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El recorte acumulado en el gasto autonómico

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74.152 MILLONES DE EUROS ES EL RECORTE ACUMULADO EN EL GASTO AUTONÓMICO EN POLÍTICAS SOCIALES EN LOS AÑOS DE CRISIS. EN ESTE MISMO PERIODO EL INCREMENTO DE GASTO AUTONÓMICO EN DEUDA HA SUPUESTO UN COSTE ADICIONAL DE 86.453,6 MILLONES.

EL GASTO AUTONÓMICO CONJUNTO EN SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES HA PASADO DE 116.851,7 MILLONES DE EUROS EN 2009 A 99.874,8 EN 2015 (-14,5%)

Castilla-La Mancha y Cataluña, con recortes superiores al 26%, son las Comunidades que más han recortado su gasto social en los años de crisis (2009 a 2015)
Menores ingresos y un incremento exponencial de la deuda -que ya supone el promedio del 17% del presupuesto- limitan la capacidad del gasto social de las CCAA

Las Comunidades Autónomas dedican 16.976,9 millones de euros menos a políticas sociales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) en 2015, que en 2009, una reducción del 14,5%. El gasto por habitante y año ha pasado de 2.535,4 € en 2009 a 2.158,9 en 2015. El recorte acumulado en estos 7 años de crisis económica, cuando más necesarias son las políticas sociales, asciende a 74.152 millones de euros.

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EL GASTO SOCIAL POR COMUNIDADES
Sanidad, Educación y Servicios Sociales

Reducción del gasto en políticas sociales (2009 / 2015)
(de mayor a menor recorte)

 Todas las CC.AA. Han recortado su gasto en políticas sociales en 2015 en relación con 2009, siendo las que más han recortado (por encima del 26%), Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón; también Galicia ha recortado por encima de la media estatal. En el otro extremo, las Comunidades que menos han recortado su gasto social (por debajo del 5%) son País Vasco, Cantabria y Baleares

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EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

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GASTO AUTONÓMICO EN POLÍTICAS SOCIALES (SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL), DEUDA PÚBLICA Y RESTO DE POLÍTICAS.
(Se extrae el gasto depurado IFL y PAC y se relaciona con la población de la Comunidad Autónoma a 1 de enero de ese año)

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Propuestas sobre “La Estrategia de Atención Sociosanitaria”

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Paralizado el engaño ministerial de lo “sociosanitario” habiendo recortado en 15.000 M€ la Sanidad y en 5.000 M€ los Servicios Sociales y Sistema de la Dependencia.
La coordinación y la atención sociosanitaria afectan a la vida de cientos de miles de personas que necesitan servicios sanitarios y sociales, porque confluyen en ellas la enfermedad -o sus secuelas- junto a dificultades en la autonomía personal, la convivencia, la inclusión o la participación social.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha sufrido el rechazo en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales a su propuesta, que no había sido consensuada con las CCAA, en la que había utilizado un lenguaje confuso y que había sufrido un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios (de -15.000 M€) y sociales (de -5.000 M€), cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc….

En este contexto, el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria:
- Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales.
- La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica,
- La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria
- Los sistemas públicos de Servicios Sociales y de Salud son responsables de la financiación, la organización y la calidad de sus prestaciones.
- La garantía de continuidad de atención, que las personas deben recibir como un todo integrado.

Hay miles de profesionales, que cada día trabajan para mejorar la atención social y sanitaria de las personas más frágiles y para mejorar su calidad de vida. Hay cientos de miles de personas, y familias, que tienen capacidad para el autocuidado y para participar activamente en los planes para limitar su sufrimiento y para aumentar su calidad de vida. Todavía falta una sólida política, estatal y autonómica, de coordinación y atención sociosanitaria que les aliente y apoye.

GASTO PÚBLICO EN ÁMBITO AUTONÓMICO EN SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

gasto publico

Elaboración Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales . Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA

evolucion

ADYGSS. Fuente: Datos de presupuesto liquidado de los PGE, de las CCAA y de las EELL años 2010 a 2013. Se computa la política de gasto 23 (servicios sociales y promoción social) de todas las administraciones.

 

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