– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]“centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]convivencia, la inclusión o la participación social. Pueden ser personas mayores con dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]enfermedad -o sus secuelas- junto a dificultades en la autonomía personal, la convivencia, la inclusión o la participación social. Pueden ser personas mayores con dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]personas que necesitan servicios sanitarios y sociales, porque confluyen en ellas la enfermedad -o sus secuelas- junto a dificultades en la autonomía personal, la convivencia, la inclusión o la participación social. Pueden ser personas mayores con dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]La coordinación y la atención sociosanitaria afectan a la vida de cientos de miles de personas que necesitan servicios sanitarios y sociales, porque confluyen en ellas la enfermedad -o sus secuelas- junto a dificultades en la autonomía personal, la convivencia, la inclusión o la participación social. Pueden ser personas mayores con dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]concurrirán a las próximas elecciones generales.
La coordinación y la atención sociosanitaria afectan a la vida de cientos de miles de personas que necesitan servicios sanitarios y sociales, porque confluyen en ellas la enfermedad -o sus secuelas- junto a dificultades en la autonomía personal, la convivencia, la inclusión o la participación social. Pueden ser personas mayores con dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]Sociosanitaria”, que desearíamos que fuesen asumidas por los grupos políticos que concurrirán a las próximas elecciones generales.
La coordinación y la atención sociosanitaria afectan a la vida de cientos de miles de personas que necesitan servicios sanitarios y sociales, porque confluyen en ellas la enfermedad -o sus secuelas- junto a dificultades en la autonomía personal, la convivencia, la inclusión o la participación social. Pueden ser personas mayores con dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]este manifiesto que recoge las propuestas sobre “La Estrategia de Atención Sociosanitaria”, que desearíamos que fuesen asumidas por los grupos políticos que concurrirán a las próximas elecciones generales.
La coordinación y la atención sociosanitaria afectan a la vida de cientos de miles de personas que necesitan servicios sanitarios y sociales, porque confluyen en ellas la enfermedad -o sus secuelas- junto a dificultades en la autonomía personal, la convivencia, la inclusión o la participación social. Pueden ser personas mayores con dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section](AEDGSS) y la Asociación Española de Trabajo Social y Salud (AETSYS)- presentamos este manifiesto que recoge las propuestas sobre “La Estrategia de Atención Sociosanitaria”, que desearíamos que fuesen asumidas por los grupos políticos que concurrirán a las próximas elecciones generales.
La coordinación y la atención sociosanitaria afectan a la vida de cientos de miles de personas que necesitan servicios sanitarios y sociales, porque confluyen en ellas la enfermedad -o sus secuelas- junto a dificultades en la autonomía personal, la convivencia, la inclusión o la participación social. Pueden ser personas mayores con dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]Pública (FADSP), Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS) y la Asociación Española de Trabajo Social y Salud (AETSYS)- presentamos este manifiesto que recoge las propuestas sobre “La Estrategia de Atención Sociosanitaria”, que desearíamos que fuesen asumidas por los grupos políticos que concurrirán a las próximas elecciones generales.
La coordinación y la atención sociosanitaria afectan a la vida de cientos de miles de personas que necesitan servicios sanitarios y sociales, porque confluyen en ellas la enfermedad -o sus secuelas- junto a dificultades en la autonomía personal, la convivencia, la inclusión o la participación social. Pueden ser personas mayores con dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]salud y de servicios sociales – Federación Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS) y la Asociación Española de Trabajo Social y Salud (AETSYS)- presentamos este manifiesto que recoge las propuestas sobre “La Estrategia de Atención Sociosanitaria”, que desearíamos que fuesen asumidas por los grupos políticos que concurrirán a las próximas elecciones generales.
La coordinación y la atención sociosanitaria afectan a la vida de cientos de miles de personas que necesitan servicios sanitarios y sociales, porque confluyen en ellas la enfermedad -o sus secuelas- junto a dificultades en la autonomía personal, la convivencia, la inclusión o la participación social. Pueden ser personas mayores con dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Las tres organizaciones profesionales aliadas en la defensa de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales – Federación Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS) y la Asociación Española de Trabajo Social y Salud (AETSYS)- presentamos este manifiesto que recoge las propuestas sobre “La Estrategia de Atención Sociosanitaria”, que desearíamos que fuesen asumidas por los grupos políticos que concurrirán a las próximas elecciones generales.
La coordinación y la atención sociosanitaria afectan a la vida de cientos de miles de personas que necesitan servicios sanitarios y sociales, porque confluyen en ellas la enfermedad -o sus secuelas- junto a dificultades en la autonomía personal, la convivencia, la inclusión o la participación social. Pueden ser personas mayores con dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
– Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
– Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
– El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
– Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
– Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
– No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
– Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
– Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
– Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”
– Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria
– Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
– La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
– La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo.
– La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales…