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OPOSICIÓN AL ACUERDO DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS

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18 de enero de 2017

 TARJETA SOCIAL: UN RETORNO AL PADRÓN DE BENEFICENCIA

 

La Conferencia de Presidentes Autonómicos ha aprobado crear una “Tarjeta Social” que pretende ser la “una llave de acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones sociales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las CCAA, las Corporaciones locales e incluso ONGs.” Como profesionales de los servicios sociales manifestamos nuestro rotundo rechazo a esta iniciativa por los siguientes motivos:

·         Es un gasto inútil: la Tarjeta Social no aportaría ninguna mejora efectiva en el control de las prestaciones y ayudas que perciben las personas desempleadas o las familias más vulnerables, ya que esa información se puede obtener actualmente “en tiempo real” con las bases de datos existentes vinculadas al DNI o al NIE. En el caso de prestaciones que gestionan las CCAA y las entidades locales, estando todas vinculadas al empadronamiento resulta difícil su duplicidad, por lo que tampoco añade utilidad para “coordinar programas de las distintas Administraciones Públicas”.

·        

Certificado de Pobreza. Padrón de Beneficencia. 1980

Estigmatiza a las personas necesitadas: Sin utilidad real, la Tarjeta Social solo acreditará que su titular pertenece a un “Club de Pobres”. Una vieja aspiración de los sectores más reaccionarios de la sociedad, siempre empeñados en censar y controlar a “los pobres”, y un paso más en el desmontaje de una de las señas de identidad del Estado del Bienestar, su carácter universal, de ciudadanía, estableciendo un nuevo “padrón de beneficencia”, que acredite que “se es pobre” para poder recibir prestaciones sociales. Una vuelta a un pasado no muy lejano, que se prolongó incluso en los primeros años de la etapa democrática en España, donde se nos seguía declarando “oficialmente pobres”.

Consideramos que lo que realmente se pretende con la Tarjeta Social no es otra que lo que dice el propio Acuerdo de la Conferencia, cuando se dice que “permitirá a su vez detectar duplicidades garantizando la transparencia y la complementariedad de las prestaciones potenciando su eficacia”, en definitiva, controlar supuestos fraudes y abusos de los/as perceptores/as de las prestaciones por desempleo y de las diferentes ayudas sociales.

Resulta inadmisible extender la sospecha de fraude generalizado en el cobro de prestaciones, a lo que siempre han recurrido los sectores más reaccionarios de la sociedad para justificar su rechazo a las políticas sociales. No hace mucho que un Consejero autonómico califica de “minibárcenas” a los perceptores de prestaciones de la dependencia. Si los sectores más privilegiados de la sociedad tuvieran una pequeña parte de los controles que se establecen para quienes perciben ayudas sociales, nos habríamos ahorrado los/as contribuyentes centenares o miles de millones de euros. El abuso generalizado en el cobro de prestaciones sociales es absolutamente falso, por las exigencias que se establecen y por los exhaustivos controles que existen.

A nadie se le ocurre proponer una “Tarjeta patrimonial” “que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las subvenciones, ayudas y exenciones fiscales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las CCAA, las Corporaciones locales e incluso empresas públicas (…) y detectar duplicidades garantizando la transparencia y la complementariedad de las prestaciones” y beneficios que reciben las personas más adineradas. Se calificaría de persecución a los ricos y atentado a su intimidad. Pero si se trata de personas pobres, desempleados de larga duración o familias vulnerables, parece que, como en la antigua beneficencia, la intimidad e incluso la dignidad se pueden vulnerar, para que no abusen de las menguadas prestaciones que reciben.

 

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.  E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

 

NOTA DE PRENSA

 

18 de enero de 2017

 

 

OPOSICIÓN AL ACUERDO DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS

 

TARJETA SOCIAL: UN RETORNO AL PADRÓN DE BENEFICENCIA

 

La Conferencia de Presidentes Autonómicos ha aprobado crear una “Tarjeta Social” que pretende ser la “una llave de acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones sociales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las CCAA, las Corporaciones locales e incluso ONGs.” Como profesionales de los servicios sociales manifestamos nuestro rotundo rechazo a esta iniciativa por los siguientes motivos:

·         Es un gasto inútil: la Tarjeta Social no aportaría ninguna mejora efectiva en el control de las prestaciones y ayudas que perciben las personas desempleadas o las familias más vulnerables, ya que esa información se puede obtener actualmente “en tiempo real” con las bases de datos existentes vinculadas al DNI o al NIE. En el caso de prestaciones que gestionan las CCAA y las entidades locales, estando todas vinculadas al empadronamiento resulta difícil su duplicidad, por lo que tampoco añade utilidad para “coordinar programas de las distintas Administraciones Públicas”.

·        

Certificado de Pobreza. Padrón de Beneficencia. 1980

Estigmatiza a las personas necesitadas: Sin utilidad real, la Tarjeta Social solo acreditará que su titular pertenece a un “Club de Pobres”. Una vieja aspiración de los sectores más reaccionarios de la sociedad, siempre empeñados en censar y controlar a “los pobres”, y un paso más en el desmontaje de una de las señas de identidad del Estado del Bienestar, su carácter universal, de ciudadanía, estableciendo un nuevo “padrón de beneficencia”, que acredite que “se es pobre” para poder recibir prestaciones sociales. Una vuelta a un pasado no muy lejano, que se prolongó incluso en los primeros años de la etapa democrática en España, donde se nos seguía declarando “oficialmente pobres”.

Consideramos que lo que realmente se pretende con la Tarjeta Social no es otra que lo que dice el propio Acuerdo de la Conferencia, cuando se dice que “permitirá a su vez detectar duplicidades garantizando la transparencia y la complementariedad de las prestaciones potenciando su eficacia”, en definitiva, controlar supuestos fraudes y abusos de los/as perceptores/as de las prestaciones por desempleo y de las diferentes ayudas sociales.

Resulta inadmisible extender la sospecha de fraude generalizado en el cobro de prestaciones, a lo que siempre han recurrido los sectores más reaccionarios de la sociedad para justificar su rechazo a las políticas sociales. No hace mucho que un Consejero autonómico califica de “minibárcenas” a los perceptores de prestaciones de la dependencia. Si los sectores más privilegiados de la sociedad tuvieran una pequeña parte de los controles que se establecen para quienes perciben ayudas sociales, nos habríamos ahorrado los/as contribuyentes centenares o miles de millones de euros. El abuso generalizado en el cobro de prestaciones sociales es absolutamente falso, por las exigencias que se establecen y por los exhaustivos controles que existen.

A nadie se le ocurre proponer una “Tarjeta patrimonial” “que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las subvenciones, ayudas y exenciones fiscales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las CCAA, las Corporaciones locales e incluso empresas públicas (…) y detectar duplicidades garantizando la transparencia y la complementariedad de las prestaciones” y beneficios que reciben las personas más adineradas. Se calificaría de persecución a los ricos y atentado a su intimidad. Pero si se trata de personas pobres, desempleados de larga duración o familias vulnerables, parece que, como en la antigua beneficencia, la intimidad e incluso la dignidad se pueden vulnerar, para que no abusen de las menguadas prestaciones que reciben.

 

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.  E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS

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Recuperar lo recortado supondría un incremento de 500 millones en la financiación autonómica por parte del Ministerio

El nuevo Sistema de financiación que se propone negociar, debería acercar la financiación finalista estatal al 50% que establece la Ley, frente al 18% que financia actualmente.

En la agenda de la Conferencia de Presidentes Autonómicos figura como uno de los temas relevantes la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. En este sentido cabe recordar que recientemente, con motivo del 10º aniversario de la Ley, todos los grupos políticos con representación en el Parlamento (salvo PP y PNV) firmaron un acuerdo de mínimos que, en relación con este asunto planteaba lo siguiente:

· Recuperación inmediata de lo recortado en los decretos de 2012

· Negociación de un nuevo sistema de financiación que garantice la estabilidad y suficiencia, y en el que la Administración General del Estado asuma el 50% del coste real del Sistema, tal y como la Ley establece.

Respecto a los recortes hay que recordar que la supresión del Nivel Acordado (283,2 M€/año) y la minoración del Nivel Mínimo (217,8 M€ estimados en 2016) han supuesto para los Gobiernos Autonómicos un quebranto para las arcas autonómicas cercano a los 500 millones de euros solo en 2016.

Ese recorte de la financiación estatal es el equivalente a atender a unas 72.000 personas más (recordemos que hay actualmente 350.000 que están desatendidas -Limbo de la Dependencia-), se habrían generado unos 20.000 nuevos empleos netos en el conjunto del territorio y se habrían obtenido unos retornos directos a las arcas públicas de más del 40% de la inversión (200 Millones) con la actual distribución se servicios profesionales y prestaciones económicas.

En los nuevos PGE se deberán consignar: la recuperación del Nivel Acordado (al menos en la cuantía de 2012, es decir 283,2 millones de euros) y una cuantía suficiente en aplicación de la modificación de las cuantías a abonar por el Nivel Mínimo por grado de dependencia:

Grados

Cuantía actual(RD-ley 13/2012)

Cuantía recuperada(estimada)

GRADO III

177,86 €

205,00 €

GRADO II

82,84 €

95,48 €

GRADO I

44,43 €

60,00 €

Respecto al modelo de financiación del Sistema, con datos oficiales, la Administración General del Estado ya aportó en 2015 sólo el 18,1 % del gasto público frente al 81,9% soportado por las CC.AA.

La financiación de esta política debe pactarse considerando la necesaria suficiencia que corrija la alarmante y paulatina retirada de la Administración General del Estado respecto al mínimo garantizado por el Estado para la atención a las personas dependientes sin olvidar que esta Ley se amparó en el art. 149.1.1ª de la Constitución Española y que los desequilibrios territoriales actuales resultan inadmisibles.

El artificio contable de considerar una parte de los fondos adicionales de la actual LOFCA como vinculados a la dependencia, convirtiendo un mero criterio de reparto en un argumento de suficiencia financiera por parte de la AGE que resulta insostenible, demuestra la necesidad de que el nuevo modelo tenga, en todo caso, un carácter finalista (condicionado). Esta es la única forma de asegurar la aplicación real de los fondos destinados a esta política.

LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN CLAVE DE OPORTUNIDAD:

Cumplir la Ley y atender a las 350.000 personas que actualmente tienen reconocido el derecho y están pendientes de recibir prestaciones o servicios que les corresponden, tendría un coste público anual total de 5.100 millones de euros (con una inversión de 8.500 millones de euros, se obtendrían retornos en el mismo ejercicio de 3.400 millones de euros), generando más de 100.000 nuevos empleos netos en el conjunto del territorio. ¿Puede existir un mejor y más económico plan de empleo en la actual situación?

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales confiamos en que, de una vez por todas, el Gobierno atienda el clamor de la sociedad, refrendado en el Congreso de los Diputados, y sea leal con las Comunidades Autónomas, asumiendo sus responsabilidades en la financiación de un Sistema de Atención a la Dependencia que afecta a 1,2 millones de personas.

Existen muchas posibilidades de mejorar la calidad del sistema, pero solo partiendo de unos mínimos de suficiencia financiera será posible flexibilizar y personalizar las magras atenciones que actualmente se prestan a las personas en situación de dependencia.

Se adjunta:

· Gasto público autonómico en atención a la dependencia

· Incremento de la financiación estatal por CCAA que supondría la financiación al 50% por parte de la AGE de los costes del Sistema

· Documento de compromisos mínimos firmado por los Grupos Políticos con representación parlamentaria

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

 

 

Certificados de gasto en Dependencia que las Comunidades Autónomas remiten al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, en los que se puede verificar el gasto público autonómico en atención a la dependencia (2015) junto a los ingresos que reciben del Estado para tal fin.

 

Gasto certificado CC.AA.

Ingresos certificados procedentes AGE

TOTAL

% CCAA

% AGE

Andalucía

890.692.353,76 €

241.627.717,24 €

1.132.320.071,00 €

78,7%

21,3%

Aragón

157.311.848,11 €

31.285.166,31 €

188.597.014,42 €

83,4%

16,6%

Asturias

138.597.519,63 €

22.900.601,76 €

161.498.121,39 €

85,8%

14,2%

Baleares

   61.622.692,60 €

16.113.771,40 €

77.736.464,00 €

79,3%

20,7%

Canarias

94.768.169,81 €

 27.349.802,11 €

122.117.971,92 €

77,6%

22,4%

Cantabria

83.465.843,42 €

 18.052.324,82 €

101.518.168,24 €

82,2%

17,8%

Castilla y León

403.004.137,90 €

95.083.629,10 €

498.087.767,00 €

80,9%

19,1%

C-La Mancha

283.365.136,91 €

57.712.049,71 €

341.077.186,62 €

83,1%

16,9%

Cataluña

1.004.040.000,00 €

223.880.000,00 €

1.227.920.000,00 €

81,8%

18,2%

C.Valenciana

474.599.786,96 €

66.447.649,76 €

541.047.436,72 €

87,7%

12,3%

Extremadura

250.909.765,78 €

35.442.740,02 €

286.352.505,80 €

87,6%

12,4%

Galicia

237.591.197,36 €

73.086.225,94 €

310.677.423,30 €

76,5%

23,5%

Madrid

853.048.875,16 €

160.653.528,44 €

1.013.702.403,60 €

84,2%

15,8%

Murcia

133.382.024,11 €

50.980.136,60 €

184.362.160,71 €

72,3%

27,7%

Rioja (La)

59.567.630,98 €

  9.139.507,61 €

68.707.138,59 €

86,7%

13,3%

Navarra*

-   €

             -   €

           -   €

   

País Vasco*

-   €

               -   €

             -   €

   

Ceuta y Melilla**

-   €

            -   €

             -   €

   

TOTAL

5.125.966.982,49€

1.129.754.850,82€

6.255.721.833,31€

81,9%

18,1%

Gasto estimado***

Observatorio 2015

5.340.470.301,31 €

1.129.754.850,82 €

6.470.225.152,13 €

82,5%

17,5%

*No aporta certificado                  **Territorios competencia directa IMSERSO                ***Estimado para mismas CCAA por el Observatorio

 

 

Incremento de la financiación estatal por CCAA que supondría la financiación al 50% por parte de la AGE de los costes del Sistema

 

TOTAL

Andalucía

649.064.635,5 €

Aragón

126.026.681,8 €

Asturias

115.696.917,9 €

Baleares

45.508.921,2 €

Canarias

78.654.398,2 €

Cantabria

65.413.518,6 €

Castilla y León

307.920.508,8 €

C-La Mancha

225.653.087,2 €

Cataluña

780.160.000 €

C.Valenciana

408.152.137,2 €

Extremadura

215.467.025,8 €

Galicia

164.504.971,5 €

Madrid

692.395.346,8 €

Murcia

82.401.887,5 €

Rioja (La)

50.428.123,4 €

Navarra*

           -   €

País Vasco*

             -   €

Ceuta y Melilla**

             -   €

TOTAL

4.007.448.161,4 €

   

*No aporta certificado                  **Territorios competencia directa IMSERSO     

 

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