EL PROBLEMA DE LOS DESAHUCIOS EN ESPAÑA. PUNTA DEL ICEBERG DE UN PROBLEMA MUCHO MAYOR QUE REQUIERE SOLUCIONES URGENTES.

A la luz de los últimos datos publicados el Consejo General del Poder Judicial (Informe del impacto de la crisis en los órganos judiciales - último trimestre de 2012), la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales quiere alertar sobre un nuevo indicio del avance imparable de la exclusión social en España, conminando nuevamente a los poderes públicos a que actúen de manera urgente para prevenir, si es que aún estamos a tiempo, la instalación de una pobreza estructural e injusta entre la población. Así constatamos que:

1º.- Los datos referidos a ejecuciones hipotecarias y lanzamientos reflejan el evidente empeoramiento de la situación respecto al año 2011. Aun considerando que no todas las ejecuciones hipotecarias ni los lanzamientos reflejados en la estadística afectan a los préstamos hipotecarios de vivienda habitual (cuya cifra sangrante nadie ha sido capaz de determinar), es palmario el incremento de ambos en el último año. En todo caso, con que solo una cuarta parte de los lanzamientos ordenados en 2012 por los juzgados de primera instancia se hubieran practicado sobre vivienda habitual, estaríamos hablando de más de 25.000 lanzamientos, lo que afectaría a casi 100.000 ciudadanos entre los que, sin duda, hay menores, personas dependientes u otras en situación de especial vulnerabilidad para vergüenza del país.

2º.- Entre las posibles explicaciones para el empeoramiento en esta materia entre 2011 y 2012, apuntamos algunas evidentes:

- Los niveles de sobreendeudamiento previo ligado a la adquisición de vivienda de las familias españolas, en una coyuntura de recesión económica mantenida, con un paro terrible, imposibilita el pago de las cuotas hipotecarias a decenas de miles de familias cada mes. Este empobrecimiento repentino no posee visos de mejora en los próximos meses (¿años?) por lo que cabe vaticinar que el agotamiento de los apoyos económicos familiares y de los ahorros de las familias deriven en un agravamiento del problema.

- La ausencia de reformas legislativas razonables que protejan a las personas físicas (particulares, profesionales y autónomos) de las anacrónicas y draconianas leyes que regulan la ejecución hipotecaria en España. La reforma acometida por la vía del RD-Ley 6/2012 (código de Buenas Prácticas), a la luz de los datos ofrecidos por el CGPJ, ha fracasado estrepitosamente como también lo hará el RD-Ley 27/2012 que limita los lanzamientos en determinados casos. Ambas reformas han sido escasas, precipitadas e irreflexivas por su poca adaptación a la realidad.

- La creación de la SAREB ("banco malo") ha dado lugar a que desde la primavera de 2012 algunas entidades –cumpliendo consignas del FROB- instasen con mayor diligencia y rapidez las ejecuciones hipotecarias que hicieran aflorar sus activos tóxicos inmobiliarios a fin de trasladar al banco malo los mismos. De nuevo las finanzas y los balances han prevalecido sobre los derechos de los ciudadanos.

3º.- La denodada lucha de los movimientos sociales y la fundada alarma social que este tema despierta, han conseguido impulsar una agenda política parlamentaria que aborde la situación, estando pendiente una modificación legislativa y la decisión sobre la ILP que promueve la dación en pago. A este respecto tenemos que decir:

- La dación en pago es solo uno de los muchos instrumentos que deberían poder utilizarse en la reestructuración de la deuda de particulares en situación de insolvencia frente a un préstamo hipotecario, pero no es la solución a todos los problemas. Además puede tener evidentes efectos negativos sobre las familias, ya que aunque condone la deuda posterior, supone una pérdida patrimonial y genera un nuevo problema de vivienda al no poder accederse tan fácilmente al alquiler).

- No es necesario regular de manera especial la dación en pago. Bastaría con modificar el artículo 671 de la Ley de enjuiciamiento civil, adjudicando al acreedor financiero el inmueble por el 80% del valor de tasación a efectos de subasta cuando esta quede sin postor (actual 60%). Esta medida, unida al descenso de los abusivos intereses de demora aplicables gracias a la sentencia del TSJ europeo supondría –de facto- la dación en pago.

4º.- La insolvencia frente al crédito hipotecario no es ni mucho menos el único problema que acucia a los particulares en España (familias, autónomos y profesionales). El trato que se está dando a estos cuando no pueden afrontar sus deudas es irracional, injusto, imposibilita el emprendimiento futuro y condena a sus víctimas a vivir anclados en la economía sumergida y en la dependencia de los subsidios. Apelamos a la racionalidad del Legislador para que se limite el principio de responsabilidad patrimonial consagrado en el art. 1.911 de nuestro Código Civil y para que se habiliten fórmulas de restructuración de deuda razonables, acordes con las del resto de los países de la OCDE. En la actual situación, la única salida es un análisis pormenorizado de cada caso con posibilidad de otorgar amplias moratorias en los pagos de las deudas. No tiene sentido destrozar a los deudores particulares, ni siquiera resulta interesante para los acreedores financieros, ya que destruyen así cualquier posibilidad futura de cobrarse la totalidad o parte de las deudas. Llevamos tiempo apuntando otras soluciones posibles.

5º.- El brutal avance de una pobreza que ya es estructural, unida al factor tiempo transcurrido y a la desesperanza vital de la población, nos lleva irremediablemente a una explosión de exclusión social y a una sociedad dual de poseedores y desposeídos. La pobreza tiene solución "simple" en el incremento de la capacidad económica por la vía de la redistribución y de las rentas del trabajo. La exclusión es un fenómeno estructural más complejo que produce desarraigo, extrañamiento y que desliga al ciudadano y a su familia del entorno. Afecta a sus derechos, a su integración plena y a su aportación a la sociedad. Esta exclusión que supondrá contar con millones de españoles fuera de la integración social, se transmitirá crudamente de generación en generación y se enquistará en guetos cuya erradicación supondrá no menos de tres décadas de esfuerzo.

6º.- En un contexto así, lejos de afrontar con valentía el reto de frenar el avance de la exclusión, España está desmantelando los sistemas de protección social (Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Rentas Mínimas) y está incumpliendo flagrantemente los tratados internacionales suscritos en materia de Derechos Humanos y la Constitución misma. Exigimos que se proteja a la ciudadanía de este desastre de manera inmediata.

Nuestros parlamentarios tienen en estos días una oportunidad más para legislar en torno a la cuestión de la insolvencia hipotecaria de manera racional, justa, moderada e inteligente. Lo contrario será continuar con el alejamiento del orden constitucional y traicionar –de nuevo- a la soberanía popular.

Para más información: José Manuel Ramírez. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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