Marzo 2013
El engaño de un pacto sociosanitario ¡otra vez!!
Es la resolución nº 10 aprobadas por el Congreso de los Diputados con motivo del debate de política general en torno al estado de la nación, pomposamente denominada “Avanzar en la protección del Estado del Bienestar”, cuyo primer punto es “Avanzar en un Pacto Sociosanitario entre instituciones (Estado y Comunidades Autónomas), partidos políticos y agentes sociales, en materia de sanidad y servicios sociales, para mejorar la calidad de vida de las personas y familias y su entorno, a través de la garantía de continuidad en la atención y los cuidados que necesitan coordinando y optimizando los recursos sociales y sanitarios existentes”.
Es un engaño, porque no hay pacto sociosanitario que valga, cuando se derriba el todavía frágil sistema de servicios sociales y se reduce simultáneamente las prestaciones sanitarias. Miedo tiene que dar “un pacto sociosanitario entre instituciones, partidos políticos y agentes sociales” teniendo como punto de partida diferencias de poder abismales. Claro que acaso los “agentes sociales” sean casi solo los lobbies empresariales para lo que tanto la sanidad, como los servicios sociales (perdón, solo la dependencia) son “oportunidades de negocio”, como desde hace tiempo también proclamaron y proclaman hoy responsables políticos ministeriales y consejeros autonómicos, casualmente solo del PP.
– Que la resolución plantee en su último punto “Seguir avanzando en la sostenibilidad del sistema de dependencia” es además una burla cruel, a menos que se interprete pura y simplemente como lo que ha sido durante los dos últimos años y lo que continúa siendo: seguir avanzando hasta hacer desaparecer por completo el derecho a los servicios y prestaciones por dependencia.
– Es un engaño, porque reabre la ceremonia de la confusión cuando estaban ya claras, al menos en la legislación de cada sector, las prestaciones sociales básicas y especializadas y las prestaciones sanitarias de atención primaria y especializada, aunque siempre con algunos ámbitos todavía ambiguos: me refiero a la rehabilitación, física, cognitiva, o psicosocial, en el caso de salud mental.
– Y un engaño porque casualmente, cuando se habla de lo “sociosanitario”, mira por donde no se suele referir a que las personas que están en su casa y necesitan prestaciones sociales y prestaciones sanitarias al mismo tiempo. No: el debate y el pacto serán sobre los grandes centros de coste: los hospitales y las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad gravemente afectadas. Porque ahí es donde está el negocio.
No nos situamos en la posición de que sea ilícito obtener beneficios prestando servicios socialmente útiles y con la calidad exigible normativa y ética, pero si consideramos irrenunciable que la responsabilidad política y técnica estén donde tienen que estar: en la administración pública, garante de los servicios que se prestan y se financian con fondos públicos. Que los gestione quien tenga el saber y el saber hacer, siempre que los servicios públicos de gestión directa sean tan fuertes que no sea posible que el mercado imponga la voracidad y la crueldad de sus leyes, desgraciadamente muy populares (quiero decir conocidas y sufridas por el conjunto de la ciudadanía) especialmente desde el inicio de la crisis económica y especialmente por las personas y las familias mas frágiles y mas pobres.
Si el pacto se plantease desde los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, las cosas cambian. Se volvería a incidir en que el sistema de salud se hiciese cargo totalmente de las prestaciones sanitarias que se desarrollan en las residencias y centros de servicios sociales (atención médica, farmacéutica, de enfermería y rehabilitación / fisioterapia) y en que el sistema de servicios sociales se hiciesen cargo de las prestaciones de apoyo a la familia y convivencia y para inclusión social que todavía se desarrollan en algunos servicios sanitarios. Y se volvería a incidir en la coordinación sociosanitaria, en todos los niveles asistenciales de atención primaria y especializada y en todos los niveles directivos, de planificación y de gestión.
Pero no parece que sea éste el camino que se quiere en la propuesta de resolución aprobada. Sabemos hacia dónde lleva y por eso decimos que es un engaño.
Al conjunto de la ciudadanía, y a las personas que necesitan servicios sanitarios y sociales simultánea o sucesivamente para vivir con dignidad, les importa un pimiento el debate sobre “lo sociosanitario”. Les importa que les lleguen las prestaciones que necesitan, cuando las necesitan. Les importa que les pongan en lista de espera para no se sabe cuándo, porque “no hay recursos” o porque “con los recortes…”
– Les importa que lo que les diga la médica o la enfermera de su centro de salud y lo que les diga la trabajadora social o la psicóloga de su centro de servicios sociales no sea contradictorio, sino complementario; y que no tengan que contar sus padecimientos a todo el que aparezca por su casa. Les importa y necesitan saber que “están en manos” de profesionales que trabajan conjuntamente para prestar el mejor servicio posible.
– Les importa que las residencias sean lugares para vivir, aunque necesiten cuidados sanitarios similares, o un poco más intensos, a los que podrían recibir en su casa, en una vivienda tutelada o en una miniresidencia. Y lugares para vivir son los centros de servicios sociales especializados, que no necesitan “sanitarizarse” mas, por mucho que haya personas que vivan en ellos y necesiten también cuidados sanitarios. ¿O es que por vivir en una residencia se pierde el derecho a las prestaciones del sistema público de salud?
– Les importa tener la posibilidad de tener un lugar en el que pasar un tiempo de convalecencia, con la rehabilitación o los cuidados necesarios, tras un ingreso hospitalario. En la necesidad de aumentar los dispositivos para las estancias de convalecencia, o sociosanitarias, confluyen el interés ciudadano, intereses de los gestores de hospitales e intereses de las grandes empresas gestoras de residencias. Los últimos esgrimen argumentos muy razonables sobre los costes de estancias hospitalarias y los costes de sus residencias “sociosanitarias”. Es probablemente el espacio más claro de “lo sociosanitario”, pero parece más claro aún que hablamos de un dispositivo más orientado a los cuidados sanitarios que a la convivencia y a la inclusión social. Vale en este asunto lo dicho anteriormente: que cada sistema se haga cargo de sus prestaciones.
Nadie, o casi nadie (en este mundo tan enfermo todo puede pasar) quiere vivir en un hospital, pero necesitamos tener la seguridad de que podemos recuperar nuestra salud, o al menos no empeorar, sometiéndonos a una intervención o a un tratamiento y cuidados sanitarios de alta intensidad, durante el tiempo imprescindible. Sin embargo la estructura de una parte importante de los “centros sociosanitarios” es una copia, y no muy creativa, de los hospitales por mucho que se presenten como centros residenciales. La diferencia está en que en un hospital el usuario no paga el alojamiento y la comida y en un centro de servicios sociales sí. Y eso interesa, interesa muchísimo aumentar todo lo que se pueda cualquier tipo de recaudación.
Insistimos: la proposición del “pacto sociosanitario” aprobada por el Congreso no es más que seguir el camino de aumentar aún mas los recortes en los servicios y prestaciones de los sistemas públicos de servicios sociales y de salud, para entregar al mercado los recursos y garantizar la sostenibilidad, no de los sistemas públicos de bienestar social, sino de las grandes empresas del sector. Eso sí, revestida de palabrería social biensonante.
RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN SU SESIÓN DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2013 CON MOTIVO DEL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL EN TORNO AL ESTADO DE LA NACIÓN
Resolución nº 10
Avanzar en la protección del Estado del Bienestar. El Congreso de los Diputados considera necesario:
1. Avanzar en un Pacto Sociosanitario entre instituciones (Estado y Comunidades Autónomas), partidos políticos y agentes sociales, en materia de sanidad y servicios sociales, para mejorar la calidad de vida de las personas, familias y su entorno, a través de la garantía de continuidad en la atención y los cuidados que necesitan coordinando y optimizando los recursos sociales y sanitarios existentes.
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