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PACTO DE GOBIERNO SOBRE POLÍTICA SOCIAL. ALTERNATIVAS A UNA LEY DE RESCATE CIUDADANO.

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CUESTIÓN CONCEPTUAL. Porqué no es conveniente un "rescate"

Responder con un "rescate" a las situaciones de pobreza lleva a confundir a la opinión pública, al sugerir que nos encontramos ante una situación excepcional, en la cual los cientos de miles de familias y personas empobrecidas son sólo los restos de una catástrofe a los que hay que "rescatar".

Ese rescate refuerza uno de los principales engaños de las políticas ultraliberales: que todo se debe a una coyuntura adversa de la economía, que sólo se puede resolver con el crecimiento del PIB, y que este crecimiento por sí solo, poco a poco, hará que toda la sociedad mejore.

Pero las situaciones de pobreza no son los restos de la crisis que poco a poco superaremos y a los que hay que atender mientras tanto, sino que configuran un rasgo estructural del nuevo modelo de sociedad, que forman parte de su ADN como consecuencia de unas políticas que mantienen no solo unos niveles de pobreza que afectan a amplios sectores de la población, sino que consagran las desigualdades y limitan las oportunidades de mejora para la inmensa mayoría de la población.

Por eso no podemos afrontar las situaciones de pobreza y de precariedad con iniciativas de "rescate" sino con cambios en las políticas que las generan y mantienen:

· Un nuevo modelo de desarrollo económico que apueste por I+D+I y en el que la competitividad no se logre exclusivamente mediante la sobreexplotación de trabajadores/as

· Mejorar la protección laboral (salarios, estabilidad, mecanismos de defensa colectivos)

· Medidas que impulsen una fiscalidad con más capacidad recaudatoria y con mayor progresividad.

· Reforzar las políticas sociales y corregir los recortes que se han llevado a cabo.

CUESTION COMPETENCIAL. Porqué no es posible un "rescate" a nivel estatal

Las medidas de protección a las personas y familias más empobrecidas, para garantizar de forma inmediata la cobertura de sus necesidades básicas y para una vida digna, forman parte de políticas cuya competencia corresponde a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales. Por eso cualquier iniciativa "de rescate", si lo que pretende son atenciones urgentes, inmediatas, de protección social básica, no pueden llevarse a cabo desde organismos estatales que ni tienen competencia en esas materias ni estructuras gestoras descentralizadas en el nivel de proximidad necesario para ello.

ALTERNATIVA: Medidas a nivel estatal que pueden corregir a corto plazo situaciones de pobreza y precariedad, y simbolizar el cambio profundo de políticas a este nivel.

· Derogar las disposiciones de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que recortan el nivel competencial de las entidades locales en servicios sociales, y eliminar el plazo de 31 de diciembre de 2015 que establece la Disposición Transitoria Segunda 1, para que las Comunidades asuman los servicios sociales de titularidad local que esa norma considera impropios.

Efectos: Impide la demolición de numerosos servicios sociales de ámbito local, imprescindibles para atender situaciones de pobreza y exclusión. Va en onda de lo acordado por la mayor parte de las Comunidades, incapaces de asumir o financiar al 100% los servicios sociales locales que esa norma considera impropios, para lo cual han aprobado normas incluso con rango de Ley. Mantiene y genera empleo en SAD, Centros de Día, Talleres Ocupacionales y otros programas de apoyo a familias

Costes: No tiene.

Plazos: 2016 Mantiene y genera empleo en SAD, Centros de Día, Talleres Ocupacionales y otros programas de apoyo a familias

· Modificar el código civil para corregir la anomalía jurídica de nuestro país que mantiene la responsabilidad patrimonial universal ilimitada, y aprobar una ley que proteja a los particulares en caso de quiebra por sobreendeudamiento. Dicha protección se debe residenciar en servicios públicos especializados, en combinación con los servicios sociales, que asesoren y tutelen la reestructuración de deudas como medida previa obligatoria al uso de las vías judiciales ordinarias (procedimientos monitorios) o especiales (ejecuciones hipotecarias).

Efectos: Evitaría todas las dificultades actuales para acabar con los desahucios hipotecarios y las deudas que acompañan a personas y familias de por vida / haría innecesarios tantos subterfugios a los que hay que recurrir actualmente con escaso apoyo jurídico para ello, desde administraciones públicas y plataformas ciudadanas / favorecería el emprendimiento.

Costes: No tiene e incluso mejora la posición de los acreedores.

Plazos: 2016-2017

· Aprobar una Ley Estatal de Rentas Mínimas. Tanto PSOE como CIUDADANOS, PODEMOS e IU llevan en sus programas propuestas de una Ley Estatal de Rentas Mínimas.

Podría tomarse como referencia la ILP de CCOO y UGT, ya que evitaría problemas competenciales y permitiría que las CCAA asumieran con la intensidad y capacidad requerida sus Rentas Mínimas dirigidas específicamente a colectivos en situación o riesgo de exclusión.

Efectos: equiparada inicialmente a los subsidios, supondría resolver de manera digna los problemas de pobreza severa en España, y avanzar en la igualdad

Costes: A estudiar (10.000 millones de euros anuales). Necesidad de financiar con reformas fiscales

Plazos: 2016-201

· Reponer los recortes en la financiación estatal de la Dependencia. Derogar la disposición transitoria 11 del R.D. 20/2012 en el que se reduce un 13% el nivel mínimo y reponer el nivel acordado suprimido en las Leyes del Presupuesto General del Estado desde 2012.

Efectos: Permitiría eliminar el "Limbo de la Dependencia" atender a las personas dependientes más / creación de unos 20.000 puestos de trabajo directos / alivio de la situación económica de las CCAA que asumen los costes del Sistema. Posteriormente se impone un pacto de Estado sobre esta cuestión en cuya discusión se replantee el modelo de financiación de los "long term care" en España y con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Costes: 500 millones de euros anuales

Plazos: 2016

· Recuperar la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, hasta el nivel previo a los recortes.

Efectos: Este Plan firmado en 1987 entre el Estado y las CCAA constituye un pacto de Estado modélico, alcanzado mediante un consenso institucional; como tal tiene un extraordinario valor en estos momentos y podría ser una referencia positiva de colaboración y de articulación de competencias autonómicas y estatales. Tras el intento de demoler los servicios sociales locales con los sucesivos recortes y con la Ley 27/2013, recuperar la financiación del Plan Concertado sería algo simbólico del nuevo rumbo de las políticas sociales y de proximidad: Reforzaría la red básica que constituye el primer nivel de atención de las situaciones de pobreza y exclusión, con más de 8 millones de usuarios. Serían las estructuras públicas las garantes de la atención a las personas y familias empobrecidas, con garantías normativas, técnicas y procedimentales, frente a los intentos de retorno a prácticas y estéticas benéficas. Tendría una excelente acogida en los ámbitos profesionales.

Costes: 70 millones de euros anuales

Plazos: 2016

Sobre la reforma constitucional y la Ley Estatal de Servicios Sociales.

Los Servicios Sociales tienen el mismo status e identidad que el resto de Derechos Humanos Fundamentales ya que están establecidos como tales en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.25.1), al igual que la educación, la salud, la seguridad social... y por tanto deben ser igualmente protegidos y garantizados, y también, así mismo, liberados de conflictos de intereses políticos territoriales, que tienden a consolidar la discriminación entre ciudadanos por pertenecer a un determinado territorio.

La Reforma de la Constitución Española ha de asegurar la cohesión humana y social, incorporando los Derechos Sociales y, entre ellos, el derecho a los Servicios Sociales como Derechos Fundamentales de la Ciudadanía Española en la Sección Primera del TITULO I, para alcanzar el mismo tratamiento constitucional que las libertades y garantizar su efectiva aplicación.

Los Servicios Sociales deben ser un Sistema Público de Protección Social basado en derechos subjetivos establecidos de forma universal mediante leyes básicas que garanticen su homogeneidad en todo el territorio español desde una perspectiva de Estado Federal. Por lo que es preciso aprobar una ley Estatal de Servicios Sociales que garantice derechos subjetivos de ciudadanía y que garantice el compromiso del Estado con la cobertura de las necesidades sociales básicas.

Madrid, 16 de febrero de 2016

Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España

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EL MINISTERIO VUELVE A MANIPULAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA DEPENDENCIA

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11 de Febrero de 2016

El Observatorio de la Dependencia solicita a las Comunidades Autónomas y a los Grupos Parlamentarios en el Congreso que eviten este nuevo intento de ocultar información por parte del Ministerio que dirige Alfonso Alonso.

El nuevo sistema no incluye información tan básica como las altas y bajas que se producen, especificando sus motivos, los tiempos de espera para la resolución de las solicitudes, o los datos económicos de financiación del Sistema y del copago. Con ello se oscurece por completo información relevante, impidiendo constatar los efectos de los recortes que se han llevado a cabo en la actual legislatura

Esta nueva estructura y contenidos de la Estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con los datos de gestión que presentará el Ministerio en este mes, se basa en un acuerdo del año 2014 que aprobó la Comisión Delegada, en la que participan las Comunidades Autónomas. Pero los representantes de las Comunidades han cambiado desde mediados del año pasado, y desde entonces el Ministerio no cuenta con mayoría en esta Comisión. Quizás por ello se ha limitado a informar por carta a las Comunidades "para su conocimiento" de cómo serán publicados los datos correspondientes a este mes.

El Consejo Territorial rechazó la Evaluación del Sistema de Atención a la Dependencia en 2014 que presentó el Ministerio, por lo que está pendiente de rectificación y publicación en el BOE. Este rechazo de las Comunidades Autónomas se produjo porque la Evaluación no ofrecía los datos reales de gestión económica (aportación de las CCAA a través de certificado de gasto) o los datos de bajas en el sistema (solo se publican las altas) y otros dudosos datos de alguna Comunidad que en meses posteriores tuvieron que ser rectificados.

En la nueva propuesta, que no ha sido ratificada por los nuevos representantes autonómicos, se presenta prácticamente la misma información que ya fue rechazada por todas estas limitaciones, con nuevos gráficos y de forma absolutamente sesgada y tendenciosa para presentar una interpretación positiva del balance del Sistema.

Una vez más, el Observatorio de la Dependencia reclama que se haga efectiva la transparencia a la que todos los grupos políticos aluden en sus discursos, pero que brilla por su ausencia en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que se ponga en marcha un Sistema de Información de la Dependencia que permita conocer sus principales parámetros y que ofrezca información de alcance público, fiable y actualizado. Sería deseable que estos datos fueran elaborados con el concurso del INE y del CSIC.

El Observatorio ha solicitado además a las Comunidades Autónomas y a los grupos parlamentarios que pregunten al Ministerio cómo se ha seleccionado y cuanto ha costado la empresa a la que se ha encargado el nuevo Sistema de Información de la Dependencia.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

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