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La Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las Comunidades Autónomas.

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11 de septiembre de 2017

 En 2016 el Gobierno central reduce, aún más, su escaso porcentaje de financiación del Sistema (en 2015 este porcentaje ascendió al 18%)

Con un incremento anual del gasto público de tan solo el 1,7% se consiguió incrementar el número de atendidos en un 8,7%. Lo que confirma la implantación del low cost en el sistema.

Las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013, remitidas al Observatorio, (todas a excepción de País Vasco) arrojan una inversión pública total certificada de 6.911 millones de euros. De toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio para esos Territorios fue de 1.201 millones, es decir, el 17,4% del total, mientras que las CC.AA., con 5.710 millones de euros, aportan el 82,6% restante.

El gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2016 ascendió a 8.349 € anuales, de los cuales, según los antedichos porcentajes, 6.896 fueron aportados por las CC.AA., y solo 1.453 €, por el Gobierno central.

Estos datos, que se basan todos ellos en fuentes oficiales certificadas por la intervención de cada Comunidad, confirman lo que veníamos denunciando:

  • Que la mejora de los datos sobre el incremento de personas atendidas y reducción de la lista de espera (Limbo de la Dependencia), se está produciendo como consecuencia del incremento de servicios de bajo coste, dirigidos a Dependientes Moderados (Grado I), abandonando a los más graves y que requieren atención con mayor urgencia, los Dependientes Severos (Grado II) y Grandes Dependientes (Grado III)
  • Por otro, el sistemático y doloso incumplimiento de una Ley, en un momento crucial de su desarrollo, donde más de 300.000 personas en situación de dependencia reconocida se encuentra en lista de espera, y que cada día fallecen 100 personas, como media, sin recibir las prestaciones o servicios a los que tienen derecho reconocido. El Gobierno de España sigue abandonando a su suerte a todas estas personas y a sus familiares, y mostrando una escandalosa deslealtad con las Comunidades Autónomas, a las que está enfrentando a una situación de asfixia económica, ya que el porcentaje de financiación sigue siendo muy inferior al 50% que establece la propia Ley.

Por territorios, dos Comunidades destacan por el incremento del gasto público en 2016 respecto a 2015, con porcentajes superiores al 10%: la Comunidad Valenciana (14,6%) y Canarias (11,1%), lo que, a buen seguro, permitirá a ambas Comunidades superar el histórico retraso que ambas venían acumulando en el desarrollo del Sistema.

Por su parte, solo tres Comunidades ha reducido el gasto con respecto al año anterior: Comunidad de Madrid (-1,2%), Cataluña (-12,6%) y La Rioja (-16,4%)

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.   E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Gasto certificado CC.AA.

Ingresos certificados procedentes AGE

TOTAL gasto

% CCAA

% AGE

Andalucía

 933.627.062,31 €

 232.933.455,69 €

 1.166.560.518,00 €

80,0%

20,0%

Aragón

 168.833.904,14 €

 31.099.356,29 €

 199.933.260,43 €

84,4%

15,6%

Asturias

 149.560.127,52 €

 24.959.095,18 €

 174.519.222,70 €

85,7%

14,3%

Baleares

 58.001.717,34 €

 21.582.730,55 €

 79.584.447,89 €

72,9%

27,1%

Canarias*

 108.798.713,63 €

 26.849.750,43 €

 135.648.464,06 €

80,2%

19,8%

Cantabria

 85.089.528,61 €

 16.473.785,93 €

 101.563.314,54 €

83,8%

16,2%

Castilla y León

 429.732.264,83 €

 104.716.005,17 €

 534.448.270,00 €

80,4%

19,6%

C-La Mancha

 308.884.561,10 €

 57.131.802,90 €

 366.016.364,00 €

84,4%

15,6%

Cataluña*

 892.038.000,00 €

 181.330.000,00 €

 1.073.368.000,00 €

83,1%

16,9%

Valencia

 539.737.058,79 €

 80.164.971,56 €

 619.902.030,35 €

87,1%

12,9%

Extremadura

 259.543.899,08 €

 32.525.474,91 €

 292.069.373,99 €

88,9%

11,1%

Galicia

 243.515.729,52 €

 85.992.635,20 €

 329.508.364,72 €

73,9%

26,1%

Madrid

 830.568.134,68 €

 171.247.170,67 €

 1.001.815.305,35 €

82,9%

17,1%

Murcia

 146.075.649,16 €

 47.120.681,02 €

 193.196.330,18 €

75,6%

24,4%

Navarra

 93.725.877,92 €

 11.626.335,00 €

 105.352.212,92 €

89,0%

11,0%

País Vasco**

 413.851.353,86 €

 66.237.827,25 €

 480.089.181,11 €

86,2%

13,8%

Rioja (La)

 48.362.108,09 €

 9.108.749,62 €

 57.470.857,71 €

84,2%

15,8%

TOTAL

 5.709.945.690,58 €

 1.201.099.827,37 €

 6.911.045.517,95 €

82,6%

17,4%

Gasto estimado***

Observatorio 2016

5.927.154.522,99 €

1.198.934.342,64 €

 7.126.088.865,63 €

83,2%

16,8%

*No aporta certificado pero aporta información    **No aporta información ni certificado  ***Estimado Observatorio Dictamen 2016

dist gasto publico

incremento gasto publico

promedio gasto

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Aumenta la desatención de los Dependientes más vulnerables (Grandes Dependientes y Dependientes Severos)

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7 de septiembre de 2017

Mientras las Administraciones alardean de que se está reduciendo la lista de espera en el Sistema de Atención a la Dependencia, esta reducción no afecta a los dependientes más vulnerables, por primera vez desde hace años, en el último mes se incrementó en 1.481 la lista de espera en las personas más vulnerables que debe atender el Sistema de la Dependencia. Actualmente, más de una tercera parte de las personas desatendidas (38%), son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 120.925 personas.

Además de lo injusto de esta situación, que deja abandonadas a las personas con mayores y más urgentes necesidades de atención, existen importantes repercusiones en clave de financiación, ya que el actual Nivel Mínimo (recortado en 2012) hace que una Comunidad Autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 €/mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 €/mes y 177,86 €/mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente. Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente, su atención resulte más costosa a las arcas autonómicas. La razón del estancamiento en la reducción de la lista de espera para estos Grados bien podría estar que la incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a los Grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste.

La consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones, es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia. Cada día fallecen 100 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.

Los datos oficiales contenidos en los últimos informes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos. Extrapolando estos datos, se puede estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en lo que va de año, asciende a 21.000 con la pésima proyección de convertirse en más de 34.000 al final del presente ejercicio.

Mientras tanto seguimos sin acuerdos de la Comisión de análisis de SAAD derivada de la Conferencia de Presidentes y del grupo de expertos sobre financiación autonómica.

Es necesario que se adopte alguna decisión sobre el futuro del sistema en clave de financiación y, hasta entonces, abordar las URGENTES necesidades financieras para la atención plena (cobertura total ya demorada dos años con más de 300.000 personas en espera) por la vía del incremento sustancial de las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado. Ese nivel mínimo de financiación del Estado en el que descansa la “garantía del derecho subjetivo”, y que debería velar por el ejercicio de los derechos de las personas en situación de dependencia, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

evol personas desatendidas

 

 

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