El Ministerio pretende aprobar un Decreto que estrangulará el Sistema de Atención a la Dependencia.

Málaga, 2 de abril de 2013

Dos días después el Ministerio ha retirado de la web oficial el proyecto de Real Decreto http://www.msc.es/normativa/docs/Rdnivelminimo.pdf que llevará a estrangular a las CC.AA en la gestión de la dependencia.

El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, a través del IMSERSO, trabaja en un Real Decreto, a espaldas de las Comunidades Autónomas, cuya aprobación pretende estrangularlas en su gestión de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, incumpliendo además el acuerdo tomado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero.

En 2012, el Ministerio suprimió la aportación estatal para el nivel acordado, lo que supuso en el conjunto del país una reducción de 283 millones. A ello se unió en julio del pasado año la modificación de la Ley, que incluía otro hachazo en la aportación ministerial para el nivel mínimo de 87,7 millones de euros, es decir, un 13,24% menos de lo que aportaba en 2011.

Para 2013, el presupuesto que maneja el Ministerio según la Memoria del análisis de impacto normativo del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, contempla un recorte para el conjunto de las Comunidades Autónomas de un 22,6% con respecto al presupuesto final de 2012, es decir, 317,3 millones, a los que hay que añadir los 283 que aportaba por el nivel acordado suprimido ya el pasado año. Y es que mientras en 2012 el Imserso destino 1.404.493.590 €, para el nivel mínimo, este año el presupuesto previsto es de 1.087.179.320 euros.

Así pues, en el conjunto de los años 2012 y 2013, el Estado dejará de aportar a las Comunidades Autónomas más de 600 millones de euros, lo que representa un porcentaje muy importante de lo que recibían las Comunidades Autónomas.

Y es que si ya de por sí estos recortes suponen un grave problema para el cumplimento de la Ley por parte de todas las Comunidades, el real decreto contempla aspectos que de aprobarse, supondrían un estrangulamiento total, como es el caso la disposición transitoria segunda en relación con los expedientes tramitados o resueltos con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, ya que supondría la paralización prácticamente total de la tramitación de expedientes, al tener que trabajar en la incorporación de millones de datos de personas que han estado atendidas desde la entrada en vigor de la Ley, cuyo cumplimiento pretende exigirse para que el Imserso no deje de pagar a las Comunidades Autónomas suspendiendo la liquidación del nivel mínimo. Todo ello teniendo en cuenta que con la eliminación del nivel acordado se ha eliminado también la aportación económica a las Comunidades para la gestión.

Precisamente el Consejo Interterritorial del pasado mes de enero, acordó retirar del borrador de decreto presentado los artículos que hacían referencia a la obligación de aportar más información, innecesaria, al sistema y convocar una comisión antes de junio, que se encargase de trabajar sobre este tema, comisión para la que ninguna Comunidad Autónoma ha sido convocada, al igual que ninguna de ellas ha recibido el último borrador de real decreto que el Imserso parece tener ya preparado para su aprobación definitiva.

Decir que se está dejando morir el Sistema de Atención a la Dependencia puede parecer una metáfora pero es la cruda realidad. Las estadísticas oficiales desde hace siete meses se relacionan con los fallecimientos tanto de los beneficiarios, como de las personas en situación de dependencia que se encuentran en la lista de espera. Esto indica que al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido. Si a todo ello le unimos los recortes económicos y las condiciones leoninas como las que se quieren incluir en el real decreto que pretende aprobar el Imserso, parece que esa fecha está marcada y se corresponde con la fecha de publicación en el BOE del citado real decreto.

Solo en este último mes se han cerrado 319 plazas de residencia, 517 de ayuda a domicilio, 1.083 de teleasistencia... lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores/as del sistema de atención a la dependencia –un 90% mujeres-. Además 3.649 cuidador@s familiares han dejado de recibir una ya mermada prestación económica –el 93% mujeres-.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Quien quiera el decreto completo puede solicitarlo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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