Más de 13 millones de españoles en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social (28,2%) deben protagonizar el debate del Estado de la Nación

 

La pobreza anclada en 2012 con respecto a 2008 ha subido del 20,8% al 28,1% de la población española. Un 7,3% de subida que son casi 3,5 millones de personas más. En la actualidad hay en España más de 13 millones de personas en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social. En los últimos datos publicados por Eurostat (febrero 2014), la Tasa de pobreza o exclusión social EUROPA 2020, conocida como Tasa AROPE, el 28,2% de los/as españoles/as están en situación de pobreza o exclusión social. Lo que confirma los datos de que más de 13 millones de personas son el rostro humano del sufrimiento, en los que hay decenas de miles que pasan hambre (especialmente los niños/as).

Las propuestas deben reducir las desigualdades y las mejoras económicas deben repercutir en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Una revisión en profundidad del modelo de relaciones laborales, una reforma fiscal justa y progresista, y reforzar el nivel más básico de protección que representan los servicios sociales, son los ejes que articulan un debate donde lo que importa son las personas y familias.

Revisión del modelo de relaciones laborales: Las reformas que se han llevado a cabo en materia de relaciones laborales, además de ineficaces para crear empleo, han producido inestabilidad y un acusado deterioro de las condiciones de trabajo y de los salarios. Modificar de manera radical el modelo de relaciones laborales es un requisito esencial para mejorar las condiciones de vida de las personas y las familias en España, y para evitar que se siga agudizando la pobreza y la exclusión social.
Proponemos una mayor regulación y protección de los derechos de los trabajadores, justo al contrario de lo que se ha llevado a cabo con las reformas abordadas por este gobierno.

Reforma fiscal justa y progresiva: Es una ocasión para corregir los desajustes estructurales que afectan a la fiscalidad en España. En primer lugar para reducir la brecha de 9 puntos porcentuales que nos separa de la media europea en ingresos fiscales en relación con el PIB. Y también para avanzar en una fiscalidad justa y progresista, donde cada cual contribuya en función de su capacidad económica.
Denunciamos los cantos de sirena de las bajadas de impuestos generalizadas. Es en los impuestos al consumo de productos o servicios básicos, y en la tributación de las rentas del trabajo, donde se deben producir las bajadas de impuestos. Pero estas bajadas se han de compensar con el incremento de la fiscalidad a las grandes fortunas, a los beneficios de las sociedades y sobre todo al capital financiero y sus actuaciones especulativas. No hay mayor solididaridad que pagar los impuestos que a cada uno corresponde según su capacidad económica. Para ello las propuestas que anticipamos para la Reforma Fiscal en España son:
• Suprimir los regimenes privilegiados en el Impuesto de Sociedades, para que la tributación de las grandes empresas sea efectiva con unos tipos reales.
• En el Impuesto de las Personas Físicas, no deben tributar con tipos superiores las rentas de trabajo a las de capital y la especulación.
• Establecer un sistema de tributación objetiva para grandes empresas, especialmente las llamadas „multinacionales"
• Recuperación de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones
• Medidas que penalicen la utilización de entidades radicadas en los denominados paraisos fiscales o territorios de baja tributación.
• Impuesto de transaciones financieras que penalice la especulación y compense la nula tributación indirecta de este tipo de operaciones
• Rebaja de los tipos de IVA general y reducido
• Incrementar las plantillas de Inspectores y técnicos de hacienda, para acerecanos a los estándares europeos por habitante
• Reforzar los sistemas públicos de participación de los ciudadanos en la lucha contra el fraude
• Aumento de las sanciones tributarias
• Vincular los resultados de lucha contra el fraude a la reducción de los impuestos sobre las clases medias en las mismas medida que se hayan obtenido resultados positivos.

Frenar la supresion de los servicios sociales de proximidad: la mayor amenaza que se cierne sobre los servicios sociales es la reforma local y que extirpará –si nadie lo remedia- las competencias en servicios sociales y promoción social de los ayuntamientos españoles, que se califican en su mayor parte como impropias y deberán dejar de prestarse. Una supresión de servicios que el Gobierno estima en 3.282 millones de euros en 2014 y 2015, en el Plan Presupuestario 2014 del Reino de España enviado a Bruselas.
Los servicios sociales de proximidad de los ayuntamientos constituyen una primera, digna y silenciosa línea de contención cercana a las necesidades de millones de personas empobrecidas. Si se destruye ese dique, el tránsito: pobreza –> exclusión –> violencia y ruptura de la paz social; será inevitable.
Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios, como se plantea, por la interdicción de incrementar el coste de los mismos.

Pacto de Estado para la aplicación de la Ley de la Dependencia: El actual presidente del Gobierno afirmó con rotundidad antes incluso de serlo, que la Ley de la Dependencia no es sostenible, y con esa consideración se está aplicando su gobierno al desmontaje del Sistema de Atención a la Depedencia. Pero lo cierto es que 1,3 millones de personas dependen de las prestaciones y servicios que se les pueda proporcionar en el marco de este sistema, para poder llevar a cabo sus actividades básicas de la vida diaria, y que son varias decenas de miles los puestos de trabajo implicados en este sector. Por eso, lejos de considerar no sostenible este sistema, creemos necesario un Pacto de Estado para mantenerlo, cuyos ejes serían:
• Mantenimiento de la tasa de reposición, es decir, que el Sistema incorpore al menos un nuevo beneficiario por cada beneficiario que cause baja en el mismo.
• Medidas de impulso de servicios profesionales, en particular la Ayuda a Domicilio, los Centros de Día y las Plazas residenciales, sin menoscabo del apoyo a los/as cuidadores/as familiares y no profesionales que atienden a las personas en situación de dependencia en su propio domicilio.
El informe completo sobre el Estado Social de la Nación -Personas, familias y sociedad – El incremento y banalización de las desigualdades.

http://www.directoressociales.com/images/documentos/informe%20estado%20social%202013%20octubre.pdf
Para más información:José Manuel Ramírez Navarro: Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

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