NOTA DE PRENSA 250.000 FIRMAS AL CONGRESO EXIGIENDO QUE EL GOBIERNO CUMPLA LA LEY DE LA DEPENDENCIA

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Madrid 19 de diciembre de 2013

NOTA DE PRENSA

250.000 FIRMAS AL CONGRESO EXIGIENDO QUE EL GOBIERNO

CUMPLA LA LEY DE LA DEPENDENCIA

Aunque formalmente sigue en vigor, la realidad es que, como todo el mundo sabe, se está produciendo una demolición controlada y una derogación encubierta de la Ley de Dependencia. Es cuando menos llamativo que la sociedad civil tenga que exigir al Parlamento y al Gobierno que cumpla sus propias leyes. Pero eso es, ni más ni menos, lo que exigen las 250.000 personas cuyas firmas va a presentar mañana en el Congreso la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y la Coordinadora Estatal de las Plataformas defensa de LAPAD, exigiendo que se cumpla la ley, atendiendo los derechos de más de un millón de personas en situación de dependencia y sus familiares.

Una Ley que Mariano Rajoy calificó de insostenible cuando todavía era candidato a la presidencia. En coherencia con esta descalificación, aunque no se ha atrevido a dar el paso definitivo de derogarla, lo está haciendo de manera encubierta a través de diversas reformas que han impactado de manera cruel en las personas en situación de dependencia, impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo; reformas que han fomentando la desatención y parálisis por la vía de estrangular la financiación y abandonando a los cuidadores familiares (97% mujeres). Así, según la información facilitada por el propio Ministerio, se han reducido las cuantías de 400.000 prestaciones económicas, 170.000 cuidadoras familiares han dejado de cotizar a la Seguridad Social, se infrafinancia a las Comunidades Autónomas –supresión del nivel conveniado y reducción del 13% del mínimo-, se dilatan los plazos hasta la desesperación –dos años y medio-, la burocracia invade el sistema y hay más de doscientas mil personas sin atender por el sistema, aun cuando tienen reconocido el derecho a ser atendidas.

En definitiva, se trata a todas luces de un cruel proceso de demolición de un sistema, provocando sufrimiento en más de un millón de personas en situación de dependencia y sus familiares y haciendo que decenas de miles de personas mueran sin la atención a la que se le ha reconocido que tienen derecho.

En noviembre de 2011 eran 1.048.424 las personas dependientes con derecho a atención, mientras que en noviembre de este año este número ya se reducía hasta las 940.642, es decir, en sólo dos años 107.782 personas menos a las que se les reconoce el derecho a las atenciones de la Ley de la Dependencia. (148 bajas diarias en el sistema desde que gobierna Rajoy). En cuanto a las personas atendidas en ese periodo de tiempo el sistema ha retrocedido en cuatro beneficiarios menos cada día.

Es inadmisible insultante y cruel revestir de eufemismos como "mejora" o "sostenibilidad" lo que no es más que la destrucción planificada del sistema con intereses perversos de favorecer el negocio del aseguramiento privado, calificando de insostenible esta Ley, para provocar un modelo dual donde los seres humanos y sus necesidades sean tratados como mercancías.

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