La fuerza del pueblo contra los desahucios

Sur.es

11/11/2012

El último caso en el que actuaron fue hace dos semanas en La Palma. Componentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), apoyados por vecinos de la barriada, consiguieron paralizar el desahucio de una familia con dos hijos de cinco y dos años por el impago de su hipoteca. La presencia de ciudadanos organizados en la PAH o en los movimiento Stop Desahucios o el 15-M

se ha convertido en una constante desde que se agravaron los efectos de la crisis. Antes de 2009, año en el que nace la PAH en Málaga, asociaciones de consumidores como Adicae ya venían denunciando las cláusulas, abusivas a su juicio, de las hipotecas, y advertían de sus posibles consecuencias.

Después de tres años de presión, el activismo de personas anónimas ha conseguido llevar a la agenda política una lacra que ha tenido como consecuencia el suicidio de tres personas cuanto estaban a punto de desalojarles de sus hogares en Granada, Burjassot (Valencia) y este último jueves en Baracaldo (Vizcaya). Y desde la PAH en Málaga, Sara Vázquez asegura que son solo tres víctimas «que se conozca», apuntando a que podrían ser muchas más las que, empujadas por la desesperación, habrían tomado esta decisión durante el largo y tortuoso proceso judicial que conlleva a la expulsión de la casa.

La reunión esta semana de los dos grandes partidos, que podría llevar al Gobierno a anunciar mañana lunes la paralización de los desahucios de las familias más vulnerables, llega la misma semana que el Tribunal europeo, a instancias de la denuncia presentada por un juez español, alertaba de que la normativa española contra los desahucios es ilegal.

El balance para llegar a esta decisión es estremecedor. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo en la provincia, desde 2007 se han dictado más de 16.500 ejecuciones hipotecarias, que es el inicio del proceso de desahucio. Entre 2008 y junio de 2012 se han ejecutado o están en proceso 10.335 desahucios. En el segundo trimestre de este año, se produjeron 90 ejecuciones o comunicaciones de lanzamientos a la semana -en este dato se incluyen también los desahucios por alquileres-.

Los desahucios de propietarios están al fin sobre la mesa del Gobierno. Pero las plataformas y asociaciones implicadas siguen recelosas el proceso. «Lamentamos que solo se hayan reunido el PP y el PSOE y hayan dejado fuera otras fuerzas políticas que venían demandando un cambio, así como a las plataformas de afectados», indica Sara Vázquez.

Críticas al acuerdo

Para Vázquez, la consecuencia más negativa de una acción del Gobierno sin contar con todas las partes sería la paralización de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ya cuenta con 500.000 firmas y que pide mucho más de lo que, hasta el momento, se ha desprendido de la reunión del pasado lunes. «Nosotros pedimos la dación en pago con efecto retroactivo con la cancelación de todas las deudas, la paralización inmediata de los desahucios y un alquiler social en los propios hogares», dice Vázquez, que cree que las medidas que llegue a plantear Rajoy no solo llegan tarde, sino que, temen, será solo una capa de maquillaje, como lo ha sido a su juicio el Código de Buenas Prácticas Bancarias. «No se puede esperar la voluntariedad de los bancos, sino exigirles un cambio», añade.

«El Gobierno se ha visto acorralado por las plataformas ciudadanas, las críticas de Europa y acciones individuales dramáticas», dice Luis Barriga, de la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales (ADGSS). Barriga pide que se tomen medidas de carácter urgente para no dejar a más familias en la calle y que, además de perder sus casas, mantengan parte de la deuda con los bancos debido a la caída de las tasaciones. «Es injusto y les condena a la exclusión social y a la economía sumergida sin capacidad de remontar », dice.

Barriga critica que los grandes partidos apunten a una reforma de la Ley Hipotecaria cuando lo que hay que reformar, según defiende ADGSS, es la Ley Concursal. «No hay ningún país donde el ciudadano quede tan desprotegido como aquí ante el sobreendeudamiento», añade. Un debate que la calle ha llevado hasta los gobernantes.

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