Según la certificaciones anuales de las CCAA en 2020, la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.907 millones de euros.

  • Las Comunidades Autónomas financiaron el 84,4% del Sistema de la Dependencia, con 7.517 millones de euros (un 4,13% más de gasto que en 2019). La aportación estatal se sitúa en el 15,6%, con 1.390 millones de euros.
  • 7.991 euros fue el gasto anual medio por persona beneficiaria en 2020, de los cuales, según los anteriores porcentajes, la Administración General del Estado aportó 1.247 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas 6.744 euros.
  • Cuatro comunidades han disminuido en 2020 respecto a 2019 el gasto anual invertido en la atención a personas en situación de dependencia: Cantabria, Madrid, Castilla La Mancha y La Rioja.

Siempre analizando los datos de acuerdo con las certificaciones oficiales (* Certificaciones según ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013.)

La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 e incluso su participación porcentual bajó con respecto al año anterior, siendo el valor más bajo de la historia de la aplicación de la Ley de Dependencia. Es obvio que –en el año del COVID- alguien ha considerado otras prioridades

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