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Una de cada tres personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio.

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La lista de espera se mantiene en 381.508 y al ritmo actual se tardarían más de cuatro años en cumplir con los derechos de las personas dependientes.
Sin embargo, en el último año se ha incrementado el número de personas atendidas en casi 89.000
Sigue siendo muy preocupante el incremento de las diferencias territoriales.
La atención a la dependencia en España sufrió un claro y doloroso estancamiento desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015, momento en el que se incorporaron las personas con dependencia moderada (Grado I) al Sistema. Desde entonces -es decir, durante el último año- se ha incrementado en un 12% el número de personas atendidas, superando por fin el estancamiento.

No obstante, sigue existiendo un flagrante incumplimiento respecto a cientos de miles de personas, ya que actualmente (con datos oficiales de 30 de junio) hay 1.207.870 personas dependientes, de las que están siendo atendidas el 68,4% (826.362), mientras que el 31,6% (381.508) está en "lista de espera".

Valoramos positivamente el incremento de personas atendidas en el último año, debido sin duda a diferentes factores, siendo el fundamental el revulsivo de la incorporación de los dependientes moderados. Muchos de esos dependientes moderados ya venían siendo atendidos por los servicios sociales locales y autonómicos, con lo que se intuye que en muchos casos su incorporación de facto al sistema se debe a más a mecanismos de gestión que a un cambio real de su situación o de los servicios que reciben.

A pesar de esa mejora en las cifras globales de gestión del último año, con el actual ritmo de nuevas incorporaciones de atendidos, deberían transcurrir más de cuatro años para acabar con la lista de espera. Asistimos además a unas diferencias interterritoriales cada vez más extremas en el ejercicio de los derechos y el modelo de financiación –recortado y tramposo- imposibilita la mejora.

Cabe recordar que el recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a más de 3.000 millones de euros por la supresión del nivel acordado, la reducción del 15% del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. El quebranto para las Comunidades Autónomas en su financiación las coloca en una encrucijada de muy difícil salida cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes.

La única opción razonable es incorporar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tras un debate realista y responsable, un acuerdo de Estado sobre la financiación del SAAD que permita a las Comunidades Autónomas cumplir con sus obligaciones. En un tema tan serio como este, deben anteponerse las necesidades de las personas a los devaneos de salón y a los postureos partidistas.

El nuevo Parlamento y el próximo Gobierno tienen como tarea urgente (re)considerar que un buen sistema de atención a la dependencia en España es un reto de calado estratégico para un futuro demográfico inevitable; forma parte de un sector de la economía con alta capacidad de generación de empleo y retornos fiscales y –sobre todo- es crucial para la vida digna de un millón doscientas mil personas y sus familias.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El Gobierno reconoce el recorte de 2.278 millones de euros en Dependencia en tres años y evita a toda costa hablar del terrible impacto sobre las personas.

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En el documento remitido a Bruselas por el Gobierno de España con la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019, se alardea de los "ahorros" conseguidos en el Sistema de Atención a la Dependencia como consecuencia de la durísima reforma de julio de 2012 mediante Real Decreto-ley. El Gobierno cuantifica este recorte en casi 2.300 millones solo hasta 2014. Según las estimaciones del Observatorio Estatal de la Dependencia, incluyendo el ejercicio, 2015, el recorte directo se aproximará a los 3.000 millones de euros.
Este juego de trileros que se hace con Bruselas pretende hacer ver que los ahorros afectan a toda la contabilidad pública. La realidad es que el gasto público en Dependencia se ha estancado desde la adopción de las medidas pero ha bajado la proporción del esfuerzo estatal frente al autonómico. Considerando el gasto público, el esfuerzo del Gobierno de España pasó del 29,1% en 2011 al 22,6% (cuando debía ser del 50%). El resto del gasto púbico es soportado por la exhaustas arcas autonómicas y produce parte de su déficit y por el incremento del copago de los ciudadanos.
La brutalidad del recorte es ya, en todo caso, una evidencia imposible de esconder. Pero lo más sorprendente, doloroso y hasta vergonzoso es la pretensión de que tales medidas tuvieron efectos beneficiosos para las personas.
Bajo el eufemístico epígrafe "Racionalización del sistema de dependencia" (pp. 99 a 101 del PN de Estabilidad) tras reconocer y computar los "ahorros" se manipula y se miente con los éxitos de la gestión. Unos ejemplos:
• "Más beneficiarios con prestación". FALSO. En el periodo de recorte reconocido (2012-2014), se pasó de 738.587 personas atendidas (01/01/12) a 736.267 (31/12/14). A partir de julio de 2015 se incrementa, es cierto, el número de atendidos como consecuencia de la incorporación de las personas con Grado I de dependencia (cuyo derecho efectivo se retrasó en diciembre de 2011)
• "El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de España en todas las medidas de mejora de la Ley". FALSO. Como no puede ser de otra forma, el TC. se pronunció a favor de la Administración General del Estado en los aspectos de COMPETENCIA para dictar la norma recurrida por una Comunidad Autónoma. En ningún caso el Tribunal se puede pronunciar –ni se pronuncia- sobre la CONVENIENCIA política o el acierto de las medidas.
• "Menos personas pendientes de recibir prestación". CIERTO Y TERRIBLE. La lista de espera descendió hasta la incorporación de los dependientes moderados en julio de 2015. No obstante el número de atendidos permaneción casi constante. En el periodo 2012-2015 estimamos que fallecieron sin llegar a ser atendidas más de 130.000 personas.
• Finalmente el Gobierno insiste en la actualidad en no computar en la lista de espera a los dependientes moderados cuyo derecho a atención entró en vigor en julio de 2015. Actualmente (datos oficiales de marzo de 2016) hay 1.202.427 dependientes reconocidos en España de los cuales 400.158 están sin atención.
Tomar decisiones de recorte en gasto social cuando se gobierna puede ser legítimo. Las urnas dirán. Pero mentir, retorcer los datos, ocultar la verdad y manipular hasta convertir la noche en el día... es una auténtica vergüenza.
Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

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Elaboración. Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales FUENTE: Datos SISAAD. PGE y Modelo de costes del Observatorio

El resumen del doc: http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/160509_np_estabilidad.pdf
Epígrafe "Racionalización del sistema de dependencia" (pp. 99 a 101 del PN de Estabilidad)
En la última actualización del Programa de Estabilidad que ha mandado el Gobierno a Bruselas reconoce la reducción de gasto público en Dependencia a través de la reducción de las cuantias de las prestaciónes económicas para cuidados en el entorno familiar, -un 15% menos a las 400.000 cuidadoras-, una reducción del Nivel Mínimo de protección garantizado, y la demora hasta julio de 2015 de la incorporación de los dependientes moderados.
Las medidas de recorte las agrupa en dicho documento en tres bloques:
En el primer bloque que incluye la reducción de cuantias de prestaciones económicas para cuidadoras familiares, la reducción del nivel mínimo de financiación así como la suspensión del nivel acordado, la bajada de intensidades y el aplazamiento de la dependencia moderada, el recorte asciende a 1.097 millones de euros.
En el segundo bloque referido a la capacidad econçómica y aportación del beneficiario, la subida del copago de los usuarios, el recorte asciende a 742 millones de euros.
Y en el tercer bloque, hace referencia a la suspension de cotizaciones de la seguridad social de las 170.000 cuidadoras no profesionales y que cuantifica el ahorro en 439 millones de euros.

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