El sistema de atención a la dependencia se paraliza

Al final de 2011 las estadísticas reflejan un total de 741.713 beneficiarios de la Ley de Dependencia, personas y familias que reciben prestaciones y servicios por derecho reconocido. Resulta preocupante, eso sí, que el promedio mensual de incremento de atenciones este año haya sido de 6.649 (tres veces menos que la de años anteriores), que la tendencia desde mayo de este año haya sido decreciente y que en el último mes la variación haya sido negativa, de lo que se deduce que el ritmo de mortalidad de los dependientes es superior al ritmo de incorporación de nuevas atenciones.

En el último semestre de 2011. en la mayoría de las CC.AA se ha paralizado el ritmo de crecimiento en cuanto a la incorporación de nuevos beneficiarios al Sistema, en otras ha crecido moderadamente (País Vasco, Andalucía, Madrid, Castilla y León) y en otras ha decrecido, ni siquiera se está manteniendo la denominada tasa de reposición (Aragón, Valencia, Asturias, Navarra, Extremadura y Castilla La Mancha). Los que mueren son los que reciben las atenciones más costosas (grandes dependientes) y eso produce una rebaja en el gasto ya que no se incorporan en el mismo ritmo las personas que se les ha reconocido el derecho (aumenta el limbo de la dependencia) ni se producen revisiones de grado que renueven la tasa de atención a grandes dependientes. En el año 2011 se ha producido una reducción de 60.000 grandes dependientes. Por primera vez en la historia de la Ley de Dependencia los datos de diciembre de 2011 demuestran que en este mes se ha reducido el gasto en el Sistema de la Dependencia con respecto al mes anterior.

En el contexto actual de la implantación de la Ley de dependencia, después de más de cinco años de aplicación se constatan además cuatro aspectos especialmente preocupantes, porque ya son crónicos en su funcionamiento: La cronificación del limbo de la dependencia, las dificultades derivadas del modelo de financiación, el sobredimensionamiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, son las principales dificultades de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia.

Una de cada tres personas en situación de dependencia, 312.244 personas se encuentran en lo que denominamos limbo de la dependencia, es decir, personas que tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del Sistema, pero aun no se les ha aprobado el PIA que les permite recibir de manera efectiva estos servicios o prestaciones. Canarias, con un 58 %, Galicia, con un 45% y la Comunidad Valenciana, con un 42 %, son las Comunidades donde más preocupante es esta situación, mientras que Castilla y León, con sólo un 7 %, es donde menor es este porcentaje de la vergüenza.

La prevalencia de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar es manifiesta, (el 45% del total de atenciones -más de 400.000-). Esto tiene consecuencias obvias entre las que cabe citar sucintamente: Disminución de los retornos esperados por la generación de empleo que debería haberse dado por vía de prestación de servicios profesionalizados, frenando la actividad empresarial del sector de los cuidados a las personas. El impacto negativo de género ya que hay 400.000 personas cuidadoras de familiares (fundamentalmente mujeres) que pueden estar sometidas a grandes sobrecargas y que no tienen apoyos suficientes (formación, respiro y apoyo profesional). Los hombres –salvo honrosas excepciones- no asumen las tareas de cuidados a las personas en el hogar. Se desconoce el destino último de la prestación monetaria. Los Servicios de Proximidad han tenido un escaso desarrollo (Centros de Día y la Ayuda a Domicilio -unida a la Teleasistencia-) y la atención Residencial se ha frenado.

La financiación tiene trampa en dos direcciones muy claras. Por un lado, la forma de financiación del Nivel Mínimo Garantizado, impuesta por Real Decreto (no por la Ley), no cubre en ningún caso los costes de atención cuando esta va más allá de las Prestaciones Económicas. Dada la escasez de estas cuantías, a poco que se entreguen servicios a las personas dependientes, la financiación estatal no cubrirá nunca en 50% de aportación de las administraciones públicas. Por otra parte, a medida que se avanza en cobertura y PIAS, el déficit de financiación se aumenta con el consiguiente perjuicio para las Administraciones obligadas a atender a los ciudadanos/as: las CCAA. No obstante, a favor de la AGE hay que decir dos cosas importantes: Es el único agente financiador del que hoy por hoy se tiene transparencia de aportación y el gasto de la AGE en estos años es un gasto indudablemente ex novo, una financiación nueva que ha incrementado claramente el gasto social. Se ha avanzado de una manera importantísima en la puesta en marcha de un sistema de atenciones por derecho que aún tiene mucho recorrido. La Ley 39/2006 ha metido en la agenda pública y de los medios de comunicación al sistema de servicios sociales, hasta ahora un gran olvidado. La gran desviación a corregir es la inequidad interterritorial. No se puede hacer depender el ejercicio de un derecho subjetivo y general de la Comunidad en la que resida la persona. La atención a las personas en situación de dependencia tiene un enorme potencial generador de riqueza en cuanto por la vía de la creación de empleo –ya se han creado más de 140.000 empleos-. Como propuestas prioritarias urge: Eliminar el “limbo de la dependencia” y exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento completo de la Ley; modificar el modelo de financiación, que la financiación se determine en función del coste efectivo de los Servicios y Prestaciones Económicas que se proporcionan e Incentivar los recursos profesionales de la Ley y evitar el sobredimensionamiento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidador no profesional.

Hay que conseguir que el desarrollo de la LEY DE DEPENDENCIA se considere por los gobernantes no como un gasto si no como una inversión social que ha estabilizado más de 150.000 puestos de trabajo y puede generar otros 150.000, además de que produce unos retornos económicos del 40%, ahorro en prestaciones por desempleo y que una buena cobertura de la atención a la Dependencia supondría ahorro en gasto sanitario y farmacéutico.

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