Prensa

MARIO GARCÉS MIENTE

Imprimir Correo electrónico

21 de enero de 2018

 

MENTIR: expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa

Las declaraciones del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en Zaragoza, constituyen una autentica falsedad para ocultar la insumisión del Gobierno Central en el cumplimiento de la Ley de Dependencia, el abandono a su suerte a cientos de miles de personas en situación de dependencia y a sus familias y cuidadores/as, y su absoluta deslealtad con las Comunidades Autónomas. Es absolutamente falso, y lo sabe, que el Gobierno Central asuma el 50% de la financiación pública del Sistema.

SEGÚN CERTIFICADOS OFICIALES E INFORMES DEL PROPIO MINISTERIO, LA AGE SOLO APORTA EL 17,4% DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013 (salvo el País Vasco) arrojan una inversión pública total certificada de 6.911 millones de euros en 2016 (último ejercicio certificado). De toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio para esos Territorios (nivel mínimo, ya que el nivel acordado se suprimió en 2015 por los recortes del propio Gobierno) fue de 1.201 millones, es decir, el 17,4% del total, mientras que las CC.AA., con 5.710 millones de euros, aportan el 82,6% restante.

Frente a esta realidad, Mario Garcés vuelve a repetir que el Gobierno central financia el 50% del coste del Sistema, apoyándose en la falacia de computar como financiación del Gobierno central lo que solo es un criterio en el actual sistema de financiación incondicional de las CCAA. No se trata de ninguna financiación específica, como establece la Ley, sino de un simple artificio según el cual, y si lo aplicásemos a otros criterios para la financiación de las CCAA, como son la población, el territorio o la dispersión, nos llevaría a que el Gobierno Central no tuviera que hacer inversión alguna en infraestructuras en el territorio, porque ya se contempla el territorio como criterio para la financiación autonómica.

Sabe que falta a la verdad, ya que esta cuestión quedó nítidamente reflejada en la conclusión trece del Informe de octubre de 2017 elaborado por la Comisión para el análisis de la situación del Sistema de Atención a la Dependencia constituida por acuerdo de la reunión de Presidentes de las Comunidades Autónomas con el Gobierno Central, una Comisión de la que el propio Ministerio forma parte, asumiendo el antedicho informe. En el que literalmente dice: “En el marco de la Ley 39/2006, la única vía de financiación afectada al SAAD que existe en la actualidad (tras la suspensión del nivel acordado en 2012) la constituye el nivel mínimo de protección que corresponde a la AGE y representa entre el 17% y el 21% del coste total de las prestaciones. (página 103) El propio Gobierno ha reconocido en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia supuso cuantiosos “ahorros” a las arcas públicas que actualmente podemos cifrar en más de 4.000 millones de euros acumulados.

En consecuencia, Mario Garcés, Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, o muestra total ignorancia (algo difícil de imaginar) o literalmente, miente.

Es lamentable que, en un tema como este, que produce un extraordinario sufrimiento a tantas miles y miles de personas, Mario Garcés hiciera gala de una falta de sensibilidad tan extraordinaria. Quizás con ello quiso estar a la altura de su Ministra, Dolors Monserrat i Monserrat, a quien la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acaba de reconocer con el premio “Corazón de Piedra 2017” (tras obtener casi el 48% de los votos emitidos por más de un millar de socios y simpatizantes), “por su insumisión en el cumplimiento de la Ley de la Dependencia, por su deslealtad con las CC.AA. y las entidades locales, por su insensibilidad e incapacidad de comprender el sufrimiento de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadores. Porque mientras dicen que ya ha llegado la recuperación, no ha adoptado ni una sola media para recuperar el deterioro que el Gobierno del que forma parte ha producido en algunos de los ámbitos más sensibles de la protección social”. Pues eso.

Para más información:José Manuel Ramírez. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.  E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

XI Aniversario de la Ley 39/2006

Imprimir Correo electrónico

Informe de seguimiento del Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y  Atención a la Dependencia. Un año después, no se ha cumplido ninguno de sus compromisos.

La inmensa mayoría de los Partidos del arco Parlamentario con motivo de 10º aniversario de la Ley, firmaron hace un año el Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia promovido por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Cinco eran los compromisos concretos de ese Pacto de Estado

-          Revertir en los presupuestos de 2017 los recortes producidos por los R. Decretos de 2012.

-          Acuerdo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para acabar con la desatención (Limbo de la Dependencia) en los dos próximos años.

-          Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar un modelo estable de financiación del Sistema en el marco de la LOFCA

-          No acordar modificaciones de la Ley 39/2016 sin su tramitación y debate parlamentario y con un consenso similar al menos al que se logró en la aprobación de esta ley.

-          Sistema de Información de la Dependencia trasparente y actualizado.

El Gobierno de España incumple con una ley fundamentada en el artículo 149 de la Constitución.

Consideramos que la Atención a la Dependencia tiene carácter estratégico en las políticas de Estado, tanto por su contenido prestacional, que afecta a necesidades básicas de más de 1,3 millones de personas y de quienes con ellas conviven, como por su incidencia en el empleo y en la generación de riqueza. Si plenamente constitucional fue la utilización del artículo 149.1.1ª C.E. para la implantación de un nuevo derecho subjetivo de la ciudadanía (autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia), el Estado es así mismo responsable único de garantizar los mínimos necesarios para su desarrollo, lo que conlleva una financiación adecuada y suficiente. Lo contrario es un flagrante incumplimiento de los compromisos adoptados en las Cortes Generales en forma de Ley estatal.

Respecto a la financiación y al gasto, estimamos que el sistema durante el primer semestre del año ha supuesto un gasto global de 3.700 millones de euros, es decir, tan solo 86 millones más que en el semestre anterior. La asunción del copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4% del total de gasto y el resto es asumido por las administraciones públicas.

Lo más penoso del asunto de la financiación es que la AGE mantiene los valores de financiación del nivel mínimo de 2012 (recortados por el famoso RD-Ley de 13 de julio de 2012). En los Presupuestos Generales del Estado de 2017 pactó con Ciudadanos incrementar la partida del Nivel Mínimo en 100 millones de euros (sobre el presupuesto inicial de 2016) hasta llegar a un total de 1.262,2 millones de euros.

Ya hemos explicado tanto a Ciudadanos como al resto de Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados la inutilidad de estos “incrementos” en los PGE si no se modificaban las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado por dependiente atendido. Pues bien, ¡existe la posibilidad real de que no llegue a gastarse la financiación estatal comprometida convirtiendo el pacto presupuestario en vergonzoso! ¡Mientras fallecen personas con dependencia antes de recibir los servicios a los que tenían derecho resulta que a la AGE le podría sobrar parte del presupuesto consignado en los PGE!

La aportación estatal al sistema se ha ido reduciendo paulatinamente, de manera que el propio Gobierno ha reconocido en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia supuso cuantiosos “ahorros” a las arcas públicas que actualmente podemos cifrar en más de 4.000 millones de euros acumulados.

La Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las CC.AA.

1 distribucion aportacion
Gráfico 1: Estimación basada en modelo de costes del Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente de datos primarios: SISAAD

La Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las Comunidades Autónomas. Las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013, remitidas al Observatorio, (todas a excepción de País Vasco) arrojan una inversión pública total certificada de 6.911 millones de euros. De toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio para esos Territorios fue de 1.201 millones, es decir, el 17,4% del total, mientras que las CC.AA., con 5.710 millones de euros, aportan el 82,6% restante.

El gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2016 ascendió a 8.349 € anuales, de los cuales, según los antedichos porcentajes, 6.896 fueron aportados por las CC.AA., y solo 1.453 €, por el Gobierno central.

Estos datos, que se basan todos ellos en fuentes oficiales certificadas por la intervención de cada Comunidad, confirman lo que veníamos denunciando.

 

 

CCAA

% CCAA

AGE

% AGE

TOTAL GASTO PÚBLICO

 

TOTAL gasto certificado

 5.709.945.690,58 €

82,6%

 1.201.099.827,37 €

17,4%

 6.911.045.517,95 €

100%

Gasto estimado***

Observatorio 2016

5.927.154.522,99 €

83,2%

1.198.934.342,64 €

16,8%

 7.126.088.865,63 €

100%

 

Se observan diferencias entre territorios aunque la tónica es la infrafinanciación estatal del sistema.

2 distribucion gasto publico

Gráfico 2: Estimación basada en modelo de costes del Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente de datos primarios: Certificaciones de gasto de las CCAA y datos SISAAD

El Nivel Mínimo se mantiene recortado y es claramente insuficiente.

Por otra parte, la estimación que hacemos del gasto estatal por el nivel mínimo en el primer semestre de 2017 es de 587 millones de euros. Esto supone que (si no se incrementa el mínimo estatal), considerando la pérdida de Grados III y II y el avance de los Grado I, el nivel mínimo devengado a final de año esté –con un cálculo optimista- en torno a los 1.180 millones de euros (80 millones por debajo de lo presupuestado en los PGE).

A este respecto se ha expuesto públicamente un nuevo Decreto del Gobierno sobre Nivel Mínimo de Dependencia que está pendiente de aprobación y que –salvo carácter retroactivo- no garantizará la ejecución del presupuesto 2017. El Decreto sobre el Nivel Mínimo de financiación, recogería nuevas cuantías mensuales que abonará la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas por cada persona dependiente atendida en función de su grado. En cualquier caso, pretender que 190 €/mes para una persona dependiente con Grado III atendida en una residencia o en un centro de día, es una financiación suficiente que garantiza la atención es una burla. Si la administración autonómica aportase otro tanto y el ciudadano aportase un copago del 20% (95 €), se supone que el coste asumible sería de 475 €/mes. Una quimera si se considera el coste de dichos servicios.

De aprobarse el incremento de cuantías, tan solo supondría el equivalente a reducir la lista de espera en un 3%.

Celebramos el reconocimiento de la AGE de que el sistema está infradotado en el nivel que es de su responsabilidad (informe de la Comisión para el análisis de la situación del SAAD auspiciada por la Conferencia de Presidentes), pero cuando las “migajas” de subida coinciden exactamente con lo mínimo imprescindible para cumplir con la ejecución presupuestaria, sin que haya al menos un CALENDARIO DE COMPROMISOS DE SUPRESIÓN DE LOS RECORTES, nos tememos que el sistema no remontará y que todo seguirá paralizado tal y como muestran los datos de gestión anuales: avance de las prestaciones a grados I (más baratas) y decenas de miles de dependientes con grados III y II esperando más allá de lo que pueden tanto ellos como sus familiares.

3 financiacion nivel minimo

* Las cuantías previas a los recortes del año 2012 se han calculado incorporando el Nivel Acordado suprimido al Nivel Mínimo.

Gráfico 3: Fuente datos: IMSERSO – SISAAD

Mientras tanto, en España fallecen cada día 100 personas en situación de dependencia sin recibir la prestación o servicio a los que tienen derecho.

Actualmente 320.000 personas con pleno derecho a recibir prestaciones o servicios que aún se encuentran en una desesperante “lista de espera”. Actualmente, casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 124.600. En lo que va de año ha aumentado en más de cuatro mil la desatención de los Dependientes más vulnerables (Grandes Dependientes y Dependientes Severos) El derecho subjetivo a recibir atenciones contenido en la Ley 39/2006 se viene conculcando sistemáticamente y además afecta a personas en todos los grados de dependencia y no solo a los últimos incorporados.

 4 evol personas desatendidas

Gráfico 4: Fuente datos: IMSERSO – SISAAD

Pero la consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia. Los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.

5 evol

Fuente: Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales (IMSERSO). Tabla contenida en los documentos utilizados por la Comisión de análisis de SAAD derivada de la Conferencia de Presidentes.

Extrapolando la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017, es plausible estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación pueden convertirse en más de  34.000 al final del presente ejercicio.

Hacia un Sistema de Atenciones LOW COST. Atenciones mediocres que no suponen auténtico apoyo a las personas, que no generan suficientes retornos y que no son fuente de empleo.

El incremento de personas atendidas (Grados I fundamentalmente) no se compadece con una mayor inversión del sistema. Los crecimientos que se han dado en el último año tienen mucho que ver con las atenciones que podríamos denominas de “bajo coste” como la Prevención y Promoción de la Autonomía (en muchos casos), la teleasistencia (con un coste medio de 25€/mes) o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno (cuya media mensual está cercana a los 300€ y bajando).

La urgencia de sacar expedientes de la lista de espera y la presión presupuestaria no pueden convertir la atención a la dependencia en el despliegue de atenciones que deben ser consideradas complementarias y nunca suficientes por sí mismas. En el último año se perfila un incremento de este “low cost” de la dependencia (supone el 61,3% del incremento de atenciones) que puede acabar siendo el “modelo de atención” para muchos Grados I, pero no debemos olvidar que actualmente casi  la mitad de las personas en espera tienen Grados III y II.

Evidentemente todo ello tiene su origen en el estrangulamiento de la financiación del SAAD. En todo caso, a pesar del incremento de personas asistidas no debemos perder de vista la realidad de que el coste por dependiente atendido desciende paulatinamente y, lo que es peor, la generación de empleo de la que el SAAD hace gala se ha frenado por primera vez en 2017.

Transparencia e información

Sin datos fiables y actualizados, se está vulnerando el derecho a la información de la ciudadanía, e incumpliendo todos los compromisos de trasparencia en la acción de gobierno. Al mismo tiempo, es una limitación importante para planificar con racionalidad el Sistema

Hay que insistir en el déficit democrático y de racionalidad que supone que en pleno siglo XX, un país miembro de la Unión Europea no sea capaz de ofrecer información estadística fiable y actualizada. No dejaremos de exigir que se supere esta situación, como se explicita en el Pacto de Estado.

6 pacto estado

 

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.   E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Más artículos...

Está aquí: Home Prensa