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Nuevo Decreto del Gobierno sobre Dependencia

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El nuevo Decreto del Gobierno sobre Dependencia plantea un incremento de la financiación estatal del sistema que apenas será suficiente para garantizar la ejecución del presupuesto 2017.

El incremento apenas supone el equivalente a reducir la lista de espera en un 4%, abandonando a los 300.000 dependientes en el “limbo de la dependencia”.

El proyecto de Real Decreto sobre el Nivel Mínimo de financiación, sometido a exposición pública por el Gobierno, recoge las nuevas cuantías mensuales que abonará la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas por cada persona dependiente atendida en función de su grado. Determina un aumento de la cuantía media en nivel mínimo de 10,4 euros mensuales por persona en situación de dependencia que recibe una prestación o servicio (17,66 euros al mes para Grandes Dependientes, 2,87 para dependientes Severos, 10,78 para dependientes moderados)

Si bien estas cuantías se incrementan para todos los grados y su aplicación tendrá efectos desde el 1 enero de 2017, de todas las fórmulas de financiación del sistema recogidas en la Ley 39/2006 el Nivel Mínimo es la única vía que subsiste como financiación del Estado a las Comunidades Autónomas y estas cuantías ya fueron ampliamente recortadas en 2012 junto con la supresión de la vía del Nivel Acordado de financiación.

El propio Gobierno ha reconocido en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia supuso cuantiosos “ahorros” a las arcas públicas que actualmente podemos cifrar en más de 4.000 millones de euros acumulados. La Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las CC.AA.

El incremento que ahora se propone está muy lejos de recuperar la ya escasa financiación de 2012 y no supondrá en su totalidad más que un incremento estimado de gasto estatal de un 8,9% (un importe estimado cercano a los 100 millones de euros).

Este Observatorio ya alertó a la opinión pública -muy especialmente al grupo parlamentario de Ciudadanos- de que el incremento presupuestario para Dependencia pactado en los PGE de 2017 sería papel mojado si no se incrementaban las cuantías del Nivel Mínimo.

Pues bien, la situación de colapso actual es tal que si no se hiciera esta operación de incremento del Nivel Mínimo se correría serio riesgo de no ejecutar el total presupuestado, lo que hubiera resultado inexplicable para el Ministerio existiendo más de 300.000 personas en espera de atención y cuando un centenar de personas fallece diariamente sin haber podido ejercer su derecho a percibir servicios o prestaciones.

El incremento de atendidos y la consiguiente reducción de la lista de espera se hace muy lentamente y a costa de atender a los dependientes con Grado I mientras que los de Grados III y II (con mayores necesidades de apoyo) están estancados desde hace dos años.

Aunque se cacarea sistemáticamente el mantra de la “recuperación económica” y aunque la situación del SAAD haya sido analizada por el Gobierno y las Comunidades Autónomas con el diagnóstico de la mala financiación, seguimos en el sinsentido que no se esté pensando en recuperar –al menos- los niveles de financiación que fueron triste y cruelmente recortados en 2012.

Celebramos este incremento mínimo de la financiación por lo que supone de reconocimiento de la AGE de que el sistema está infradotado en el nivel que es de su responsabilidad, pero cuando las “migajas” de subida coinciden exactamente con lo mínimo imprescindible para cumplir con la ejecución presupuestaria, sin que haya al menos un CALENDARIO DE COMPROMISOS DE SUPRESIÓN DE LOS RECORTES, nos tememos que el sistema no remontará y que todo seguirá paralizado tal y como muestran los datos de gestión anuales: avance de las prestaciones low cost y decenas de miles de dependientes con grados III y II esperando más allá de lo que pueden tanto ellos como sus familiares.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  

financiacion nivel minimo

* Las cuantías previas a los recortes del año 2012 se han calculado incorporando el Nivel Acordado suprimido al Nivel Mínimo.

La Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las Comunidades Autónomas.

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11 de septiembre de 2017

 En 2016 el Gobierno central reduce, aún más, su escaso porcentaje de financiación del Sistema (en 2015 este porcentaje ascendió al 18%)

Con un incremento anual del gasto público de tan solo el 1,7% se consiguió incrementar el número de atendidos en un 8,7%. Lo que confirma la implantación del low cost en el sistema.

Las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013, remitidas al Observatorio, (todas a excepción de País Vasco) arrojan una inversión pública total certificada de 6.911 millones de euros. De toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio para esos Territorios fue de 1.201 millones, es decir, el 17,4% del total, mientras que las CC.AA., con 5.710 millones de euros, aportan el 82,6% restante.

El gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2016 ascendió a 8.349 € anuales, de los cuales, según los antedichos porcentajes, 6.896 fueron aportados por las CC.AA., y solo 1.453 €, por el Gobierno central.

Estos datos, que se basan todos ellos en fuentes oficiales certificadas por la intervención de cada Comunidad, confirman lo que veníamos denunciando:

  • Que la mejora de los datos sobre el incremento de personas atendidas y reducción de la lista de espera (Limbo de la Dependencia), se está produciendo como consecuencia del incremento de servicios de bajo coste, dirigidos a Dependientes Moderados (Grado I), abandonando a los más graves y que requieren atención con mayor urgencia, los Dependientes Severos (Grado II) y Grandes Dependientes (Grado III)
  • Por otro, el sistemático y doloso incumplimiento de una Ley, en un momento crucial de su desarrollo, donde más de 300.000 personas en situación de dependencia reconocida se encuentra en lista de espera, y que cada día fallecen 100 personas, como media, sin recibir las prestaciones o servicios a los que tienen derecho reconocido. El Gobierno de España sigue abandonando a su suerte a todas estas personas y a sus familiares, y mostrando una escandalosa deslealtad con las Comunidades Autónomas, a las que está enfrentando a una situación de asfixia económica, ya que el porcentaje de financiación sigue siendo muy inferior al 50% que establece la propia Ley.

Por territorios, dos Comunidades destacan por el incremento del gasto público en 2016 respecto a 2015, con porcentajes superiores al 10%: la Comunidad Valenciana (14,6%) y Canarias (11,1%), lo que, a buen seguro, permitirá a ambas Comunidades superar el histórico retraso que ambas venían acumulando en el desarrollo del Sistema.

Por su parte, solo tres Comunidades ha reducido el gasto con respecto al año anterior: Comunidad de Madrid (-1,2%), Cataluña (-12,6%) y La Rioja (-16,4%)

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.   E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Gasto certificado CC.AA.

Ingresos certificados procedentes AGE

TOTAL gasto

% CCAA

% AGE

Andalucía

 933.627.062,31 €

 232.933.455,69 €

 1.166.560.518,00 €

80,0%

20,0%

Aragón

 168.833.904,14 €

 31.099.356,29 €

 199.933.260,43 €

84,4%

15,6%

Asturias

 149.560.127,52 €

 24.959.095,18 €

 174.519.222,70 €

85,7%

14,3%

Baleares

 58.001.717,34 €

 21.582.730,55 €

 79.584.447,89 €

72,9%

27,1%

Canarias*

 108.798.713,63 €

 26.849.750,43 €

 135.648.464,06 €

80,2%

19,8%

Cantabria

 85.089.528,61 €

 16.473.785,93 €

 101.563.314,54 €

83,8%

16,2%

Castilla y León

 429.732.264,83 €

 104.716.005,17 €

 534.448.270,00 €

80,4%

19,6%

C-La Mancha

 308.884.561,10 €

 57.131.802,90 €

 366.016.364,00 €

84,4%

15,6%

Cataluña*

 892.038.000,00 €

 181.330.000,00 €

 1.073.368.000,00 €

83,1%

16,9%

Valencia

 539.737.058,79 €

 80.164.971,56 €

 619.902.030,35 €

87,1%

12,9%

Extremadura

 259.543.899,08 €

 32.525.474,91 €

 292.069.373,99 €

88,9%

11,1%

Galicia

 243.515.729,52 €

 85.992.635,20 €

 329.508.364,72 €

73,9%

26,1%

Madrid

 830.568.134,68 €

 171.247.170,67 €

 1.001.815.305,35 €

82,9%

17,1%

Murcia

 146.075.649,16 €

 47.120.681,02 €

 193.196.330,18 €

75,6%

24,4%

Navarra

 93.725.877,92 €

 11.626.335,00 €

 105.352.212,92 €

89,0%

11,0%

País Vasco**

 413.851.353,86 €

 66.237.827,25 €

 480.089.181,11 €

86,2%

13,8%

Rioja (La)

 48.362.108,09 €

 9.108.749,62 €

 57.470.857,71 €

84,2%

15,8%

TOTAL

 5.709.945.690,58 €

 1.201.099.827,37 €

 6.911.045.517,95 €

82,6%

17,4%

Gasto estimado***

Observatorio 2016

5.927.154.522,99 €

1.198.934.342,64 €

 7.126.088.865,63 €

83,2%

16,8%

*No aporta certificado pero aporta información    **No aporta información ni certificado  ***Estimado Observatorio Dictamen 2016

dist gasto publico

incremento gasto publico

promedio gasto

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