LA DIMENSIÓN DE LOS RECORTES EN SERVICIOS SOCIALES: 2.200 MILLONES DE EUROS AL AÑO

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE DEC 2014

19/09/2014

LA DIMENSIÓN DE LOS RECORTES EN SERVICIOS SOCIALES: 2.200 MILLONES DE EUROS AL AÑO

tablas y gràficas en pdf

Por Comunidades Autónomas, Euskadi, con 7,5 puntos y una calificación de "Medio Alto" y Castilla y León, con 6,65 puntos y una calificación de "Medio", son las mejor valoradas. La Comunidad de Valencia continúa a la cola, con una puntuación de 0,6 puntos sobre 10 y una calificación de "Irrelevante" para sus servicios sociales.
Se adjunta relación completa del conjunto de Comunidades y el mapa resultante.

Los resultados del Índice DEC-2014 están recogidos en un informe general y uno particular por cada una de las 17 Comunidades Autónomas, que incluye una valoración de los resultados, el detalle de cada indicador, su evolución en los últimos años y las recomendaciones para la mejora de sus servicios sociales.

(Pueden consultarse estos informes en www.directoressociales.com)

Estas son las principales conclusiones sobre el desarrollo de los servicios sociales en España en 2014:

Los presupuestos para servicios sociales descendieron en plena crisis para todas las Administraciones, justo cuando eran más necesarios

El gasto en Servicios Sociales del conjunto de Administraciones Públicas representa el 1,5 del PIB (14.982 M€ en 2013), y la distribución de esfuerzos es muy desigual entre administraciones...

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Hacienda y AA.PP (Estadísticas de PGE; presupuestos de las CCAA y presupuestos de las EE.LL). Los datos se han consolidado entre administraciones detrayendo las transferencias finalistas a los receptores. Se considera el gasto no financiero, siendo el gasto corriente el mayoritario (98%) y los gastos de inversión muy limitados (2%).
.. y por territorios:

Elaboración propia. Fuentes: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Datos de presupuestos liquidados de las EELL, presupuestos liquidados de CCAA y PGE). NOTA: No se han podido adscribir territorialmente 400 millones de euros procedentes de la AGE, lo que elevaría su aportación total al 11,7%.

Sorprendentemente, a pesar del incremento de la demanda y del necesario impulso a la atención a la dependencia en España, la tendencia desde 2011 perfila un escenario de drástica reducción del gasto público en las tres Administraciones concernidas. Si bien los recortes han sido la tónica para todas las políticas de gasto público, cabe denunciar como absolutamente inoportuna la restricción presupuestaria en materia de servicios sociales por lo que comporta de miserable e injustificable abandono a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad.

En años anteriores el Índice solo había analizado el gasto autonómico en servicios sociales, ya que no existían datos oficiales sobre este gasto en las entidades locales. En 2014 el Índice DEC incorpora el análisis del gasto del conjunto de las Administraciones, poniendo por primera vez cifras al recorte en servicios sociales. El resultado es que Comunidad Autónomas y Entidades Locales han gastado en 2013 2.200 millones de euros menos que dos años antes (2011) en servicios sociales, pasando de 354,02 € por habitante en 2011, a 306,91 en 2013 (47,11 € menos por habitante y año (-13,3%).

Este recorte no es consecuencia exclusiva del empobrecimiento general y las dificultades presupuestarias de las Administraciones, sino también de la incapacidad o el desinterés de las Administraciones para recaudar y redistribuir la riqueza a través de políticas sociales. Así lo demuestra que el gasto de las Administraciones Públicas en servicios sociales, que en 2011 era un 1,60% del PIB, en 2013 fue sólo el 1,41%.

Estos son los números absolutos y los porcentajes que expresan estos recortes en cada una de las Administraciones en el intervalo 2011-2013

Adm. General del Estado Comunidades Autónomas Entidades Locales
9371 € 37,3% 1.2531 € 10,5% 9831 € 20,7%
NOTA: Se presentan datos no consolidados entre administraciones por lo que no deben ser agregados.

En términos porcentuales es la Administración General del Estado la que más recorte realiza, seguida de las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas. En términos absolutos el mayor recorte corresponde a las Comunidades Autónomas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las mayor parte de esos 1.253 millones de euros que las Comunidades han reducido en sus presupuestos de servicios sociales en 2013 en relación con 2011, son consecuencia de la reducción de la financiación estatal finalista (especialmente en Dependencia) en un perverso efecto dominó.

El mayor impacto de los recortes en las entidades locales: Atendiendo sólo a las dos Administraciones que gestionan los servicios y prestaciones sociales, el recorte es porcentualmente el doble en las entidades locales, con un 20,8% en 2013 respecto a 2011, que en la Administración autonómica, cuyo recorte ha sido, ese mismo periodo del 10,5%. En términos de empleo, este recorte supone la pérdida de unos 10.000 puestos de trabajo directos en el sector público local.

Los territorios que más han recortado más su gasto en servicios sociales en 2013 respecto a 2011 han sido Castilla-La Mancha (144,84 € menos por habitante y año, -28,2%), Navarra (-124,0 €, -23,2%), Murcia (-47,16 €, -17,6%) y Extremadura (-68,4 €, -15,4%)

Los recortes afectan especialmente a los servicios domiciliarios y de proximidad

El fuerte impacto de los recortes afecta especialmente a los servicios domiciliarios y de proximidad. Así, en el Sistema de Atención a la Dependencia, el Servicio de Ayuda a domicilio pierde 6.380 beneficiarios en un solo año, y la Teleasistencia 7.467 (de junio de 2012 a junio de 2013. Esta reducción ya se apreciaba en el año 2011, últimos datos oficiales publicados, sobre el porcentaje de personas mayores de 65 años que recibían el Servicio de Ayuda a Domicilio; este porcentaje se redujo en 0,29 puntos respecto al año anterior

Ningún servicio registra un incremento de cobertura en los últimos años; ni siquiera una prestación tan necesaria en estos momentos, como las Rentas Mínimas de Inserción, tiene el incremento que cabría esperar, como pone de manifiesto el último dato oficial conocido, correspondiente al año 2012.

Una perspectiva poco optimista

La reducción del gasto en servicios sociales en los últimos años muestra una clara tendencia a empeorar; y con ella, sin duda, la reducción en la oferta de servicios y prestaciones del Sistema. Existen además elementos preocupantes que apuntan a que estas perspectivas negativas se pueden agudizar en este año 2014 y en los siguientes. Especialmente por los efectos que va a tener -de hecho ya está teniendo-, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que va a suponer el deterioro o la supresión de muchos servicios y prestaciones.

En los dos últimos años (2013 y 2014) no se aprobado ninguna nueva Ley de Servicios Sociales, ni tampoco ningún Catálogo ni Plan Estratégico. Por el contrario, algunos Planes han perdido su vigencia. Pero lo más preocupante es constatar que en Comunidades Autónomas que aprobaron leyes que reconocen derechos subjetivos ("garantizados") y establecieron herramientas para su concreción normativa ("Catálogos"), no sólo no han tenido los efectos que cabría esperar, sino que se encuentran entre las que registran mayores retrocesos en sus servicios sociales.

Es manifiesto el carácter "antisistema" de estas prácticas: ¿cómo puede un gobierno exigir a sus ciudadanos/as que cumplan las leyes, si los propios gobiernos las vulneran cuando les conviene, sin que ello les suponga penalización alguna? ¿Cómo pedir confianza en las instituciones, cuando las instituciones utilizan toda una maraña de procedimientos para dificultar el acceso o impedir en la práctica que los/as ciudadanos/as reclamen sus derechos subjetivos a los servicios sociales, cuando estos se ven vulnerados, incumpliendo de forma impune y descarada sus propias leyes?

Extraordinaria disparidad entre Comunidad Autónomas

El Índice DEC pone cifras a lo que es una evidencia palpable: la extraordinaria diversidad de esfuerzos, cobertura y derechos garantizados en este sistema básico de protección social, lo que, sin duda, constituyen una violación de la igualdad consagrada en al art. 9.2 de la Constitución. Estas son algunas de las diferencias más notables:

• Un trabajador de plantilla en los servicios sociales básicos municipales por cada 720 habitantes en Navarra, uno por cada 7.916 en la C. de Madrid.
• El 2,50% de la población recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia en La Rioja, el 0,54% en Canarias.
• Sólo un 1,7% de personas a quienes se ha reconocido el derecho a recibir atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia están a la espera de recibirlas en Castilla y León, y ¡un 52,7% en Canarias!
• Uno de cada 16,9 personas residentes en el País Vasco se beneficia de las Rentas Mínimas de Inserción, mientras que en Castilla-La Mancha sólo uno de cada 355,8 residentes.
• La cuantía que percibe un beneficiario de estas Renta Mínimas de Inserción en Cataluña supone un 21,8% de la renta media por hogar en esa Comunidad, y sólo un 5,35% en la Comunidad Valencia.
• En Castilla y León hay 7,23 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. En Murcia sólo 2,29.
• En el País Vasco hay 127,76 plazas de alojamiento para personas sin hogar, por cada 100.000 habitantes. En Extremadura 17,48.

Estas diferencias tienen su origen en una extrema disparidad en el gasto en servicios sociales que realizan las Administraciones Públicas en cada territorio:

• 541,24 € por habitante y año en 2013 en el País Vasco, frente a los 196,13 de la Comunidad Valenciana.
• El gasto que realizan la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales extremeñas en materia de servicios sociales representó en 2013 un 2,57% de su PIB regional, mientras que en la Comunidad de Madrid sólo un 0,93%
• El gasto en servicios sociales en la Comunidad Autónoma y en las Entidades Locales de Castilla-La Mancha en 2013 supuso un 9,67% del total del gasto de estas Administraciones. En la Comunidad de Valencia sólo un 5,89%
• En 2013 el Gobierno de Asturias financiaba el 47,5% del gasto en servicios sociales que realizan las entidades locales de su territorio, mientras que el Gobierno de Aragón sólo un 8,05%.

El desarrollo de los servicios sociales es resultado de formas de organización y gestión eficientes y no solo de un mayor gasto: la descentralización y el protagonismo local son determinantes para la eficacia y eficiencia del Sistema

La aplicación del Índice DEC en 2014 confirma que no necesariamente las Comunidades con mayor gasto en servicios sociales ofrecen más prestaciones y servicios: Extremadura y Castilla-La Mancha, las Comunidades que mayor porcentaje de su PIB regional dedican a servicios sociales (2,57% y 2,15% respectivamente), no alcanzan 5 puntos sobre 10 en cobertura (3,8 y 4,5 respectivamente). Sin embargo, Castilla y León, que dedica un 1,68% de su PIB a servicios sociales, y Aragón, que dedica un 1,24% (menos de la mitad que Extremadura), tienen mayor cobertura de prestaciones y servicios sociales (7,3 puntos sobre 10 Castilla y León, 5,9 Aragón). También en términos absolutos, la comparación resulta obvia: Extremadura, con 376,86 € por habitante en 2013 y Castilla-La Mancha, con 369,12 €, gastan más que Castilla y León (357,33€) y que Aragón (295,80€); sin embargo, su oferta de prestaciones y servicios es mucho menor.

Tanto Castilla y León como Aragón son Comunidades con gran protagonismo de sus entidades locales en la gestión de los servicios sociales. Extremadura, por el contrario, tiene estructuras más centralizadas, especialmente en la gestión de su Sistema de Atención a la Dependencia, y Castilla-La Mancha, con la gestión autonómica directa de buena parte de las estructuras básicas de servicios sociales.

Así se demuestra que centralizar la gestión de los servicios sociales no sólo no contribuye a la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos, como argumenta en la Exposición de Motivos la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sino que además de ser socialmente negativa, sus efectos son antieconómicos, encareciendo la gestión del Sistema.

Por eso son preocupantes los efectos que pueden tener dicha Ley, particularmente en los dos próximos años, ya que ha generado un escenario de profunda incertidumbre para los servicios sociales en el ámbito local. Sólo un acuerdo institucional en base a una interpretación amplia de las competencias locales que la nueva Ley establece en esta materia, puede garantizar el mantenimiento de los servicios sociales y evitar su demolición.

Extraordinarios déficit de información en materia de servicios sociales

Algunos indicadores con los que se elabora el Índice DEC están condicionados por la mala calidad, el retraso o, lisa y llanamente, por la falta de información a nivel oficial en materia de servicios sociales:

Inexistencia de datos: Sigue sin existir datos oficiales sobre servicios sociales como la atención a las personas con discapacidad, que impide conocer algo tan básico como el número de plazas residenciales, en centros de día u ocupacionales que existen para este colectivo, o las plazas. De la misma manera, en ninguna fuente oficial se puede saber, a fecha de hoy, cuántas plazas de acogida hay para mujeres víctimas de violencia de género.

Retraso en la información. Algunos datos más actualizados que ofrece el Ministerio son del año 2011, como los datos sobre residencias de personas mayores, el servicio de ayuda a domicilio o las estadísticas del Plan Concertado. Todo este déficit de información supone una quiebra del derecho ciudadano a la información y un gravísimo problema para poder valorar o planificar racionalmente el desarrollo de los servicios sociales.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha tenido que solicitar directamente esta información a las propias Comunidades. 13 Comunidades, que suponen el 79,4% del total de la población española, han respondido a esta solicitud (todas salvo Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Valencia). Si una entidad sin ánimo de lucro, que no recibe subvención alguna y que realiza su trabajo con el esfuerzo voluntario de sus miembros es capaz de conseguir esta respuesta, queda en evidencia la falta de voluntad o la absoluta incompetencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para crear un conjunto homogéneo de datos.

Para más información:

José Manuel Ramírez Navarro.
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