El servicio regional de apoyo contra los desahucios concede citas a 128 familias, 77 con carácter urgente

Diario Palestino.es

13/11/2012

Un total de 134 familias de Castilla y León ya han solicitado una cita con el servicio regional de apoyo a las personas en riesgo de desahucio, puesto en marcha por la Junta el 1 de noviembre, de las que a seis se les denegó por no cumplir los requisitos y de las 128 restantes aproximadamente la mitad ya han sido atendidas,

según explicó en las Cortes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien aclaró que a varias de ellas ya se les ha concedido la Renta Garantizada de Ciudadanía como primer instrumento para solucionar sus problemas.

Marcos comentó que, de esas 128 peticiones de ayuda tramitadas en los primeros doce días de funcionamiento de este nuevo servicio, 77 serán atendidas con carácter urgente porque «ya se encuentra muy evolucionado» el proceso de pérdida de su vivienda y «ya no se pueden aplicar medidas preventivas».

La consejera compareció a petición propia en la Comisión de Familia de las Cortes para informar sobre este nuevo servicio, que señaló que nace para dar respuesta a una situación preocupante porque en Castilla y León se han producido más de 7.00 desahucios desde 2007, con 3.027 en 2011 y 2.297 en el primer semestre.

Para hacer frente a este problema, Marcos detalló que durante varios meses desde su departamento se estudiaron las iniciativas desarrolladas por otras comunidades y países, y las propuestas de organismos como el Defensor del Pueblo y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, además de contactar con las organizaciones del tercer sector y con las entidades financieras.

El resultado de todo este trabajo, recalcó, ha sido un servicio «integral y coordinado» que no sólo atiende a las personas en riesgo de perder su vivienda, sino que trabaja en la prevención de estas situaciones, y en el que además colaboran varias consejerías como Economía y Fomento, las corporaciones locales, entidades sin ánimo de lucro como Cáritas, los colegios profesionales de Abogados y Registradores de la Propiedad, y entidades financieras.

Marcos explicó que este servicio está pensado para las familias totalmente integradas en la sociedad a las que una situación objetiva de sobreendeudamiento por dificultades económicas, coyunturales o sobrevenidas, les impidan afrontar el pago de sus obligaciones hipotecarias.

Al respecto, indicó que los requisitos para acceder a este programa son los lógicos, como que la vivienda que no puedan pagar sea la habitual y que no posean otras en propiedad, que esté en Castilla y León, que al menos uno de los propietarios esté empadronado en la Comunidad, que la casa no cueste más de 300.000 euros y que sean 'deudores de buena fe'.

En cuanto a los tipos de intervención previstos, la consejera señaló que por un lado se realizan labores de «prevención para personas en situación de sobreendeudamiento en riesgo de insolvencia», fundamentalmente a través de la elaboración de planes de economía familiar. Además, se llevará a cabo una interlocución con los bancos para los que están en riesgo de ejecución hipotecaria mediante el apoyo a la elaboración de propuestas de planes de reestructuración de la deuda adaptadas a cada caso. Las entidades que se han suscrito a este programa han designado un interlocutor único para el proceso.

Por último, cuando ya se ha producido el lanzamiento hipotecario, se realizará una intervención paliativa para ayudar a la familia a utilizar todos los programas con los que cuentan los servicios sociales regionales y a buscar alojamientos alternativos en caso de emergencia. Además, en los tres procesos se pueden utilizar medidas de orientación laboral para ayudarles a encontrar empleo y superar así su situación.

Críticas de la oposición. Desde el Grupo Socialista, el procurador Jorge Félix Alonso consideró que este nuevo servicio es escaso porque Familia no ha sabido implicar en él a otras consejerías que tienen mucho que decir en el tema, y se limita sólo a los servicios sociales, además de asegurar que no ofrece alternativas a las más de 12.000 familias que ya han sido desahuciadas.

Asimismo, Alonso criticó que se deja en manos de la «buena voluntad» de las entidades financieras la aceptación de la interlocución de la Administración y consideró que debería haber «medidas legislativas que les obliguen» a acatarlo.

Por parte del Grupo Mixto, el procurador de IU José María González denunció que ni la Junta ni los sucesivos gobiernos nacionales se han preocupado de este problema en los últimos años hasta que «se les ha removido la conciencia a golpe de suicidios de los desahuciados» y que ahora se plantean medidas limitadas, sin presupuesto y que no incluyen el obligar a las entidades financieras a sentarse a negociar una solución para esas familias, que es lo fundamental.

Desahucios suspendidos. Por otra parte, el l Consejo de Administración del Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (CEISS) acordó suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables.

Según informaron fuentes de la entidad, con esta decisión se suma a la iniciativa adoptada en este mismo sentido por la CECA. La medida estará en vigor hasta que se concrete la reforma normativa sobre desahucios anunciada por Gobierno y partidos

Está aquí: Home Noticias El servicio regional de apoyo contra los desahucios concede citas a 128 familias, 77 con carácter urgente