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SÁNCHEZ SIGUE LA AGENDA DE RAJOY EN DEPENDENCIA

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23 de noviembre de 2018

SÁNCHEZ SIGUE LA AGENDA DE RAJOY EN DEPENDENCIA

El borrador de Decreto sobre financiación de Dependencia del Gobierno Sánchez copia la agenda del Gobierno Rajoy (menos dos céntimos)

El borrador de real decreto sobre el Nivel Mínimo de financiación que la Secretaría de Estado de Servicios Sociales ha remitido y va a presentar ante la Comisión Delegada del Consejo Territorial convocada para el próximo martes 27 de noviembre, contiene en su anexo las cuantías mensuales con las que la Administración General de Estado “garantizará” en 2019 la atención a las personas dependientes que, en este caso –como ocurrió en 2018-, subirán poco más del 5%.

Se da la circunstancia de que el 25 de abril de este mismo año (un mes antes de la moción de censura) el gobierno del PP ya trasladó a las Comunidades Autónomas un borrador de real decreto con la siguiente propuesta de financiación para 2019 en su anexo:

Grado de dependencia

Mínimo de protección garantizado
Euros/mes

Grado III Gran Dependencia

200,13

Grado II Dependencia Severa

90,15

Grado I Dependencia Moderada

49,18

Pues bien, el borrador que maneja el actual Ministerio contiene las siguientes cuantías para el próximo año:

Grado de dependencia

Mínimo de protección garantizado
Euros/mes

Grado III Gran Dependencia*

200,11

Grado II Dependencia Severa

90,15

Grado I Dependencia Moderada

49,18

* Suponemos que los dos céntimos menos para el Grado III que propone el Gobierno de Pedro Sánchez se deben a una anecdótica errata más que una sesuda cuestión contable.

No podemos comprender cómo en un asunto en el que existe un clarísimo acuerdo de todo el arco parlamentario (a excepción del Partido Popular), no se atiende a las razones tantas veces expresadas por este Observatorio, por las plataformas de afectados y por la sociedad en su conjunto, para la adopción de medidas urgentes en esta materia.

Se está incumpliendo la ley de manera flagrante. El calendario progresivo de aplicación finalizó en 2015 y sin embargo hay en este momento 270.000 personas con derecho pero sin que se les permita ejercer el mismo. Es fácil prever que cerca de 30.000 personas fallecerán antes de que reciban prestación o servicio alguno. Los derechos cercenados por el decretazo del año 2012 siguen haciendo daño (menor intensidad en ayudas a domicilio, incompatibilidades entre servicios, “carencia” de dos años para atender a los que optan por prestaciones económicas, menor cuantía de estas, etc…)

Todos los grupos en el Congreso (excepto el PP) suscribieron en diciembre de 2016 (en el décimo aniversario de la Ley) un pacto en el que se comprometían, al menos, a recuperar los recortes producidos en 2012. La Conferencia de Presidentes pidió en 2017 un análisis profundo de la cuestión y se emitió un informe con total acuerdo territorial en cuanto a la necesidad de incrementar la financiación de manera decidida (octubre de 2017).

El propio grupo socialista presentó en el Congreso con fechas 12 de abril de 2018 -a solo 50 días de la moción de censura- una Proposición no de Ley con el compromiso de recuperación de recortes (idéntico texto del pacto de 2016). Tras el oportuno debate, se aprobó la PNL por ¡205 votos a favor! 130 en contra (PP) y 2 abstenciones. Una mayoría bastante más contundente que la que expulsó a Rajoy del Gobierno y ha sentado a Sánchez en La Moncloa.

En 2019, y con un gobierno socialista, 30.000 personas en situación de dependencia fallecerán esperando recibir las atenciones a las que tienen derecho reconocido por Ley.

Resulta descorazonador cómo puede cambiar el discurso del PSOE en una cuestión de un calado social como el de la Dependencia, en el que está en juego la calidad de vida -y la propia vida- de cientos de miles de personas y de sus familiares y cuidadores, y cuando existen acuerdos y compromisos tan mayoritarios entre las fuerzas parlamentarias como para sacar adelante, con garantías, un Decreto-Ley que revierta esta situación

El incremento que ahora se propone en forma de Real Decreto, sigue muy lejos de recuperar la ya escasa financiación de 2012 y no supondrá más que un incremento estimado de gasto estatal de un 5,2% (por un importe estimado cercano a los 70 millones de euros, cuando el sistema precisa de manera urgentísima más de 400 millones).

Tal y como terminábamos el pasado año nuestra crítica al reducido incremento de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia en los PGE 2018, hoy tenemos que decir que, a pesar del cambio de gobierno, de aprobarse el decreto que se va a proponer esta misma semana, decenas de miles de dependientes con grados III y II seguirán esperando más allá de lo que pueden tanto ellos como sus familiares.

Age nivel minimo

* Las cuantías previas a los recortes del año 2012 diferenciaban Niveles 1 y 2 por cada Grado.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Aún en el caso de prórroga de los presupuestos de 2018, es imprescindible un impulso rotundo a la ley de Dependencia

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275.000 personas (110.000 de ellas Dependientes Severos o Grandes Dependientes) no pueden seguir esperando

30.000 personas pueden fallecer en 2019 sin recibir las atenciones a las que tienen derecho por su situación de dependencia

Es evidente la falta de certeza sobre si habrá o no PGE para 2019. A estas alturas del borroso y bronco debate político (alejado demasiadas veces del interés directo de las personas), de lo si tenemos certeza es que, sin un impulso decidido al sistema de atención a la Dependencia, en 2019 unas 30.000 personas con derecho reconocido a atención fallecerán sin haberlo ejercido.

También es cierto que, en materia de Dependencia, existen varios acuerdos parlamentarios previos a la moción de censura, además de un unánime consenso en las comunidades autónomas sobre la necesidad de un incremento presupuestario que suponga revertir los recortes producidos en esta materia.

Nos referimos concretamente al Pacto de Estado sobre Dependencia suscrito por TODOS los grupos parlamentarios a excepción del PP y PNV en diciembre de 2016, con motivo del décimo aniversario de la Ley. También a la PNL que presentó el PSOE en el Congreso –antes de la moción de censura- con idéntico contenido al Pacto de Estado y que también fue objeto de consenso de todo el arco parlamentario, de nuevo con la sola excepción del PP. Además, la imperiosa necesidad de incrementar la financiación estatal quedó plasmada en el Informe de la Comisión de Estudio auspiciada por Conferencia de Presidentes que fue aprobado unánimemente por el Consejo Territorial de Servicios Sociales en el que están representadas todas las CCAA.

El acuerdo entre Gobierno y Podemos respecto a los presupuestos 2019 perfila un incremento neto de 515 millones a la cuantía presupuestada en 2018 para alcanzar un total de 1.822 millones de euros de aportación de la Administración General del Estado a la atención a la Dependencia (una estimación del 28% del gasto público total anual).

Aplaudimos fervientemente la iniciativa, aun cuando no alcance nuestra propuesta de incremento de 715 millones que permitiría terminar con la lista de espera de dependientes severos y grandes dependientes aún sin atender (110.000 personas según los últimos datos).

No obstante, considerando el actual estado del sistema de atención a la Dependencia, creemos importante plantear tres cuestiones:

1.    Si finalmente hubiese PGE 2019 en los términos inicialmente propuestos por PSOE y PODEMOS, el incremento de 515 millones de euros debería aplicarse íntegramente al Nivel Mínimo Garantizado y no, como se ha planteado, al ya caduco Nivel Acordado de financiación. La Ley establecía dos formas de financiación por parte de la Administración Central: un Nivel Mínimo Garantizado (cuantía mensual por dependiente atendido) que constituye la auténtica garantía de atención y de equidad en todo el territorio, y un Nivel Acordado que se traduce en convenios de financiación a las comunidades autónomas, que se planteó como fórmula transitoria para impulsar el sistema en sus inicios atendiendo a las necesidades territoriales concretas. La Ley lo prolongaba hasta 2015 si bien el gobierno del PP lo suspendió en 2012.

2.    La forma de distribuir un incremento presupuestario tan importante no es baladí y tiene gran trascendencia para las personas dependientes (especialmente las desatendidas). Nuestra Asociación ha remitido una carta a los Grupos Parlamentarios y Partidos Políticos (que se remitirá también a los/las Consejeros/as de la materia en todas las Comunidad Autónomas), expresando una valoración muy positiva del incremento pactado entre PSOE y PODEMOS para la financiación del Sistema, pero expresando también nuestra preocupación y discrepancia con que este incremento se establezca, en sus dos terceras partes (383 millones), en el Nivel Acordado, porque de esa forma no se garantiza que la inversión repercuta directamente en las personas dependientes. Nuestra Asociación ha remitido una carta a los Grupos Parlamentarios y Partidos Políticos (que se remitirá también a los/las Consejeros/as de la materia en todas las Comunidad Autónomas), expresando una valoración muy positiva del incremento pactado entre PSOE y PODEMOS para la financiación del Sistema, pero expresando también nuestra preocupación y discrepancia con que este incremento se establezca, en sus dos terceras partes (383 millones), en el Nivel Acordado, porque de esa forma no se garantiza que la inversión repercuta directamente en las personas dependientes.

DEP PGE 2019

Gráfico. En el escenario (A) se presentan las cuantías desglosadas por niveles antes de su supresión.Escenarios B y C con estimación de incremento por aplicación proporcional de los mismos al nivel mínimo garantizado (132 Millones para el nivel mínimo como establece el pacto PSOE – PODEMOS en escenario [B] y 515 millones para el nivel mínimo en escenario [C])

En un hipotético escenario en ausencia de PGE 2019 (es decir con presupuestos 2018 prorrogados) la gravedad del incumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de las administraciones públicas es de tal calado y el consenso político y parlamentario logrado para revertir esta situación ignominiosa es paralelamente tan amplio, que conviene considerar la situación de extraordinaria y urgente necesidad padecida por 275.000 personas, de forma que se dé respaldo presupuestario a un incremento sustancial de los importes del Nivel Mínimo en 2019 para asegurar una reducción de la lista de espera de, al menos, 110.000 personas durante dicho ejercicio, especialmente las personas que están en peor situación (Grados III y II).

3.    Los incrementos presupuestarios de la Administración Central –en cualquiera de los escenarios- deberían ir acompañados de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera empezando por los grados más elevados (personas con dependencia severa y grandes dependientes). Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura, o a seguir maquillando las listas de espera (Limbo), con servicios low cost. Estas fórmulas de compromiso deben debatirse y consensuarse en el Consejo Territorial y aplicarse sobre la financiación del Nivel Mínimo Garantizado.No dar los pasos adecuados –considerando el amplio consenso parlamentario en la materia- sin emborronar el debate político con cuestiones ajenas a los intereses de la ciudadanía, resultaría inexplicable para todas las personas dependientes, sus familiares y para la sociedad en su conjunto.Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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