Carta a la Ministra Dª Ana Mato desde la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos

 Doña Ana Mato Adrover

Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Presidenta el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Madrid, 18 de abril de 2012

Señora Ministra:

La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y de los Servicios Públicos le dirigimos esta carta en su calidad de Presidenta el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el fin de que dé traslado de la misma a todos y cada uno de sus miembros,  Consejeros competentes en materia de sanidad de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

El pasado 30 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, unas cuentas que tienen como fin lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria comprometido por el Gobierno, hasta el 5,3% del PIB, 3,2 puntos menos que el 8,5% en que cerró 2011. Este compromiso se ha traducido en un nuevo recorte de 27.300 millones de euros en los PGE 2012, lo que equivale al 2,5% del PIB. Pero de nuevo, el reparto no es igual: 0,8 puntos de PIB corresponden a incrementos de ingresos y 1,7 puntos a recortes de gasto.

Estos PGE no nos van a devolver a la senda de la recuperación económica, y por tanto tampoco van a generar empleo, cuestión por otro lado ya reconocida por el Ejecutivo y cifrada en una pérdida de 630.000 empleos en 2012 en la presentación del techo de gasto, a los que hay que sumar los derivados de los recortes de los PGE 2012

Un primer análisis cuantitativo de los PGE en relación con la sanidad nos permite afirmar  que el total de créditos previsto en la política de Sanidad para el año 2012, asciende a 3.974,62 millones de euros, lo que representa respecto al ejercicio anterior 288,96 millones de euros menos, un recorte del 6,8%.

Los créditos asignados al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a sus Organismos Autónomos de carácter sanitario dentro de la política de Sanidad ascienden a 297,17 millones de euros, un 17,1% menos que en 2011.

A este panorama se añade el anuncio de medidas que supondrán un recorte adicional 10.000 millones en sanidad y educación, servicios públicos fundamentales y pilares básicos del Estado de Bienestar. Los detalles sobre su distribución sectorial y su aplicación en los distintos capítulos presupuestarios solo confirmarán los peores presagios sobre sus efectos en los sistemas sanitario y educativo.

Las medidas que se están adoptando por parte de la mayoría de las Comunidades Autónomas en los Servicios Autonómicos de Salud, paralizando inversiones, reduciendo personal y equipos, cerrando unidades, plantas y camas, incrementando las listas de espera, etc., están suponiendo ya un deterioro de la calidad de nuestra Sanidad, que hasta ahora había sido considerada de las mejores del mundo. La ciudadanía y los profesionales de la Salud están notando ya los efectos de los recortes y muestran su preocupación y malestar por los mismos.

El establecimiento de un segundo copago o “repago” en las prestaciones farmacéuticas, más allá de que tenga poca efectividad recaudatoria, va a disuadir la adquisición de medicamentos a los sectores con menores recursos y pacientes con enfermedades crónicas, introduciendo un elemento de discriminación hacia la población precisamente más necesitada por su situación económica o estado de salud.

Por otra parte las medidas que se están barajando de reforma del Sistema Nacional de Salud, tales como la reducción de la Cartera de Servicios, el establecimiento de copago (“repago”) en las urgencias, o por día de hospitalización, representan un inaceptable retroceso en el derecho a la salud y volver a la situación anterior a la Ley General de Sanidad.

En nuestra opinión no tienen fundamento las justificaciones que se están dando para defender estos recortes de derechos sanitarios, en especial la supuesta insostenibilidad del gasto sanitario. Según datos de la OCDE sobre salud 2011, en 2009, el gasto sanitario total, como proporción del PIB, alcanzó 9,5% en España, con una distribución aproximada de 7% en gasto público y 2,5% gasto privado. Muy lejos del gasto público de países como Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca o Noruega. Según el mismo informe, España se encuentra por debajo del promedio de la OCDE en términos de gastos totales per cápita, con un gasto promedio de 3,067 USD en el 2009 (ajustado por poder de paridad de compra), mientras el promedio en la OCDE alcanzó 3,223 USD.

Por tanto, el gasto sanitario público actual no debe considerarse un problema para la sostenibilidad del sistema Nacional de Salud, muy al contrario, mantenerlo y, en su caso, aumentarlo, supone adoptar medidas que mejoren su eficiencia, calidad, equidad y cohesión.

La crisis económica internacional ha tenido como una de sus consecuencias la importante caída de los ingresos de las Administraciones Públicas, generando una situación de grave dificultad presupuestaria para los servicios públicos en general y para la sanidad pública, en particular, cuyo peso en los presupuestos de las Comunidades Autónomas ronda alrededor del 40% del total.

Es necesario, por tanto, definir criterios que permitan incrementar los ingresos para el sistema sanitario y avanzar desde las Administraciones Públicas, en los presupuestos de los Servicios de Salud adaptándolos a las necesidades reales de los mismos y progresando en su carácter finalista, dotándoles de la suficiencia financiera necesaria para adecuar el funcionamiento del sistema sanitario público a las demandas y necesidades de atención que tiene la población.

Somos conscientes de las dificultades de financiación y gestión de un sistema complejo y universal, que los ciudadanos valoran especialmente por ser redistributivo y solidario entre sanos y enfermos. Es un sistema basado en la equidad como principio democrático. Razones por las que debe mejorarse la transparencia mediante la evaluación de los distintos modelos de gestión existentes en el ámbito del SNS, con el fin de fortalecer el control y la naturaleza pública de los servicios sanitarios en relación con su titularidad, financiación, gestión y provisión.

Consideramos que el Sistema Nacional de Salud, en una sociedad que cambia y en una realidad demográfica, económica y social diferente a la existente cuando se aprobó la Ley General de Sanidad y tras la experiencia adquirida en su gestión por parte de las Comunidades Autónomas,  requiere actualizaciones, mejoras en su funcionamiento, revisar disfunciones, optimizar y racionalizar los recursos, etc. No negamos, por tanto, la necesidad de reformas, pero éstas no deben estar dirigidas a satisfacer, ni estar condicionadas, por las presiones de los mercados, sino por el objetivo de mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, con el pleno consenso político y social.

Apelamos al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por ser el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado, para que defienda la naturaleza pública y la calidad del Sistema Nacional de Salud y evite cualquier medida de restricción presupuestaria que pueda poner en riesgo sus principios y fines.

Reciba un cordial saludo.

 

 

 

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