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FALTAN MÁS DE 70.000 PLAZAS RESIDENCIALES PARA PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA

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Las plazas de financiación pública representan el 60% de las 381.158 plazas residenciales para personas mayores que hay en España

Sólo en 5 Comunidades se alcanza la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años

Aunque desde 2010 ha aumentado en un millón el número de personas mayores en España, sólo ha crecido en 12.353 el número de plazas residenciales

El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9 millones en 2019. Sin embargo, en este mismo tiempo las plazas residenciales solo se han incrementado en 12.353, según el informe recientemente publicado por el IMSERSO. En consecuencia, la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido pasando de 4,56 a 4,21, lo que la aleja del objetivo del 5% que aconsejan los organismos internacionales. Y evidencia un déficit de 70.000 plazas en términos absolutos.

Situación y evolución pdf

 

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Por su parte, las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,5 por cada 100 mayores de 65 años, es decir, la mitad de la ratio aconsejable. Hay que recordar que unas 100.000 personas que tienen reconocido actualmente grado II y III de Dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho. No se sabe cuántas de ellas han solicitado plaza residencial, pero las estimaciones que se pueden realizar, a partir del % de personas con grado II y III de dependencia que están recibiendo servicios residenciales, nos permite afirmar que serían unas 70.000 personas, una cifra coincidente con el déficit global de plazas residenciales que hemos señalado.

La situación muestra diferencias muy significativas entre Comunidad Autónomas, como viene siendo habitual en todo lo que tiene que ver con Servicios Sociales. Sólo 5 Comunidades alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y sólo una (Castilla y León) alcanzan también esta ratio con plazas de financiación pública.

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Los principales déficits de plazas residenciales, para alcanzar al menos la ratio de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años son Andalucía (27.981), C. de Valencia (20.844), Galicia (14.858), Región de Murcia (8.364), Cataluña (8.038), Comunidad de Madrid (7.479), Canarias (7.364) y País Vasco (6.063)

Las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y las de financiación privada, destacando en este sentido Comunidades como Aragón, Comunidad de Madrid o Asturias, donde existe un mayor número de plazas residenciales de financiación privada que pública.

Existen también grandes diferencias en los precios y cuantías que abonan los usuarios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados, en una horquilla que va desde menos de 7.000 € anuales en Comunidades como Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 € en Aragón, Región de Murcia, Navarra o País Vasco; en estas dos últimas Comunidades con cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 € respectivamente. Vale la pena recordar que la pensión media en España no alcanza los 1.000 € mensuales (1.140 € la de jubilación y 713 la de viudedad). Resulta así que en algunas Comunidades los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30%, incluso una de ellas, La Rioja, en 25%.

Estos datos expresan el esfuerzo que deben realizar algunas Comunidades para promover la construcción de nuevas plazas residenciales para personas mayores y para incrementar las plazas de financiación pública, que aseguran el derecho efectivo a una plaza residencial cuando se precise.

Pero hay otros debates pendientes, como la ubicación de las plazas residenciales en el territorio, ya que su carencia se centra en las grandes urbes, mientras que, en los medios rurales, en ocasiones excedentarios en plazas, no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad, constituyendo un factor que agudiza el vaciamiento de estos territorios, y el sufrimiento de quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos.

También es imprescindible debatir sobre las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, especialmente en la necesidad de incrementar la ratio gerocultores/as y reformular sus funciones y su remuneración. Pero, sobre todo, es necesario un debate en profundidad sobre el modelo residencial, para superar el modelo asistencialista y sobreprotector que todavía impregna estos centros, avanzando hacia modelos que ofrezcan entornos íntimos, evitando la masificación y facilitando una la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona.

Se adjuntan anexos con gráficos del conjunto de España y en cada CC.AA, y su evolución desde 2010.

Para más información:. e.mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

20.000 personas más en lista de espera en el último año

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El saldo de 2019 presenta 20.000 personas más en una lista de espera que ya se eleva a 270.000 personas con derecho a servicios o prestaciones que no reciben.  Preocupa también el incremento de personas pendientes de valoración de dependencia que ya asciende a 160.000 (30.000 más que hace un año).

A pesar de que el número de atendidos asciende a 1.115.000 personas, el saldo positivo de 61.000 personas más del último año, es claramente insuficiente para absorber la demanda.

En ocho Comunidades ha subido la lista de espera, al ritmo de incorporaciones de beneficiarios del último año se tardarían cuatro años y medio para lograr la plena atención.  Dos Comunidades terminaron el año con menos beneficiarios que cuando empezó, (Asturias -966 y Extremadura -952) y las dos Comunidades que más beneficiarios incorporaron han sido la Comunidad Valenciana (+13.888) y Castilla y León (11.402)

Hasta el momento, tan solo se ha dado cumplimiento a dos de los compromisos del Pacto de Estado por la Dependencia: la recuperación del derecho de las cuidadoras a cotizar en el convenio especial de cuidadores no profesionales y la mayor transparencia del sistema, a la espera de la aprobación e implantación de la nueva estadística oficial.

Sin embargo, las prórrogas de los presupuestos recortados han devenido en una nueva ralentización del sistema durante el año 2019 que ha derivado en un muy preocupante empeoramiento de las cifras de manera que por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha vuelto a aumentar.

Al incremento de personas en espera hay que añadir lo escandaloso de los plazos de tramitación; 426 días de media con grandes variaciones interterritoriales, lo que indica que a la losa de la insuficiencia en la financiación hay que añadir gravísimos problemas de gestión.

En Extremadura y en Asturias, durante 2019, ha disminuido el número de personas atendidas (-966 y -952 respectivamente). En la mitad de las comunidades autónomas la lista de espera ha aumentado: Extremadura (7,9%); Asturias (7,8%); Comunidad de Madrid (4,3%); Región de Murcia (3,9%); Islas Baleares (3,3%); Comunidad Valenciana (1,9%); Galicia (0,6%) y Melilla (0,3%).

En el lado de los incrementos de personas atendidas, la Comunidad Valenciana ha sido la que más ha aumentado el número de beneficiarios (+14.119), dándose la contradicción de que, aunque aumenta en su lista de espera, esto es debido al gran número de personas con derecho que ha incorporado al Sistema (+18.076). La siguiente comunidad en incremento anual de personas atendidas es Castilla y León (+11.402).

Al ritmo en que han aumentado el número de beneficiarios en 2019 y teniendo en cuenta el número de personas que se encuentran en la lista de espera se tardaría más de una legislatura completa para llegar a la plena atención bajo la ficción de que no entraran nuevos solicitantes.

Entre las consecuencias de lo expuesto resulta especialmente doloroso que haya personas con derecho efectivo (con algún grado de dependencia reconocido) que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones Estimamos que en 2019 esta situación ha afectado a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años. Tremenda forma de reducir las listas de espera.

Otra consecuencia es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, muy especialmente a las mujeres ya que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas. Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes.

No todos los problemas del sistema son financieros, pero es evidente que el recorte mantenido desde 2012 ha dinamitado la capacidad de las administraciones gestoras para ofrecer mejores resultados.

Dentro de las prioridades sociales existentes es ya urgentísimo acometer una inyección financiera decidida en el sistema dirigida a absorber la demanda existente con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas.

El Gobierno de España debe cumplir urgentemente el Pacto por la Dependencia y recuperar los recortes producidos desde el año 2012, lo que no bastará para dar plena atención a todas las personas.

Reducir la lista de espera en un 75%, esto es, incrementar el número de personas atendidas en 200.000 tiene un impacto anual de 1.300 millones de euros (equivalente a la actual aportación estatal al sistema) y requiere unas maquinarias de gestión bien ordenadas y engrasadas.

El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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