El gasto local en Servicios Sociales y la amenaza e incertidumbre de la reforma local (un avance del índice DEC 2015 que se presentará a finales de enero 2016)

1.000 M € es el recorte de gasto local en servicios sociales que se produjo al iniciarse la legislatura anterior y que se ha mantenido desde entonces (superior al 16%) En el conjunto del Estado, la gestión local de los servicios sociales supone aproximadamente el 27% del gasto territorializado La gestión local en Servicios Sociales en el conjunto del Estado se mantiene cercana a los 5.300 Millones de euros en los últimos ejercicios siendo su esfuerzo propio de 3.834 M€ ya que el resto (1.461 M€) lo recibieron como transferencia finalista de las CCAA. Al finalizar la legislatura anterior (2011) este gasto estaba en torno a los 6.200 millones, por lo que el severo recorte en gasto local en Servicios Sociales (superior al 16%) se produjo al iniciarse la legislatura 2012-2015 y se ha mantenido desde entonces, con una ligera recuperación del gasto a partir de 2014. En este contexto sigue generando una gran incertidumbre la aplicación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local auspiciada por el Ejecutivo del Partido Popular. En noviembre de 2015, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Sr. Beteta, escribió a los todos los ayuntamientos una carta “interpretando” que la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la LRSAL dependía de un supuesto nuevo pacto en materia de financiación autonómica. En un giro surrealista a esta cuestión, el Gobierno pretende suspender la aplicación de una Ley Básica del Estado ¡por la vía de una carta! Obviamente la incertidumbre sigue anclada en muchos gestores locales y autonómicos; la Ley 27/2013 no ha sido modificada y, a partir del 1 de enero de 2016, hay una buena parte de servicios sociales municipales que no se sabe si se deben seguir prestando o quién los pagará. La situación es rocambolesca y tiene su verdadero origen en que el Gobierno se comprometió a reducir el gasto local en servicios sociales en más de 3.000 Millones € (Plan Nacional de Reformas y Programa de Estabilidad 2015-2018) y ahora está comprometido con la Troika de forma que no puede reformar una Ley cuya aplicación real es imposible. Lo dice así de claro, sin eufemismos, no hablan de mejor gestión, ni siquiera de privatizaciones.

 

El ahorro en el gasto público local que el Gobierno espera conseguir con la LRSAL es lisa y llanamente, suprimir servicios. En el conjunto del Estado, la gestión local de los servicios sociales supone aproximadamente el 27% del gasto territorializado si bien se observan notables diferencias. La estimación del gasto local en servicios sociales puesto en riesgo por la LRSAL bien podría acercarse a los 2.600 Millones de euros; aproximadamente la mitad del gasto gestionado por las Entidades Locales en servicios sociales en todo el Estado. El Índice DEC demuestra que la mayor eficiencia en la gestión de los servicios sociales se produce en los territorios autonómicos que descentralizan buena parte de la gestión en los niveles municipales (ayuntamientos y diputaciones provinciales). Así considerado, es evidente que la Reforma Local pone en serio peligro la eficiencia de los servicios sociales prestados en los territorios de mayor descentralización. Se constata 2 que centralizar la gestión de los servicios sociales no sólo no contribuye a la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos, como argumenta en la Exposición de Motivos la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sino que además de ser socialmente negativa, sus efectos son antieconómicos, encareciendo la gestión del Sistema. Para despejar estas incertidumbres y permitir el necesario desarrollo de los servicios sociales en el ámbito local, es imprescindible aprobar con carácter urgente una resolución parlamentaria que anule las disposiciones de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que reducen las competencias locales en materia de servicios sociales, hasta tanto se apruebe la Ley General de Servicios Sociales que reordene las competencias del sector y su financiación, en el marco de unos derechos constitucionalmente reconocidos. Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

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