Una de cada tres personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio.

La lista de espera se mantiene en 381.508 y al ritmo actual se tardarían más de cuatro años en cumplir con los derechos de las personas dependientes.
Sin embargo, en el último año se ha incrementado el número de personas atendidas en casi 89.000
Sigue siendo muy preocupante el incremento de las diferencias territoriales.
La atención a la dependencia en España sufrió un claro y doloroso estancamiento desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015, momento en el que se incorporaron las personas con dependencia moderada (Grado I) al Sistema. Desde entonces -es decir, durante el último año- se ha incrementado en un 12% el número de personas atendidas, superando por fin el estancamiento.

No obstante, sigue existiendo un flagrante incumplimiento respecto a cientos de miles de personas, ya que actualmente (con datos oficiales de 30 de junio) hay 1.207.870 personas dependientes, de las que están siendo atendidas el 68,4% (826.362), mientras que el 31,6% (381.508) está en "lista de espera".

Valoramos positivamente el incremento de personas atendidas en el último año, debido sin duda a diferentes factores, siendo el fundamental el revulsivo de la incorporación de los dependientes moderados. Muchos de esos dependientes moderados ya venían siendo atendidos por los servicios sociales locales y autonómicos, con lo que se intuye que en muchos casos su incorporación de facto al sistema se debe a más a mecanismos de gestión que a un cambio real de su situación o de los servicios que reciben.

A pesar de esa mejora en las cifras globales de gestión del último año, con el actual ritmo de nuevas incorporaciones de atendidos, deberían transcurrir más de cuatro años para acabar con la lista de espera. Asistimos además a unas diferencias interterritoriales cada vez más extremas en el ejercicio de los derechos y el modelo de financiación –recortado y tramposo- imposibilita la mejora.

Cabe recordar que el recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a más de 3.000 millones de euros por la supresión del nivel acordado, la reducción del 15% del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. El quebranto para las Comunidades Autónomas en su financiación las coloca en una encrucijada de muy difícil salida cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes.

La única opción razonable es incorporar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tras un debate realista y responsable, un acuerdo de Estado sobre la financiación del SAAD que permita a las Comunidades Autónomas cumplir con sus obligaciones. En un tema tan serio como este, deben anteponerse las necesidades de las personas a los devaneos de salón y a los postureos partidistas.

El nuevo Parlamento y el próximo Gobierno tienen como tarea urgente (re)considerar que un buen sistema de atención a la dependencia en España es un reto de calado estratégico para un futuro demográfico inevitable; forma parte de un sector de la economía con alta capacidad de generación de empleo y retornos fiscales y –sobre todo- es crucial para la vida digna de un millón doscientas mil personas y sus familias.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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