Directores de Servicios Sociales reclaman medidas urgentes que garanticen una vida digna a millones de españoles

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Estatal de Directores y un Plan de Rescate de personas y familias con medidas urgentes de Protección Social Básica que garanticen "una vida digna" a millones de españoles que actualmente viven bajo el umbral de la pobreza o están cerca de caer en la exclusión.

Esta es una de las conclusiones del Debate sobre el Estado Social de la Nación que se ha celebrado durante dos días en Madrid auspiciado por esta organización y entre cuyas resoluciones, recogidas en un informe que se ha registrado este martes en el Congreso, figura también la reivindicación de "cambios normativos para garantizar el saneamiento de deudas de particulares sobreendeudados".

Sobre el Plan de Protección Social, se pide una financiación no inferior a 10.000 millones de euros que saldrían de modificar y mantener el parcialmente recuperado impuesto de patrimonio o reemplazarlo por un tributo a las grandes fortunas; recuoerar el impuesto de sucesiones donde se haya eliminado, anular la rebaja de impuestos a rentas superiores a 120.000 euros al año, y subir el impuesto de sociedades.

Según las resoluciones del debate sobre el Estado Social de la Nación, estas medidas permitirían recaudar más de 22.000 millones de euros anuales, con los que se podría financiar medidas como la reposición del 45,5% que el Gobierno ha recortado al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y crear una partida especial para armonizar al alza la cuantía de las Renta Básica de Inserción.

También proponen la creación de una partida para reforzar los presupuestos de las entidades locales destinados a proporcionar ayudas de urgente necesidad a personas y familias para atender necesidades básicas y otra para garantizar becas de comedor escolar desde septiembre a junio, a todos los niños de familias sin recursos suficientes, entre otras medidas.

Respecto a los cambios normativos para garantizar el saneamiento de deudas de particulares, se insta a las Cortes a "acometer de manera urgente una nueva regulación jurídica que prevenga y proteja las situaciones de insolvencia de particulares". El objetivo es regular los procedimientos extrajudiciales de mediación entre deudores y acreedores.

Asimismo, se busca una regulación que permita conseguir garantías judiciales para que las personas físicas puedan acometer planes razonables de reordenación de sus deudas frente a las entidades crediticias de forma que se garanticen las condiciones básicas para una vida digna, y que se posibiliten moratorias y otras fórmulas que permitan el reflotamiento económico.

"Hasta la elaboración del texto legal, se insta al Gobierno a que decrete con carácter de urgencia una norma transitoria que faculte a los jueces para actuar en defensa de los deudores adoptando resoluciones ejecutivas entre las que cabrán las moratorias o la suspensión de procedimientos ya iniciados", señala el informe.

Por otra parte, las resoluciones del debate abordan también la situación de la Ley de Dependencia, cuya reforma está en ciernes, para pedir que no se "descuartice" el sistema. El informe reclama que cualquier modificación de la norma se lleve a cabo por vía parlamentaria y no mediante decreto, que se recupere la financiación del nivel acordado que se ha eliminado y se ponga plazo a la atención de los dependientes moderados.

Además, solicitan que se mantenga como un sistema de servicios, estableciendo los límites necesarios a las prestaciones económicas por cuidados familiares, que se respeten la valoración, la prescripción y la inspección como funciones del sistema que han de llevarse a cabo por parte de las Administraciones a través de gestión directa indelegable y el control público en el acceso y provisión de servicios, garantizando la libertad de elección, entre otras medidas.

Aprobar una norma estatal de carácter básico en materia de servicios sociales, reforzar las medidas de justicia en materia fiscal, para evitar recortes y para desarrollar los sistemas de protección social y poner en marcha un sistema de información de servicios sociales completan las propuestas nacidas del citado debate sobre el Estado Social de la Nación

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