En el País Vasco las reciben casi tres de cada cuatro personas en esta situación, mientras que en nueve Comunidades ni siquiera una de cada diez personas.
Es urgente una Ley estatal de garantía de rentas, para superar las extremas diferencias que existen en cobertura y cuantía en los diferentes territorios
Ni siquiera el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI que ofrecen las Comunidades Autónomas. Así se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2018, que ha hecho público el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un porcentaje que desde 2015 se está reduciendo, habiendo alcanzado ese año su nivel más alto, con un 8,7%.
Este porcentaje encubre diferencias extremas: dos Comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen en un caso casi tres cuartas partes y en otro, dos tercios de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le sigue Asturias, donde reciben estas rentas una de cada tres personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, sólo cinco Comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Baleares, Aragón, Cantabria, Asturias, C. de Madrid y Cataluña). Las RMI de las 9 Comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha, sus porcentajes están por debajo del 2%.
La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 13,7% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja que, en los últimos ocho años apenas ha sufrido variación.
Extremadura destaca con un 32,5%, es decir, las cuantías que reciben, como media, los perceptores de las RMI en esa Comunidad, suponen casi una tercera parte de su renta media por hogar. Con 10 puntos de diferencia le sigue Cataluña, cuya cuantía media suponen más de una quinta parte de su media de renta por hogar. Sólo otras cinco Comunidades superan el 15%. Por el contrario, cuatro Comunidades tienen porcentajes inferiores al 10%, destacando Baleares con un 5,7%. Es decir, cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a sus perceptores garantizar la supervivencia.
Garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser Cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas. Las extremas desigualdades que en esta materia se evidencian en función del lugar de residencia, obliga a insistir en la necesidad de que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos. Casi todos los Partidos parlamentarios llevaban en sus programas este compromiso, si bien con notables diferencias. Sabemos la dificultad de lograr un acuerdo, pero al menos esta constatación debería haber sido motivo para iniciar, cuanto antes, los debates para alcanzar algún tipo de pacto. Pero no ha sido así. Apelamos, por ello, a la conciencia de quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica, para que se ponga en marcha en el Parlamento las Comisiones o grupos de trabajo que aborden esta cuestión, en esta misma legislatura, y que no abandonen su tarea hasta lograr ese pacto por una garantía de ingresos mínimos a tod@s l@s ciudadan@s.
Se adjuntan anexos con gráficos de detalle sobre la cobertura y cuantía de las RMI en el conjunto de España y en cada una de las Comunidades Autónomas, y su evolución en los últimos ocho años
Para más información:
Gustavo García Herrero, Coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e.mail: directoressociales@hotmail.com
Puedes descargar el informe desde aquí: