Manifiesto en defensa del Estado del Bienestar y de los servicios públicos

Con la sanidad y la educacion no se juega

 El Estado del Bienestar tiene su base en la existencia de unos servicios públicos de calidad, universales y accesibles

que atienden con eficacia las necesidades de la ciudadanía, sobre la base del principio de igualdad. Por ello, el

gasto social destinado a

 mantener los servicios públicos, es la mejor inversión que los gobiernos pueden hacer para

favorecer la salida de la crisis.

Nuestros servicios públicos constituyen uno de los sectores productivos más dinámicos y generadores de empleo

del país, son un sector estratégico y de alto valor añadido de la economía española, que concentra conocimiento,

genera igualdad y cohesiona la sociedad en nuestro país.

España no solo no gasta más que otros países de la UE en el sostenimiento del Estado del Bienestar, sino que el

gasto está muy por debajo de la media europea. Según datos de EUROSTAT del año 2009, en España, el gasto

social en porcentaje del PIB fue del 25%, mientras que en la UE-15 del 30,3% y en la UE-27 el 29,5%, con una

tasa de empleados públicos por debajo de la media de la Unión Europea.

Las decisiones que están adoptando el Gobierno de España y la mayoría de los gobiernos autonómicos de recortar el

gasto social, mediante la reducción de las prestaciones, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y la destrucción

de empleo público, ponen en riesgo el Estado del Bienestar que es patrimonio de la ciudadanía.

La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos manifestamos a los gobiernos,

central y autonómicos, nuestro rechazo al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, así como al

recorte adicional de 10.000 millones en sanidad y educación aprobado por el Consejo de Ministros. Suponen un

durísimo recorte en los servicios que debe prestar el Estado a los ciudadanos como Sanidad, Educación, Servicios

Sociales, Atención a la dependencia, Seguridad Ciudadana, Cooperación al Desarrollo, Ayudas para el acceso a la

vivienda, Administración de Justicia, etc.

CON LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD NO SE JUEGA

El gasto en estos servicios públicos es parte del gasto social y, a diferencia de lo que afirma el Gobierno, NO SON

GRATUITOS. Se financian mediante impuestos, procedentes fundamentalmente de las rentas del trabajo, a los que

contribuye el conjunto de la ciudadanía y constituyen la mejor forma de redistribución social de la riqueza y son

una inversión para el presente y el futuro.

Defendemos la gestión pública directa como la mejor fórmula para el acceso universal a los servicios públicos en

condiciones de equidad de acceso, tanto en el ámbito rural, como en el urbano, y es garantía de calidad y tutela

del ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la salud, educación, y los servicios sociales.

Denunciamos, por tanto, las políticas de ajuste porque reducen las inversiones públicas y ocasionan un grave

deterioro de los servicios públicos básicos y sus consecuencias en la calidad de vida de la ciudadanía, muy especialmente

de las mujeres y los sectores más vulnerables de la sociedad, agudizan el retroceso social, obstaculizan la recuperación

económica y la generación de empleo de España.

La enseñanza pública ha impulsado el avance de nuestro país y forma parte del contrato social gracias al derecho

constitucional a la educación. Los 3.000 millones de euros adicionales recortados por el Gobierno en este ámbito

suponen un retroceso para salir de crisis al masificar las aulas, reducir la educación infantil de 0-3 años, aumentar

las ratios de alumnos, la sobrecarga de horas lectivas, la no cobertura de las bajas de los docentes, reducir las

becas, endurecer los requisitos para logar una ayuda al estudio, congelar la oferta de empleo público, subir las

tasas universitarias. Todas y cada una de estas medidas obstaculizan el acceso a la educación y suponen además de

un grave coste social, para las familias y la sociedad en general, el anuncio de una generación desaprovechada.

La sanidad pública, es uno de los servicios públicos mejor valorado por los ciudadanos. Los 7.000 millones de

euros adicionales recortados por el Gobierno supondrán el incremento de los conciertos privados y de la colaboración

público-privada, al tiempo que se seguirán cerrando centros y servicios públicos (ambulatorios, servicios de urgencia

nocturnos, camas hospitalarias, equipos diagnósticos y quirófanos especialmente en horario de tarde) y aumentará

la privatización de servicios. Opciones que se presentarán como una solución a los problemas de gestión directa

del sistema sanitario público.

El Gobierno pretende condenar, con demagogia y sinrazón, a los inmigrantes que viven en España a no acceder a

la tarjeta sanitaria, incumpliendo el mandato constitucional de que los poderes públicos garanticen y tutelen la

salud pública para el conjunto de la población. Esta decisión tendrá efectos negativos en la salud pública e incrementará

los gastos sanitarios.

Lo más preocupante, en los próximos meses, es el anuncio del Gobierno de una nueva definición de la Cartera

Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, que se dividirá en tres niveles diferenciados: la Cartera común

básica de servicios asistenciales, la Cartera común suplementaria y la Cartera común de servicios accesorios, que

podrá incorporar un repago según el tramo, mediante el aseguramiento privado o el pago efectivo en el momento

de la prestación. Podemos vernos con un sistema dual y romper el principio de solidaridad que tiene nuestro SNS.

Rechazamos la apuesta del Gobierno al plantear formulas de copagos y repagos, porque recaen sobre quienes no

tienen la formación técnica suficiente y sobre los que necesitan más protección: los más enfermos y los más

mayores. Por primera vez en la democracia 8 millones de pensionistas participarán en el copago farmacéutico y se

incrementará la aportación de la mayoría de la ciudadanía. Las consecuencias serán inmediatas y los pensionistas

con menos ingresos y dolencias crónicas dejaran de acudir a las consultas de Atención Primaria, aumentando los

riesgos para su salud y, consecuentemente, incrementandose los gastos de hospitalización.

Por todo ello, la Plataforma rechaza estos presupuestos y los recortes adicionales en sanidad y educación. Consideramos

que el Gobierno está aprovechando la coyuntura actual de crisis, como escusa, para imponer su modelo

social. Estas medidas no aportan ahorro a las arcas públicas, además se pierden multitud de puestos de trabajo público

estables, por otros temporales y con muy bajos salarios. En el actual contexto económico, social y laboral, es

necesario revisar los plazos de cumplimiento de reducción del déficit, de manera que los recortes no impidan la inversión

productiva y el mantenimiento del gasto que garantiza la protección social de los ciudadanos.

HAY OTRA MANERA DE SALIR DE LA CRISIS

El mantenimiento y mejora del Estado del Bienestar, garante de la igualdad de oportunidades, la cohesión social,

la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad y el progreso individual. Para ello

es necesaria una reforma integral del sistema fiscal.

El incremento y mejora de los servicios públicos de interés general por ser yacimientos de empleo cualificado,

fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social.

La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, compuesta por más de 55

asociaciones, estamos dispuestos a defender el presente y el futuro del Estado del Bienestar, y exigimos al Gobierno

que rectifique esta política y acepte otras opciones más justas y equitativas para superar la crisis.

Madrid, 24 de abril de 2012

Exigimos al Gobierno que deje de gobernar con imposiciones y empiece

a escuchar a la ciudadanía.

Hacemos un llamamiento a participar en las manifestaciones

convocadas para el próximo día 29.

Con el lema "Ya está bien. Quieren acabar con todo.

Con la educación y la sanidad no se juega".

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