Las personas más frágiles necesitan Servicios Sociales y Sanitarios coordinados. Marzo 2013.
En el Libro Blanco de Coordinación Sociosanitaria en España, se reconocen dos posicionamientos y tendencias que se colocan bajo el paraguas de “coordinación sociosanitaria”: “las que buscan la coordinación del sistema social y el sanitario
y las que propugnan la creación de una red de atención sociosanitaria, diferenciada de las redes sanitaria y social”. Noviembre 2011
En Abril de 2007, en el contexto del análisis de repercusiones de la LAPAD, presentamos propuestas prácticas sobre coordinación sociosanitaria, aplicables significativamente a las personas con dependencia, que hemos reiterado y tratado de aclarar desde entonces. Entendimos que, puesto que la valoración de la dependencia exigía la intervención inicial de médicos y enfermeras del sistema público de salud, ofrecía también la posibilidad de intercambio de información y la colaboración para la articulación de cuidados sanitarios y sociales. Optamos entonces, y mantenemos ahora, que la misión de la coordinación sociosanitaria es garantizar la prestación integrada de servicios sanitarios y sociales a las personas que necesitan simultánea o sucesivamente, prestaciones de ambos para vivir con dignidad.
Volvimos a trabajar, esta vez planteando 20 comentarios y medidas de distinta índole, a partir de la publicación de el “Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria en España”, en el IX Observatorio de la Dependencia (Junio de
2012), si bien se constataron desconfianzas e intereses que parecían hacernos volver a la ya frase hecha de que la coordinación sociosanitaria es imposible (y en lo imposible ¡para que gastar esfuerzos!!).
En Marzo de 2013, ante la Resolución nº 10 del Congreso de los Diputados , cuyo primer punto era “Avanzar en un Pacto Sociosanitario entre instituciones (Estado y Comunidades Autónomas), partidos políticos y agentes sociales, en materia de sanidad y servicios sociales, para mejorar la calidad de vida de las personas, familias y su entorno, a través de la garantía de continuidad en la atención y los cuidados que necesitan coordinando y optimizando los recursos sociales y sanitarios existentes”, planteamos el engaño que suponía un pacto sociosanitario cuando venía precedido de medidas de destrucción del frágil sistema de servicios sociales y de la vuelta atrás de un sistema de salud con cobertura universal, acompañada de recortes y evoluciones hacia la privatización del sistema.
Vimos entonces como la FED (Federación Empresarial de Atención a la Dependencia) presentaba a la Ministra Ana Mato un documento con ideas “propuestas del sector sociosanitario para reducir el déficit público y reactivar la economía”. El presidente de la FED, José Alberto Echeverría declaraba unos días después, incidiendo la comparación entre el coste de una cama hospitalaria y el de una plaza de residencia, que «llenar las 55.000-60.000 plazas residenciales vacías le costaría a la Administración 700 millones de euros. Si no dispone de ese dinero, nosotros lo financiamos y le damos un plazo de tres o cuatro meses para que nos pague”.