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Nuevos datos desvelan los plazos desesperantes en dependencia

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El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 426 días, aunque en cuatro comunidades se superan los 18 meses.

En 2019 el número de personas en espera de algún procedimiento se ha incrementado en más de un 10% alcanzando actualmente la cifra de 423.000 expedientes en tramitación.

El borrador de la nueva estadística del IMSERSO -fruto del compromiso de transparencia integrado en el Pacto de Estado por la dependencia- presenta datos de alto interés para evaluar la marcha del sistema y analizar posibles mejoras.

Con motivo de la Comisión Delegada del Sistema celebrada el 2 de octubre de este año, el IMSERSO remitió a las Comunidades Autónomas el borrador de la nueva estadística del SISAAD (realizada con datos a 30 de junio de 2019) que completaría sustancialmente la que hasta ahora se viene publicando. (Se adjunta documento completo con datos anonimizados)

Una de las novedades es la incorporación del dato de los tiempos medios de tramitación de los expedientes (expresados en días) desvelando lo que este Observatorio viene indicando con insistencia desde hace años.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días) y solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191). En el otro extremo estarían Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576).

grafico 1

Gráfico 1. Elaboración Observatorio. Fuente de datos: Estadística del SISAAD para Comisión Delegada de 02/10/19 (borrador propuesta). Datos anonimizados 24/09/19. Nota: La desanonimización de los datos ha sido realizada por el Observatorio combinando: los datos de la tabla contenida en la pág. 10 de la estadística (anonimizados y desordenados aleatoriamente por columnas), las trayectoriasde solicitudes, valoraciones y PIA de cada Comunidad Autónoma y los modelos de gestión (estructura de valoración; una o dos resoluciones, etc.). Para territorios con cifras muy similares podría haber errores de asignación de los tiempos por CA, especialmente entre Asturias, Aragón y Murcia; entre Andalucía y Extremadura o entre Navarra y País Vasco. Desconocemos si los datos se presentan con depuración de expedientes en situación administrativa de suspensión de plazos u otras análogas. De no ser así, los plazos reales serían algo más cortos que los indicados para todas las CA.

Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de atendidos de los últimos dos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones. En 2019 (hasta noviembre) se ha incrementado el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones hasta llegar a las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de las cuáles son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).

Vemos, por primera vez desde 2016, que el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado.

grafico 2

 

Gráfico 2. Fuente: Datos SISAAD (IMSERSO) hasta 30 de noviembre de 2019.

Los motivos de estos impresentables retrasos, después de trece años de implantación de la Ley, son múltiples pero debemos apuntar dos fundamentales:

-       Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones.

-       El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios. La mayoría[1] de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.

Ante estas dos estrategias, de resultado cruel, poco puede hacer el ciudadano afectado y más cuando ante la demora injusta solo le queda acudir a la tutela judicial por la vía contenciosa-administrativa (lenta, farragosa y costosa) y no por la de la jurisdicción social gracias al mantenido incumplimiento de las Cortes Españolas de su mandato legal de trasladar estos asuntos a dicha jurisdicción (Disposición Final Séptima de la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social).

FALLECIMIENTOS SIN HABER PODIDO ACCEDER AL EJERCICIO DE DERECHOS, MENOSPRECIO POR LA AUTONOMÍA PERSONAL E IMPACTO DE GÉNERO.

Entre las consecuencias de lo expuesto resulta especialmente doloroso que haya personas con derecho efectivo (con algún grado de dependencia reconocido) que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones Estimamos que en 2019 esta situación afectará a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años. Tremenda forma de reducir las listas de espera.

Otra consecuencia -la más evidente- es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres ya que otro dato interesante de los ofrecidos es que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas. Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes.

INTENSIDADES DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS MUY MEJORABLES.

Otra parte de la nueva estadística se dedica a ofrecer datos sobre las intensidades de las prestaciones y servicios. El Observatorio analizará con mayor profundidad esta nueva estadística, pero adelantamos algunos muy esclarecedores:

- Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros. (percibidas actualmente por 425.000 personas). Tienen un importe promedio de 140 €/mes para los Grado I; 245 €/mes para los Grado II y 340 €/mes para los Grado III. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios.

- Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. Baste decir que la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 550 €/mes. La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia (que fácilmente triplicará ese importe) constituye un “segundo copago” o copago invisible.

- La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 17h/mes para los Grado I; de 35 h/mes para los Grado II y de 54h/mes para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos lo que es claramente insuficiente si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente.

En líneas generales podemos afirmar que la atención a la dependencia derivada de la Ley 39/2006 puede constituir actualmente un cierto apoyo para muchos casos, pero casi nunca una auténtica solución o una mejora para la vida de la gente.

Queda muchísimo recorrido que hacer en materia de mejora de intensidades y de personalización de los cuidados con paquetes de atención mucho más flexibles, ágiles, adaptables a las necesidades reales de las personas y compatibles entre sí.

IMPRESCINDIBLE RECUPERAR LA INVERSIÓN EN LA MATERIA

No todos los problemas del sistema son financieros, pero es evidente que el recorte mantenido desde 2012 ha dinamitado la capacidad de las administraciones gestoras para ofrecer mejores resultados. Lo realmente increíble es que, gracias a la alarmante incapacidad política generalizada, a la falta de voluntad decidida y a la consiguiente ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el colapso del sistema y la violación de derechos están ahí.

Dentro de las prioridades sociales existentes ya es hora de acometer una inyección financiera decidida en el sistema que simplemente intente absorber la demanda existente con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas.

Ningún pacto se ha cumplido o ha tenido un cumplimiento parcial y mínimo. Un sistema de atención a las personas dependientes y a sus familias no es caro o barato… es una inversión imprescindible para el futuro. Lo que nos está saliendo realmente caro es no atender estas situaciones.

MEJORA EN CUANTO A TRANSPARENCIA

Aunque la nueva estadística propuesta por el IMSERSO contiene muchos datos a revisar o mejorar en su calidad (el sistema de información SISAAD no recoge bien todo lo relativo a compatibilidades no previstas, revisión de casos, modificación de PIA, etc… en unas casuísticas con un altísimo grado de variaciones constantes), nos parece sin embargo encomiable el esfuerzo de poner negro sobre blanco algunas informaciones críticas para comprender mejor la marcha del sistema.

Este es un imprescindible primer paso para que todos los agentes implicados promuevan las mejoras oportunas. La ciudadanía tiene derecho a conocer la marcha de la gestión de una política pública de esta magnitud de forma que animamos a las Comunidades Autónomas presentes en el Consejo Territorial a que aprueben definitivamente los contenidos de la estadística y su periodicidad (que deberá iniciarse en enero de este año).

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ANEXO

TABLA DE SITUACIÓN DE CASOS EN TRAMITACIÓN, DÍAS PROMEDIO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTE Y “LIMBO” DE LA DEPENDENCIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

 

Pendientes de valoración de grado

(30/11/19)

I

Pendientes Resolución PIA

(30/11/19)

II

TOTAL pendientes de algún trámite

(30/11/19)

III

Días promedio para tramitar un expte. completo (junio 2018-2019)

IV

% de desatención actual (limbo) (30/11/19)

(desatendidos sobre personas con derecho)

V

ANDALUCÍA

48.524  

74.244  

122.768    

621

25,2%

ARAGÓN

3.369  

6.469  

9.838  

451  

16,5%

ASTURIAS

5.477  

5.730  

11.207  

431  

21,3%

BALEARS (ILLES)

1.530  

4.401  

5.931  

300  

17,6%

CANARIAS

14.954  

9.013  

23.967  

785  

28,0%

CANTABRIA

486  

4.089  

4.575  

275  

19,3%

CASTILLA Y LEÓN

11.167  

1.592  

12.759  

199  

1,5%

CASTILLA-LA MANCHA

4.865  

6.266  

11.131  

292  

9,3%

CATALUÑA

27.763  

75.288  

103.051    

576  

31,5%

COMUNITAT VALENCIANA

23.501  

14.674  

38.175  

   536  

14,4%

EXTREMADURA

7.837  

6.957  

14.794  

     675  

19,7%

GALICIA

410  

8.728  

9.138  

342  

12,4%

MADRID

168  

25.761  

25.929  

276  

15,2%

MURCIA

5.237  

4.971  

10.208  

479  

12,4%

C. FORAL DE NAVARRA

1.214  

896  

2.110  

155  

6,1%

PAÍS VASCO

493  

13.397  

13.890  

137  

16,7%

LA RIOJA

5    

3.180  

3.185  

266  

27,8%

CEUTA Y MELILLA

148  

155  

303  

120  

5,1%

TOTAL

157.148  

265.811  

422.959  

426

19,3%

Los datos de las columnas I, II y III provienen de detraer solicitantes de valorados y personas con derecho reconocido respecto a personas con PIA con datos SISAAD de las estadística oficial con el último dato disponible (30 de noviembre de 2019). Los datos de la columna V son el resultado de obtener el número de desatendidos (personas con derecho a atención pero sin PIA) y relacionarlo con el total de personas atendidas. Los datos de la columna IV son resultado de la hipótesis realizada por el Observatorio de desanonimización de los datos contenidos en el borrador de la nueva estadística (datos a 30 de junio de 2019) combinando los datos de la tabla contenida en la pág. 10 de la estadística remitida a las CCAA (anonimizados, desordenados aleatoriamente por columnas y desglosando Ceuta y Melilla por separado), las trayectorias de solicitudes, valoraciones y PIA de cada Comunidad Autónoma y los modelos de gestión (estructura de valoración; una o dos resoluciones, etc.). Para territorios con cifras muy similares podría haber errores de asignación de los tiempos por CA, especialmente entre Asturias, Aragón y Murcia; entre Andalucía y Extremadura o entre Navarra y País Vasco.

Desconocemos si los datos se presentan con depuración de expedientes en situación administrativa de suspensión de plazos u otras análogas. De no ser así, los plazos reales serían algo más cortos que los indicados para todas las CA.

 grafico 3

               

                 PERCEPTORES PECEF   IMPORTE MEDIO PRESTAC   GASTO MES

GRADO III     130.225                        337,8                                    43.990.005,00 €

GRADO II    179.147                        245,1                                   43.908.929,70 €

GRADO I      105.666                        138,7                                    14.655.874,20 €

TOTAL        415.038                                                                    102.554.808,90 €

    

                     IMPORTE MEDIO MENSUAL PECEF         247,10 €

 


[1]Con las excepciones de País Vasco, Madrid o Castilla y León que simplifican el procedimiento en una sola resolución administrativa con el grado de dependencia y la prestaciones o prestaciones correspondientes.

28 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes alcanzan la Excelencia en su gasto servicios sociales, y 40 pueden considerarse pobres en esta materia

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Según datos correspondientes a los 385 Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes que han presentado ante el Ministerio de Hacienda la Liquidación del Presupuesto 2018 (del total de 421 Ayuntamiento mayores de 20.000 habitantes que hay en España)

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado, por cuarto año consecutivo, un detallado análisis de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a “Servicios Sociales y Promoción Social” (Funcional 23 de su contabilidad) con datos correspondientes al presupuesto liquidado 2018 que publica el Ministerio de Hacienda en su portal de servicios telemáticos https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/SGCAL/CONPREL en su máximo nivel de desglose ACCESS.

A partir de esa información oficial calificamos a los Ayuntamientos en tres categorías, en función de determinados criterios de su inversión social:

  • Excelentes: 28 Ayuntamientos (3 menos que el año anterior)
  • Precarios:    34 Ayuntamientos (6 menos que el año anterior)
  • Pobres:   38 Ayuntamientos (18 menos que el año anterior)

Nota de prensa pdf

Ranking aytos 2018 1

Ranking aytos 2018 muni

 

Estos son los criterios para cada categoría, y la correspondiente relación de Ayuntamientos:

Ayuntamientos Excelentes en Inversión Social durante 2017

Criterios de Excelencia Social 2019

  1. Criterio de suficiencia económica: gasto acreditado en “Servicios Sociales y Promoción Social” (funcional 23) en 2018, superior a 100 € habitante/ año.
  2. Criterio de incremento económico: que el presupuesto en 2019 gasto social por habitante del ejercicio 2018 no se haya reducido en el Presupuesto elevado al MHAP del ejercicio anterior.
  3. Criterio de esfuerzo inversor: Que el gasto social 2018, represente al menos un 10% del Presupuesto Total no financiero del Ayuntamiento.
  4. Criterio de transparencia financiera: que permita cotejar en el portal de Transparencia de la Web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto imputado a la funcional 23 “Servicios Sociales y Promoción Social”

De la aplicación de los mismos, resulta que sólo 28 Ayuntamientos (el 7,3% de los 385 > de 20.000 habitantes que han presentado la Liquidación 2018) cumplen los criterios de excelencia.

La Comunidad con mayor número de Ayuntamientos con Excelencia en su gasto en servicios sociales es Andalucía (10), seguida de Cataluña, con 5, la C. Valenciana con 3, Castilla y León, Baleares y País Vasco con 2 cada una de ellas, y Aragón, Asturias y la C. de Madrid con 1. Lo más destacable es que Ayuntamientos como Bilbao y Sevilla alcanzan, por primera vez, esta calificación, y que la recupera el de Madrid, que la había perdido el año anterior. En las bajas, destaca el Ayuntamiento de Zaragoza, que por primera vez sale de esta relación.

A todos ellos, nuestra más sincera consideración por su apuesta decidida por elevar la inversión social en nuestro país, para atender a sus vecinos desde unos servicios sociales dignos y de calidad.

Para más informaciónJosé Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. e.mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

AYUNTAMIENTOS EN EXCELENCIA SOCIAL

AL2017

Fuentes: MINHAP: Datos de ejecución presupuestaria de las EELL (máximo desglose disponible – actualizado por el MH a 31/10/2019. Este listado podría ampliarse como consecuencia de nuevas actualizaciones de datos que pudiera realizar el MH con posterioridad al 31/10/2019.

https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/SGCAL/CONPREL máximo nivel de desglose ACCESS, y páginas web de los ayuntamientos citados con descarga y/o acceso a datos abiertos de los presupuestos liquidados 2018 y de los presupuestos aprobados 2019. Se precisa un nivel de desglose del Presupuesto por Programas suficiente para juzgar la idoneidad de los conceptos de la funcional 23.

NOTA: Para la referencia al Presupuesto Total se considera únicamente el Gasto No Financiero (Capt. 1, 2, 4, 6 y 7).

  • Sólo 28 Ayuntamientos, el 6,6% de los 421 Ayuntamientos de España > 20.000 habitantes, alcanza niveles de Excelencia Social.
  • 5,7 millones habitantes pueden sentirse beneficiados por unos Servicios Sociales de Excelencia en cuanto a la inversión social; es la población residente en estos 28 Ayuntamientos, sobre un total de 30,5 Millones de habitantes “urbanos” (mayores de 20.000 habitantes) sobre los que se realiza el informe.
  • La Comunidad Autónoma de Andalucía vuelve a ser la Comunidad con mayor número de Ayuntamientos con “Excelencia Social”, con 10 Ayuntamiento, seguida de Cataluña con 5 municipios, la Comunidad Valenciana, con 3, Castilla y León, Baleares y País Vasco, con 2, y Aragón, Asturias y la C de Madrid con 1 cada una de ellas.
  • En 2018 la Inversión Social llevada a cabo por los Ayuntamientos ascendió a más de 867 Mill €, llegándose a superar por primera vez en muchos años las inversiones precrisis realizadas en 2010 cuando se llegó a invertir más de 2.837 Mill €, pero con 1,3 millones de habitantes más que en 2018.
  • En el esfuerzo inversor de los Ayuntamientos también contempla las transferencias que reciben de las Comunidad Autónomas, por lo que, en buena medida, éstas también han de sentirse responsables de los resultados obtenidos por los Ayuntamientos de su territorio.
  • El informe se realiza con los datos de Liquidación del Presupuesto presentados por los Ayuntamientos al Ministerio de Hacienda, hechos públicos por éste en fecha 31 de octubre de 2019. Si el MH incorporarse en su Web nuevos Ayuntamientos a la Liquidación del Presupuesto 2018, el presente informe pudiera ser objeto de actualización.

 AYUNTAMIENTOS POBRES EN SERVICIOS SOCIALES

 En analogía con lo que las estadísticas de la UE consideran la pobreza de las personas (aquellas que obtienen ingresos inferiores al 60% de la medina de la Renta de las personas del país) podemos considerar igualmente pobres en Servicios Sociales a aquellos Ayuntamientos con un presupuesto inferior al 60% de la mediana de gasto de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes durante el ejercicio 2018.

Para obtener el listado de Ayuntamientos “pobres” en servicios sociales se han tenido en cuenta los siguientes parámetros:

  • Muestra: Ayuntamientos con población mayor de 20.000 habitantes que han remitido la Liquidación del Presupuestos 2018 al Ministerio de Hacienda y ha sido hecha pública por éste en su portal web a fecha 31/10/2019.
  • Gasto: Se ha considerado el gasto social del presupuesto consolidado del Ayuntamiento reflejado en la Liquidación del Presupuesto 2018 correspondiente a la funcional 23, Servicios Sociales y Promoción Social.
  • Criterio: Gasto Social en 2018 por debajo del 60% de la mediana de gasto por habitante/año.
    • La mediana de Gasto/h. 2018 (liquidado) es de 71,18 €/h.
    • El 60% de la mediana de Gasto es de 42,71 €/h.

 

OBSERVACIONES

  • En el ejercicio 2018 han sido 38 los Ayuntamientos que realizaron menor gasto social por habitante (41 en el ejercicio anterior), y que se pueden considerar pobres en servicios sociales.
  • Dos de cada tres Ayuntamientos pobres en 2018 lo fueron también en 2017 (65,8%), 25 de los 38, señalándose en el informe su reincidencia (R). Como se puede observar en la siguiente relación, algunos de los Ayuntamientos pobres en 2018, lejos de realizar un esfuerzo inversor para salir de la situación, “castigan” a sus vecinos con una inversión aún menor que el año precedente.
  • La Comunidad de Madrid es la que aporta un mayor número de Ayuntamiento pobres en servicios sociales, con 13 Ayuntamientos, un tercio del total. Seguida por la Comunidad Valencia, con 6, Andalucía con 5, Extremadura con 4, Castilla-La Mancha con 3, Baleares Murcia con 2 cada una, y Canarias Cantabria con 1.

AYUNTAMIENTOS CON PRESUPUESTOS PRECARIOS EN SERVICIOS SOCIALES

 Junto a los Ayuntamientos considerados pobres hay que añadir aquellos cuyo gasto social en 2018, sin estar por debajo del 60% de la mediana del gasto del conjunto de ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes (42,71€) ha sido inferior a 50€ por habitante y año, a los que calificamos de precarios en materia de Servicios Sociales.

  • 34 de los 385 Ayuntamientos que han presentado al Ministerio la Liquidación del Presupuesto 2018 al MHAP (el 8,8%), son precarios en servicios sociales.
  • Casi un cuarto de los Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, realiza un gasto precario en un pilar tan básico para la cohesión social y la solidaridad como son los Servicios Sociales, que no dejaría de ser un mero dato estadístico sino fuera porque afecta a 4 Millones de ciudadanos, concretamente a 4.111.893 que sufren la insensibilidad de sus regidores municipales con una inversión social inferior a 50 € por habitante y año.
  • Como dato positivo se ha señalar que el ejercicio anterior (2017) las inversiones inferiores a 50 €/hab afectaban a 4.999.593 personas, y un año antes (2016) a 6.719.451 personas, por lo que hemos de felicitarnos ya que la precariedad en el gasto social de los Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes se ha reducido en un 18% en el último año y un 39% en los dos últimos años.
  • Por último, hemos de felicitarnos porque sólo 6 Ayuntamientos repiten como precarios, cifra bastante exigua si la comparamos con el año 2017, donde lamentábamos que más del 70% de los Ayuntamientos mantenían igual situación de precariedad que en el ejercicio precedente, algo de lo que hemos felicitarnos todos.

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