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Los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes. Otros 2.308 beneficiarios menos de la Ley de Dependencia

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Málaga, 10 de diciembre de 2012

Por tercera vez, el retroceso es notorio con respecto al mes anterior: Casi 4.000 personas con derecho menos, 2.308 beneficiarios menos, 2.262 grandes dependientes menos, 146.363 cuidadoras han dejado de cotizar a la seguridad social, 101.429 personas pendientes de valoración, 230.203 en el limbo de la dependencia y diez Comunidades no mantienen la tasa de reposición. Es obvio que el Sistema se destruye por inanición.

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LA TRISTE DEMAGOGIA(*) DEL MINISTERIO

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Analizada la nota de prensa evacuada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con motivo del último acuerdo del Consejo de Ministros en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales manifiesta lo siguiente:

1º.- Es necesario explicar a la ciudadanía que el incremento de 117 millones de euros para el nivel mínimo garantizado no es fruto de ninguna especial sensibilidad hacia las personas dependientes, ni mucho menos una "medida que el Gobierno ha puesto en marcha a favor de las personas con discapacidad", sino que obedece al obligado cumplimiento de la financiación a las CC.AA. en función de las personas dependientes reconocidas y atendidas. De hecho, la lectura técnica de dicha ampliación de crédito es la de la falta de rigor en la previsión provocando un desfase entre presupuesto y gasto de un 8,3% en dicha partida. Es de suponer que ni el Sr. Montoro ni la troika comunitaria estén muy contentos con ello.

2º.- Con todo, hay que recordar que el demoledor Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio redujo este nivel mínimo de financiación en un 14%. De no haber sido así, para las 21.252 personas incorporadas al sistema, el estado tendría que haber ampliado su aportación no en los 117 que se indican, sino en algo más de 136 millones de euros.

3º.- Ahora bien, si la reforma de la Ley en julio hubiese ido en el sentido de cumplir lealmente con una financiación paritaria (50%) entre las CC.AA. y la Administración General del Estado, el Ministerio debería aportar 3.000 millones de euros (muy lejos de los 1.405 que se dice abonarán en 2012). No es ahorro. Los 1.600 millones que faltan deberán ser anotados en los deficitarios y exhaustos presupuestos autonómicos.

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