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MENOS DEL 8% DE LA POBLACIÓN QUE VIVE BAJO EL UMBRAL DE LA POBREZA EN ESPAÑA SE BENEFICIA DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN (RMI)

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En el País Vasco las reciben casi tres de cada cuatro personas en esta situación, mientras que en nueve Comunidades ni siquiera una de cada diez personas.
Es urgente una Ley estatal de garantía de rentas, para superar las extremas diferencias que existen en cobertura y cuantía en los diferentes territorios

 

Ni siquiera el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI que ofrecen las Comunidades Autónomas. Así se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2018, que ha hecho público el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un porcentaje que desde 2015 se está reduciendo, habiendo alcanzado ese año su nivel más alto, con un 8,7%.

porcentaje perceptores


Este porcentaje encubre diferencias extremas: dos Comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen en un caso casi tres cuartas partes y en otro, dos tercios de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le sigue Asturias, donde reciben estas rentas una de cada tres personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, sólo cinco Comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Baleares, Aragón, Cantabria, Asturias, C. de Madrid y Cataluña). Las RMI de las 9 Comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha, sus porcentajes están por debajo del 2%.

cobertura 2018

La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 13,7% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja que, en los últimos ocho años apenas ha sufrido variación.

gasto medio
Extremadura destaca con un 32,5%, es decir, las cuantías que reciben, como media, los perceptores de las RMI en esa Comunidad, suponen casi una tercera parte de su renta media por hogar. Con 10 puntos de diferencia le sigue Cataluña, cuya cuantía media suponen más de una quinta parte de su media de renta por hogar. Sólo otras cinco Comunidades superan el 15%. Por el contrario, cuatro Comunidades tienen porcentajes inferiores al 10%, destacando Baleares con un 5,7%. Es decir, cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a sus perceptores garantizar la supervivencia.

cuantia 2018

 

Garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser Cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas. Las extremas desigualdades que en esta materia se evidencian en función del lugar de residencia, obliga a insistir en la necesidad de que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos. Casi todos los Partidos parlamentarios llevaban en sus programas este compromiso, si bien con notables diferencias. Sabemos la dificultad de lograr un acuerdo, pero al menos esta constatación debería haber sido motivo para iniciar, cuanto antes, los debates para alcanzar algún tipo de pacto. Pero no ha sido así. Apelamos, por ello, a la conciencia de quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica, para que se ponga en marcha en el Parlamento las Comisiones o grupos de trabajo que aborden esta cuestión, en esta misma legislatura, y que no abandonen su tarea hasta lograr ese pacto por una garantía de ingresos mínimos a tod@s l@s ciudadan@s.

 Se adjuntan anexos con gráficos de detalle sobre la cobertura y cuantía de las RMI en el conjunto de España y en cada una de las Comunidades Autónomas, y su evolución en los últimos ocho años

 Situación y evolución de las Rentas Mínimas de Inserción en España y en cada una de las Comunidades Autónomas (2011 / 2018) PDF

TABLAS DE DATOS DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN. Año 2017 PDF

Para más información:

Gustavo García Herrero, Coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e.mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

NUEVOS DATOS SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA

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Según las certificaciones anuales de las Comunidades Autónomas en 2018 la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.054 millones de euros

De acuerdo con estas certificaciones (* Certificaciones según ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013.):

  • Las Comunidades Autónomas financiaron el 83,3% del Sistema de la Dependencia, con 6.707 millones de euros. (un 7,5% más que en 2017)
  • La aportación estatal se sitúa en el 16,7%, con 1.348 millones de euros. (1.327 en los PGE prorrogados + 21 millones de devengos correspondientes a 2017)
  • de los cuales, según los antedichos porcentajes, la Administración Central aportó solo 1.348 € en concepto de nivel mínimo garantizado.

La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 y ni tan siquiera se han cumplido los compromisos ligados al último presupuesto del Sr. Montoro, que preveían el incremento progresivo del Nivel Mínimo de Financiación (un 5% cada año desde 2018); a todas luces insuficiente, pero que tampoco ha visto la luz. Es obvio que –independientemente de la inestabilidad política- alguien ha considerado otras prioridades.

El resultado final es la imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 258.00 personas ya valoradas como dependientes y con otras 140.000 personas pendientes de valoración. El sistema presenta claros síntomas de un nuevo estancamiento.

En este contexto entendemos que han existido y existen razones sobradas para abordar la cuestión con toda urgencia, más si consideramos que se está impidiendo el ejercicio de derechos a cientos de miles de personas dependientes y que incluso muchos de ellos fallecen sin haber llegado a ser atendidos. Cada mes, aproximadamente el 1% de la lista de espera causa baja por fallecimiento con lo que cada día que pasa son 80 las personas fallecidas sin haber podido ejercer su derecho.

La financiación de la dependencia se recortó por la vía de un Decreto-ley en 2012, es decir, apelando a circunstancias de “extraordinaria y urgente necesidad”. La cruel imposibilidad actual de atender a las personas en situación más vulnerable resulta que no ha sido considerada así y no ha sido objeto de un tan ansiado Decreto-ley que alivie la situación.

La convocatoria de un Consejo Territorial para este jueves sin abordar el asunto de la financiación en su orden del día es, de nuevo, otra oportunidad perdida para poner el asunto encima de la mesa y de obtener el más fácil de los consensos con todas las comunidades autónomas: la aprobación –al menos- de un Real Decreto en cumplimiento de las previsiones de los presupuestos prorrogados de subida del 5% con efectos 1 de enero de 2019. Esto era y es perfectamente posible, pero de nuevo, no parece que vaya a ser así.

Toca otra vez conformarse con promesas. La promesa electoral de reducción del 75% de la lista de espera (¡ojalá!) implicaría –con el actual contexto de atenciones de muy baja intensidad- un incremento del gasto público anual de más de 1.500 millones de euros que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la AGE para llegar así a una aportación global del 36% de la financiación pública, muy lejos aún del 50% previsto. Se debería considerar que esa inversión generaría 45.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 600 millones de euros (Seguridad Social, IRPF, IVA, Sociedades…) sin contar con los retornos inducidos.

Hasta entonces, a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio.

Nota: Queremos destacar positivamente el cambio de actitud del Ministerio, que cumple con uno de los cinco puntos del Pacto de Estado por la Dependencia, facilitando información sobre financiación del Sistema.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente ADYGSS. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Gasto CC.AA.*

Nivel mínimo AGE**

TOTAL gasto público certificado

% CCAA

% AGE

Andalucía

1.012.723.522,36 €

248.034.345,64 €

1.260.757.868,00 €

80,3%

19,7%

Aragón

185.318.094,16 €

36.440.074,83 €

221.758.168,99 €

83,6%

16,4%

Asturias

166.856.225,24 €

28.905.951,74 €

195.762.176,98 €

85,2%

14,8%

Baleares***

101.116.247,14 €

22.833.430,98 €

123.949.678,12 €

81,6%

18,4%

Canarias****

147.682.767,33 €

29.385.759,59 €

177.068.526,92 €

83,4%

16,6%

Cantabria

88.355.489,79 €

17.727.361,72 €

106.082.851,51 €

83,3%

16,7%

Castilla y León

434.504.267,71 €

134.549.719,29 €

569.053.987,00 €

76,4%

23,6%

C-La Mancha

365.706.516,03 €

69.849.833,49 €

435.556.349,52 €

84,0%

16,0%

Cataluña

1.087.498.571,91 €

195.168.600,37 €

1.282.667.172,28 €

84,8%

15,2%

Valencia

624.996.080,29 €

86.406.465,40 €

711.402.545,69 €

87,9%

12,1%

Extremadura

257.900.309,60 €

42.618.831,58 €

300.519.141,18 €

85,8%

14,2%

Galicia

269.900.033,23 €

92.308.787,16 €

362.208.820,39 €

74,5%

25,5%

Madrid

930.581.483,25 €

204.128.946,95 €

1.134.710.430,20 €

82,0%

18,0%

Murcia

172.527.167,98 €

35.946.405,74 €

208.473.573,72 €

82,8%

17,2%

Navarra

104.641.959,84 €

14.946.551,87 €

119.588.511,71 €

87,5%

12,5%

País Vasco

703.622.440,77 €

77.753.707,36 €

781.376.148,13 €

90,0%

10,0%

Rioja (La)

52.581.510,44 €

10.597.522,17 €

63.179.032,61 €

83,2%

16,8%

TOTAL

6.706.512.687,07 €

1.347.602.295,88 €

8.054.114.982,95 €

83,3%

16,7%

Estimación que realizó el Observatorio 2017

6.925.284.672,41 €

1.327.000.000,00 €

8.252.284.672,41 €

83,92%

16,08%

Desviación Observatorio

3,3%

-1,5%

2,5%

   

*         El gasto público se presenta sin detraer la aportación de los usuarios (copago en servicios) que se estima para el conjunto del Estado en un 20,06% sobre el total del gasto en dependencia en 2018, por lo que esta aportación ascendería a 1.616 millones de euros.

**       El gasto de la AGE devengado en 2018 por el Nivel Mínimo fue de 1.327 millones de euros. Los 20 millones de diferencia en la tabla se deben a entregas de devengos durante 2018 correspondientes al ejercicio 2017 en algunas comunidades autónomas.

***    La comunidad autónoma de las Islas Baleares certifica un gasto de 54.044.674,31 € y añade certificados de gasto directo de los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y Formentera por importe total de 92.738.434,79 € que en este caso es preciso computar como gasto público efectivo una vez consolidado con la aportación autonómica debido a su modelo descentralizado.

****  Los datos de gasto en Canarias son una estimación del Observatorio al no haber podido acceder al certificado de gasto correspondiente a 2018.

distribucion gasto publico

NOTA: El gasto público certificado se presenta sin detraer la aportación de los usuarios (copago en servicios) que se estima para el conjunto del Estado en un 20,06% sobre el total del gasto en dependencia en 2018, por lo que esta aportación ascendería a 1.616 millones de euros.

 

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