La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales califica de atentado las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno

Balancedeladependencia.com. martes,24 de julio

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales califica de atentado las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad. Y las víctimas, sin duda, son las personas dependientes, sus familias, el colectivo de profesionales, las empresas del sector  y las administraciones autonómicas.

En lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia y el nuevo Real Decreto-ley, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha manifestado en un comunicado de prensa:

1º.- El contenido del Real Decreto-ley supone la práctica destrucción del sistema de atenciones y el retroceso de los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias,incluso a los años anteriores a la aprobación de la Ley 39/2006. Se trata, por tanto, de una derogación de la Ley de Dependencia burdamente enmascarada en la falsa necesidad de sacrificios a que se está sometiendo al conjunto de la sociedad española.

2º.- Las medidas que contiene son desalmadas y crueles con las personas, al tiempo que antieconómicas. Por lo que la utilización en el texto legal de expresiones como "mejorar" o "sostenibilidad" son un insulto y una mofa hacia la sociedad en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus familiares y hacia los/as profesionales del sector de los servicios sociales.

3º.- Entre las medidas adoptadas, queremos destacar como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes:

- Se suspende la incorporación de dependientes con Grado I (moderados) hasta el 1 de julio de 2015 y se simplifica la valoración (baremo) a tres grados (sin niveles).

- Se incrementan las aportaciones de los usuarios y los descuentos de las prestaciones a percibir, llevando al límite de la capacidad real de las economías familiares.

- A cambio de este sacrificio se empeoran las atenciones y la intensidad de los servicios de proximidad, especialmente de la ayuda a domicilio.

- Siendo muy necesario regular y unificar el llamado "copago" para todas las comunidades autónomas, será imposible obtener recaudaciones por encima de 15% del total del coste actual del sistema, habida cuenta el bajísimo poder adquisitivo medio de la mayor parte de las personas atendidas (pensionistas).

- Se reduce la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%.

- De existir fraude, persígase con contundencia. Los profesionales nos ponemos a su disposición para ello. Pero de no existir o tratarse de hechos aislados, exigimos una rectificación pública por cuanto pone en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados en España. La reducción afecta a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben e una media de 55 euros al mes. El ahorro obtenido (estimado en 285 millones en el primer año) no se reinvierte en servicios o mejoras del sistema, sino que se volatiliza.

- Se crea un plazo suspensivo de dos años para la posible retroactividad de las ayudas económicas por cuidados. Por lo tanto, una persona que presenta solicitud, que resulte dependiente de Grado II o III y a la que se prescriba prestación económica por cuidados en el entorno familiar tardará dos años y medio en devengar importes.

- Se suspende la retroactividad de estas prestaciones para aquellas personas que ya se encontraban en situación generar derechos por las mismas. Las cuantías devengadas hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley se podrán abonar por las administraciones a plazos durante los próximos ocho años.

- Se eliminan las compatibilidades entre servicios. Esto impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes.

- Se "revisa" el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar. Dicha revisión consiste en que las 170.000 personas por las cuales se cotiza actualmente en el régimen especial de cuidadores, pueden voluntariamente permanecer en dicho régimen, siempre y cuando abonen por sí mismos la totalidad de la cotización.

4º.- En materia de financiación del sistema, se reducen en más de un 13% las cuantías a entregar por parte de la Administración central a las comunidades autónomas, de manera que se abunda en el recorte que pone en claro peligro la sostenibilidad del sistema.

Esta medida es especialmente sangrante por cuanto afecta con mucha más dureza a las comunidades autónomas que hicieron mejor los deberes y atienden a más ciudadanos y mayoritariamente con servicios. Resulta insólito y constituye una flagrante deslealtad institucional que esta reducción del nivel mínimo no se haya siquiera negociado en el seno del Consejo Territorial, sino que se ha tratado de una medida sorpresiva para el conjunto de comunidades autónomas.

A los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar, y, al menos, otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado, para un total de ahorro para la AGE en un año de 700 millones de euros.

Por su parte, las comunidades dejarán de gastar en su conjunto un total de 300 millones en prestaciones económicas y eliminación de retroactividades, aunque esto solo favorecerá a las "lentas" y prestacionistas y no afectará apenas a las que ofrecen servicios.



Está aquí: Home Noticias La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales califica de atentado las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno