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EL CONSTITUCIONAL ANULA POR UNANIMIDAD LA DISPOSICION DE LA REFORMA LOCAL QUE IMPEDÍA LA PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS SOCIALES POR LAS ENTIDADES LOCALES A PARTIR DE 2016

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Los servicios sociales suponen el 9% del gasto de las entidades locales, 5.200 millones de euros en 2015, de los cuales casi la mitad estaban amenazados por la Reforma.

Residencias y Centros de Día para personas mayores y para personas con discapacidad, Servicios de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia Domiciliaria, centros y servicios de promoción de la mujer y centros de acogida para mujeres víctimas de violencia, servicios para la infancia y otros muchos servicios para prevenir la marginación o favorecer la inclusión social han sufrido importantes recortes como consecuencia de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013). De hecho, el gasto local en servicios sociales se ha reducido entre 900 y 1.000 millones de euros anuales en los últimos años (+/- 15%). Así, en 2011 este gasto alcanzó los 6.181 millones de euros, mientras que en 2015, a falta de datos de liquidación del presupuesto, ha sido de unos 5.200 millones.

La situación era especialmente preocupante ya que 2016 era el límite que la Reforma establecía para que las entidades locales dejaran de prestar buena parte de estos servicios sociales y fueran asumidos o financiados por las Comunidades Autónomas, algo que éstas no estaban en condiciones hacer. Las partidas directamente afectadas eran las de promoción social (603 millones de euros) y asistencia a personas dependientes (1.662 millones de euros), además de buena parte de otras partidas como las de administración general y servicios sociales básicos, lo cual, en conjunto hubiera significado una reducción de unos 2.600 millones de euros anuales.

Entre 50.000 y 70.000 trabajadores/as podrían haber visto peligrar su puesto de trabajo, especialmente aquellos/as con contrato no estable en ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades.

La sentencia del Constitucional, que lleva fecha de 3 de marzo, no solo declara inconstitucional la Disposición transitoria primera, que establecía la fecha límite de 2016 para que las entidades locales dejaran de prestar buena parte de sus servicios sociales y fueran asumidos o financiados por las CC.AA., sino que la anula, en cuyo caso no produce efectos y los que hubiera producido han de retrotraerse.

Lo cual, además de dejar en evidencia al Secretario de Estado de Hacienda, sr Beteta, cuya carta a los ayuntamientos el pasado mes de diciembre pretendía inter-pretar sui géneris esta disposición, plantea la situación de aquellos ayuntamientos que hayan practicado despidos amparados en no tener competencias en la materia, espe-cialmente cuando se acercaba la fecha de 1 de enero de 2016, y que ahora pueden tener problemas en los juzgados de lo social si los/as trabajadores/as afectados argu-mentan que han sido víctimas de algo similar a un ERE que se ha demostrado no ajus-tado a derecho, ya que su despido estaba basado en una norma que ha sido anulada.

Plantea también un desafío en relación con las exigencias de la Troika al Estado español, ya que a los 9.000 millones que ya reclama a futuro gobierno añadirá los 3.500 que teóricamente se dejan de ahorrar por no poder implantar la supresión de servicios programada en el Plan Nacional de Reformas y en el Plan de Estabili-dad.

En todo caso, la sentencia es una magnífica noticia para quienes defendemos el valor de la proximidad en la prestación de los servicios sociales, y viene a dar la razón a quienes desde el primer momento denunciamos la inconstitucionalidad de las dispo-siciones de la Ley 27/2013 que limitaban la capacidad de las entidades locales para prestar estos servicios. Y lo hace utilizando expresiones similares a las que hemos ve-nido reiterando, como el carácter histórico de competencias que la Reforma conside-raba "impropias" de las entidades locales, y que en palabras del Constitucional, "el nivel municipal venía prestando porque así lo decidieron (o permitieron) las Comuni-dades Autónomas (al amparo de los Estatutos) o el Estado (en aplicación del art. 149.1.18 CE) o simplemente, porque fueron desarrollados de hecho por los Ayunta-mientos". En algunos casos, conviene recordar, con una trayectoria secular, eviden-ciando la ignorancia o el desprecio del legislador que consideró "impropia" toda esta trayectoria tan arraigada en el ámbito local.

Hay que recordar también que han sido numerosas las Comunidades Autóno-mas que ha recurrido esta Ley y que han elaborado sus propias normas para evitar la desaparición de servicios sociales tan importantes en el ámbito local a la que les abo-caba. Más de 3.000 ayuntamientos se sumaron también a estos recursos contra la Ley, aunque es lamentable la falta de oposición decidida por parte de la entidad que debe-ría haber liderado esta oposición en representación de las entidades locales: la FEMP.

Es también lamentable la falta de sensibilidad social de muchos Ayuntamientos y Diputaciones que, aprovechando la incertidumbre que ha provocado la Ley 27/2013 han dejado de prestar servicios sociales especialmente necesarios para sus habitantes.

Se adjunta anexo con datos detallados sobre el gasto local en servicios sociales.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
E-MAIL: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Algunos datos sobre el gasto local en servicios sociales
(Extractados y actualizados del Índice DEC 2015)

presu de gasto

• El gasto total de las entidades locales en servicios sociales en el año 2014, último año liquidado, fueron 5.223 millones de euros.

• El gasto en servicios sociales supone un 9% del gasto total de las entidades locales (9,13% en 2014)

• De 2010 a 2014 el gasto local en servicios sociales se ha reducido en 1.190 millones de euros (-18,6%).

• Entre 2010 y 2014 la mayor reducción del gasto local en servicios sociales corresponde a subvenciones a entidades y prestaciones económicas a personas y familias (-361,2 millones), seguido del gasto de las inversiones (-358,4) y del personal propio (-283,0 millones de euros).

titulo del grafico

• Un 45% del gasto local en servicios sociales se destina a servicios básicos para personas y familias, un 28,5% a atención a la dependencia, el 13,3% a administración general y un 9,9% a promoción social de diversos colectivos (mayores, mujeres, infancia, inmigrantes...)

• En 2014 el 75,6% del gasto local es esfuerzo propio de las entidades locales (3.951 millones de euros); un 24,4% es financiación por parte de las Comunidades Autónomas.

• Los servicios que estaban más amenazados están por la reforma son los de atención a la dependencia y los de promoción social, que dejan de considerarse competencias propias de los municipios, y que suponen 2.264 millones de euros en 2014 (1.661,8 millones en dependencia + 603 millones en promoción social), así como el gasto que realizan los municipios con menos de 20.000 habitantes (850 millones de euros en 2014). En total, eran 3.114 millones de gasto los que estaban amenazados directamente por la Reforma ahora anulada.

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PACTO DE GOBIERNO SOBRE POLÍTICA SOCIAL. ALTERNATIVAS A UNA LEY DE RESCATE CIUDADANO.

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CUESTIÓN CONCEPTUAL. Porqué no es conveniente un "rescate"

Responder con un "rescate" a las situaciones de pobreza lleva a confundir a la opinión pública, al sugerir que nos encontramos ante una situación excepcional, en la cual los cientos de miles de familias y personas empobrecidas son sólo los restos de una catástrofe a los que hay que "rescatar".

Ese rescate refuerza uno de los principales engaños de las políticas ultraliberales: que todo se debe a una coyuntura adversa de la economía, que sólo se puede resolver con el crecimiento del PIB, y que este crecimiento por sí solo, poco a poco, hará que toda la sociedad mejore.

Pero las situaciones de pobreza no son los restos de la crisis que poco a poco superaremos y a los que hay que atender mientras tanto, sino que configuran un rasgo estructural del nuevo modelo de sociedad, que forman parte de su ADN como consecuencia de unas políticas que mantienen no solo unos niveles de pobreza que afectan a amplios sectores de la población, sino que consagran las desigualdades y limitan las oportunidades de mejora para la inmensa mayoría de la población.

Por eso no podemos afrontar las situaciones de pobreza y de precariedad con iniciativas de "rescate" sino con cambios en las políticas que las generan y mantienen:

· Un nuevo modelo de desarrollo económico que apueste por I+D+I y en el que la competitividad no se logre exclusivamente mediante la sobreexplotación de trabajadores/as

· Mejorar la protección laboral (salarios, estabilidad, mecanismos de defensa colectivos)

· Medidas que impulsen una fiscalidad con más capacidad recaudatoria y con mayor progresividad.

· Reforzar las políticas sociales y corregir los recortes que se han llevado a cabo.

CUESTION COMPETENCIAL. Porqué no es posible un "rescate" a nivel estatal

Las medidas de protección a las personas y familias más empobrecidas, para garantizar de forma inmediata la cobertura de sus necesidades básicas y para una vida digna, forman parte de políticas cuya competencia corresponde a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales. Por eso cualquier iniciativa "de rescate", si lo que pretende son atenciones urgentes, inmediatas, de protección social básica, no pueden llevarse a cabo desde organismos estatales que ni tienen competencia en esas materias ni estructuras gestoras descentralizadas en el nivel de proximidad necesario para ello.

ALTERNATIVA: Medidas a nivel estatal que pueden corregir a corto plazo situaciones de pobreza y precariedad, y simbolizar el cambio profundo de políticas a este nivel.

· Derogar las disposiciones de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que recortan el nivel competencial de las entidades locales en servicios sociales, y eliminar el plazo de 31 de diciembre de 2015 que establece la Disposición Transitoria Segunda 1, para que las Comunidades asuman los servicios sociales de titularidad local que esa norma considera impropios.

Efectos: Impide la demolición de numerosos servicios sociales de ámbito local, imprescindibles para atender situaciones de pobreza y exclusión. Va en onda de lo acordado por la mayor parte de las Comunidades, incapaces de asumir o financiar al 100% los servicios sociales locales que esa norma considera impropios, para lo cual han aprobado normas incluso con rango de Ley. Mantiene y genera empleo en SAD, Centros de Día, Talleres Ocupacionales y otros programas de apoyo a familias

Costes: No tiene.

Plazos: 2016 Mantiene y genera empleo en SAD, Centros de Día, Talleres Ocupacionales y otros programas de apoyo a familias

· Modificar el código civil para corregir la anomalía jurídica de nuestro país que mantiene la responsabilidad patrimonial universal ilimitada, y aprobar una ley que proteja a los particulares en caso de quiebra por sobreendeudamiento. Dicha protección se debe residenciar en servicios públicos especializados, en combinación con los servicios sociales, que asesoren y tutelen la reestructuración de deudas como medida previa obligatoria al uso de las vías judiciales ordinarias (procedimientos monitorios) o especiales (ejecuciones hipotecarias).

Efectos: Evitaría todas las dificultades actuales para acabar con los desahucios hipotecarios y las deudas que acompañan a personas y familias de por vida / haría innecesarios tantos subterfugios a los que hay que recurrir actualmente con escaso apoyo jurídico para ello, desde administraciones públicas y plataformas ciudadanas / favorecería el emprendimiento.

Costes: No tiene e incluso mejora la posición de los acreedores.

Plazos: 2016-2017

· Aprobar una Ley Estatal de Rentas Mínimas. Tanto PSOE como CIUDADANOS, PODEMOS e IU llevan en sus programas propuestas de una Ley Estatal de Rentas Mínimas.

Podría tomarse como referencia la ILP de CCOO y UGT, ya que evitaría problemas competenciales y permitiría que las CCAA asumieran con la intensidad y capacidad requerida sus Rentas Mínimas dirigidas específicamente a colectivos en situación o riesgo de exclusión.

Efectos: equiparada inicialmente a los subsidios, supondría resolver de manera digna los problemas de pobreza severa en España, y avanzar en la igualdad

Costes: A estudiar (10.000 millones de euros anuales). Necesidad de financiar con reformas fiscales

Plazos: 2016-201

· Reponer los recortes en la financiación estatal de la Dependencia. Derogar la disposición transitoria 11 del R.D. 20/2012 en el que se reduce un 13% el nivel mínimo y reponer el nivel acordado suprimido en las Leyes del Presupuesto General del Estado desde 2012.

Efectos: Permitiría eliminar el "Limbo de la Dependencia" atender a las personas dependientes más / creación de unos 20.000 puestos de trabajo directos / alivio de la situación económica de las CCAA que asumen los costes del Sistema. Posteriormente se impone un pacto de Estado sobre esta cuestión en cuya discusión se replantee el modelo de financiación de los "long term care" en España y con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Costes: 500 millones de euros anuales

Plazos: 2016

· Recuperar la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, hasta el nivel previo a los recortes.

Efectos: Este Plan firmado en 1987 entre el Estado y las CCAA constituye un pacto de Estado modélico, alcanzado mediante un consenso institucional; como tal tiene un extraordinario valor en estos momentos y podría ser una referencia positiva de colaboración y de articulación de competencias autonómicas y estatales. Tras el intento de demoler los servicios sociales locales con los sucesivos recortes y con la Ley 27/2013, recuperar la financiación del Plan Concertado sería algo simbólico del nuevo rumbo de las políticas sociales y de proximidad: Reforzaría la red básica que constituye el primer nivel de atención de las situaciones de pobreza y exclusión, con más de 8 millones de usuarios. Serían las estructuras públicas las garantes de la atención a las personas y familias empobrecidas, con garantías normativas, técnicas y procedimentales, frente a los intentos de retorno a prácticas y estéticas benéficas. Tendría una excelente acogida en los ámbitos profesionales.

Costes: 70 millones de euros anuales

Plazos: 2016

Sobre la reforma constitucional y la Ley Estatal de Servicios Sociales.

Los Servicios Sociales tienen el mismo status e identidad que el resto de Derechos Humanos Fundamentales ya que están establecidos como tales en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.25.1), al igual que la educación, la salud, la seguridad social... y por tanto deben ser igualmente protegidos y garantizados, y también, así mismo, liberados de conflictos de intereses políticos territoriales, que tienden a consolidar la discriminación entre ciudadanos por pertenecer a un determinado territorio.

La Reforma de la Constitución Española ha de asegurar la cohesión humana y social, incorporando los Derechos Sociales y, entre ellos, el derecho a los Servicios Sociales como Derechos Fundamentales de la Ciudadanía Española en la Sección Primera del TITULO I, para alcanzar el mismo tratamiento constitucional que las libertades y garantizar su efectiva aplicación.

Los Servicios Sociales deben ser un Sistema Público de Protección Social basado en derechos subjetivos establecidos de forma universal mediante leyes básicas que garanticen su homogeneidad en todo el territorio español desde una perspectiva de Estado Federal. Por lo que es preciso aprobar una ley Estatal de Servicios Sociales que garantice derechos subjetivos de ciudadanía y que garantice el compromiso del Estado con la cobertura de las necesidades sociales básicas.

Madrid, 16 de febrero de 2016

Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España

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