18.052.324,82 €

101.518.168,24 €

82,2%

17,8%

Castilla y León

403.004.137,90 €

95.083.629,10 €

498.087.767,00 €

80,9%

19,1%

C-La Mancha

283.365.136,91 €

57.712.049,71 €

341.077.186,62 €

83,1%

16,9%

Cataluña

1.004.040.000,00 €

223.880.000,00 €

1.227.920.000,00 €

81,8%

18,2%

Valencia

474.599.786,96 €

66.447.649,76 €

541.047.436,72 €

87,7%

12,3%

Extremadura

250.909.765,78 €

35.442.740,02 €

286.352.505,80 €

87,6%

12,4%

Galicia

237.591.197,36 €

73.086.225,94 €

310.677.423,30 €

76,5%

23,5%

Madrid

853.048.875,16 €

160.653.528,44 €

1.013.702.403,60 €

84,2%

15,8%

Murcia

133.382.024,11 €

50.980.136,60 €

184.362.160,71 €

72,3%

27,7%

Rioja (La)

59.567.630,98 €

  9.139.507,61 €

68.707.138,59 €

86,7%

13,3%

Navarra*

-   €

             -   €

           -   €

   

País Vasco*

-   €

               -   €

             -   €

   

Ceuta y Melilla**

-   €

            -   €

             -   €

   

TOTAL

5.125.966.982,49 €

1.129.754.850,82 €

6.255.721.833,31 €

81,9%

18,1%

Gasto estimado***

Observatorio 2015

5.340.470.301,31 €

1.129.754.850,82 €

6.470.225.152,13 €

82,5%

17,5%

*No aporta certificado  **Territorios competencia directa IMSERSO  ***Estimado para mismas CCAA

distr  gasto

Una de cada tres personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio.

Imprimir Correo electrónico

La lista de espera se mantiene en 381.508 y al ritmo actual se tardarían más de cuatro años en cumplir con los derechos de las personas dependientes.
Sin embargo, en el último año se ha incrementado el número de personas atendidas en casi 89.000
Sigue siendo muy preocupante el incremento de las diferencias territoriales.
La atención a la dependencia en España sufrió un claro y doloroso estancamiento desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015, momento en el que se incorporaron las personas con dependencia moderada (Grado I) al Sistema. Desde entonces -es decir, durante el último año- se ha incrementado en un 12% el número de personas atendidas, superando por fin el estancamiento.

No obstante, sigue existiendo un flagrante incumplimiento respecto a cientos de miles de personas, ya que actualmente (con datos oficiales de 30 de junio) hay 1.207.870 personas dependientes, de las que están siendo atendidas el 68,4% (826.362), mientras que el 31,6% (381.508) está en "lista de espera".

Valoramos positivamente el incremento de personas atendidas en el último año, debido sin duda a diferentes factores, siendo el fundamental el revulsivo de la incorporación de los dependientes moderados. Muchos de esos dependientes moderados ya venían siendo atendidos por los servicios sociales locales y autonómicos, con lo que se intuye que en muchos casos su incorporación de facto al sistema se debe a más a mecanismos de gestión que a un cambio real de su situación o de los servicios que reciben.

A pesar de esa mejora en las cifras globales de gestión del último año, con el actual ritmo de nuevas incorporaciones de atendidos, deberían transcurrir más de cuatro años para acabar con la lista de espera. Asistimos además a unas diferencias interterritoriales cada vez más extremas en el ejercicio de los derechos y el modelo de financiación –recortado y tramposo- imposibilita la mejora.

Cabe recordar que el recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a más de 3.000 millones de euros por la supresión del nivel acordado, la reducción del 15% del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. El quebranto para las Comunidades Autónomas en su financiación las coloca en una encrucijada de muy difícil salida cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes.

La única opción razonable es incorporar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tras un debate realista y responsable, un acuerdo de Estado sobre la financiación del SAAD que permita a las Comunidades Autónomas cumplir con sus obligaciones. En un tema tan serio como este, deben anteponerse las necesidades de las personas a los devaneos de salón y a los postureos partidistas.

El nuevo Parlamento y el próximo Gobierno tienen como tarea urgente (re)considerar que un buen sistema de atención a la dependencia en España es un reto de calado estratégico para un futuro demográfico inevitable; forma parte de un sector de la economía con alta capacidad de generación de empleo y retornos fiscales y –sobre todo- es crucial para la vida digna de un millón doscientas mil personas y sus familias.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Más artículos...

Está aquí: Home Prensa