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XIX DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA

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-          La financiación actual mantiene los recortes de 2012 y el escenario que se abre es de alta incertidumbre y peligro de un nuevo frenazo al sistema.

-          La partida de 415 millones de euros prevista en el proyecto de PGE 2019, hubiera permitido atender a casi 70.000 personas más y se habrían generado 16.000 nuevos empleos directos.

-          Durante 2018 más de 30.000 personas fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia (media de 80 personas al día)

Durante 2018, la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD (personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados...) han mejorado. Lo que parece indicar que el SAAD se reactiva pero, igual que en los últimos años, esta “mejora” ha sido en gran medida a base de servicios de menor coste dirigidos a los dependientes con Grado I y al esfuerzo financiero de familias y administraciones autonómicas.

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EL SISTEMA ATIENDE YA A MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS

1.304.00 personas tienen reconocida su situación de dependencia al finalizar 2017, 39.000 más que un año antes. De ellas 1.054.000 personas están siendo atendidas, casi 100.000 más que el año anterior (+99.400)

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Un tercio de estas personas son mujeres (65%). Casi tres de cada cuatro personas atendidas (72,2%) son mayores de 65 años, y más de la mitad (54,5%) tienen más de 80 años

250.000 PERSONAS SIN ATENDER

Al finalizar 2018, había 250.000 personas valoradas con algún grado de dependencia en lista de espera(19,2% del total). Aunque este limbo se redujo en 2018 en 60.000 personas, a este ritmo se tardarían más de tres años en atender la actual lista de espera.

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Resulta lacerante que cuatro de cada diez personas desatendidas (40%) son dependientes con Grados II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); casi 100.000 personas. Resulta así que quienes más necesidades de atención tienen son quienes menos reducen la lista de espera, lo que evidencia que las Comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir este limbo con menores costes para el Sistema (dependientes moderados), con servicios y prestaciones de menor coste. La prueba es el coste por dependiente se ha reducido un 20,8% desde el año 2009 (7.687€), a 2018 (6.087€)

247.114 EMPLEOS DIRECTOS Y UN 40% DE RETORNOS DIRECTOS

Hay 247.114 empleos directos vinculados al Sistema de Atención a la Dependencia, casi 29.000 más que el año anterior. El Sistema que muestra una sorprendente capacidad para generar empleo y para obtener retornospor cotizaciones e impuestos directos. En 2018, la ratio de empleosdirectos por millón de gasto público es de 37,7;y la tasa de retorno es del 40%. Si se atendiera ya a las 250.000 personas en espera se generarían más de 56.000 nuevos empleos directos.

LA ADMINISTRACCIÓN GENERAL DEL ESTADO SOLO APORTA EL 20% DEL GASTO PÚBLICO

Un año más, el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas y recortadas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aportó en 2018 el 20,3% del gasto público y las Comunidades Autónomas el 79,7% restante. La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 3.154 millones de euros de recorte.

HORIZONTE DE INCERTIDUMBRE Y UNA GRAN OPORTUNIDAD PERDIDA

Contrariamente a toda lógica no se han recuperado derechos y se mantienen los recortes del año 2012. Existe un total consenso territorial (véase el informe de la Comisión de Análisis aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales) y político, por la práctica totalidad del arco parlamentario (todos los partidos a excepción del PP se sumaron al Pacto de Estado por la Dependencia), para –al menos- revertir los recortes. Es cierto que no se han podido aprobar unos PGE 2019 que hubieran sido enormemente positivos (aunque no recuperasen la totalidad de lo recortado), pero hubiera sido fácil que prosperase un Decreto-ley perfectamente justificado por la urgente necesidad que representa la desatención de 250.000 personas. Se aprobaron veinticinco decretos-ley en ocho meses pero este no fue uno de ellos. Ahora se abre un escenario que generará incertidumbres y un parón hasta el invierno (¿?) que pone en peligro de nuevo la recuperación del sistema.

ESCALA DE VALORACIÓN

Más allá de las calificaciones que este mapa refleja, constatamos que hay comunidades con atención plena, como Castilla y León y Ceuta y Melilla. Otras comunidades han progresado positivamente en los dos últimos años, como Aragón; Baleares; Castilla-La Mancha; Comunidad Valenciana; Extremadura; Galicia; Madrid y Murcia. Hay comunidades en las que se aprecia cierto estancamiento que, en algunas de ellas, puede resultar preocupante.

mapa

La mejora en las Comunidades con menor desarrollo hace que se reduzcan las diferencias, pero siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión.Así mismo, las diferencias entre Comunidades siguen siendo muy elevadas, tanto en el al acceso, que en Castilla y León supone en 13,6% mientras que en Canarias solo el 5,4%. Dos Comunidades, Andalucía y Cataluña, representan el 60% de la lista de desatención; este “Limbo” alcanzan al 32,6% de las personas con derecho reconocido en Cataluña, y sólo al 1,6% en Castilla y León; y mientras el coste medio por dependiente atendido es de 5.160 € año en Murcia, en Cantabria asciende a 7.697 €.

Puede descargarse el XVIII Dictamen completo en www.directoressociales.com

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

E-mail:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

SOLO EL 8% DE LA POBLACIÓN QUE VIVE BAJO EL UMBRAL DE LA POBREZA EN ESPAÑA SE BENEFICIA DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN (RMI).

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En el País Vasco las reciben tres de cada cuatro personas en esta situación, mientras que en siete Comunidades ni siquiera el 5%.

Sólo el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI que ofrecen las Comunidades Autónomas. Así se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2017, que ha hecho público recientemente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un porcentaje que en los dos últimos años se está reduciendo, habiendo alcanzado en 2015 su nivel más alto, con un 8,7%.

porcentaje
Este porcentaje encubre diferencias extremas: dos Comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen en un caso tres cuartas partes y en otro, dos tercios de su población por debajo del umbral de la pobreza. Y sólo cinco Comunidades más garantizan porcentajes superiores al 10% (Aragón, Cantabria, Asturias, C. de Madrid y Castilla y León). Por el contrario, las RMI de 7 Comunidades ni siquiera alcanzan una cobertura del 5% de su población bajo el umbral de la pobreza, siendo Castilla-La Mancha, con un 2,1%, y Murcia (3,6%) las Comunidades con menor cobertura.

Cobertura

 

La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 13,2% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja que, en los últimos siete años apenas ha sufrido variación.

Gasto medio
Extremadura destaca con un 31,5%, es decir, las cuantías que reciben, como media, los perceptores de las RMI en esa Comunidad, suponen casi una tercera parte de su renta media por hogar. Con más de 10 puntos de diferencia le sigue Cataluña, cuya cuantía media suponen casi una quinta parte de su media de renta por hogar. Sólo otras cinco Comunidades superan el 15%. Por el contrario, otras cinco Comunidades tienen porcentajes inferiores al 10%, destacando Baleares con un 4,9%. Es decir, cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a sus perceptores garantizar la supervivencia.

porcentaje

 

Garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser Cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas. Las extremas desigualdades que en esta materia se evidencian en función del lugar de residencia, obliga a insistir en la necesidad de que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia. Casi todos los Partidos parlamentarios llevaban en sus programas este compromiso, si bien con notables diferencias. Sabemos la dificultad de lograr un acuerdo, pero al menos esta constatación debería haber sido motivo para iniciar, cuanto antes, los debates para alcanzar algún tipo de pacto. Pero no ha sido así. Apelamos, por ello, a la conciencia de quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica, para que se ponga en marcha en el Parlamento las Comisiones o grupos de trabajo que aborden esta cuestión, en esta misma legislatura, y que no abandonen su tarea hasta lograr ese pacto por una garantía de ingresos mínimos a tod@s l@s ciudadan@s.
A continuación anexos con gráficos de detalle sobre la cobertura y cuantía de las RMI en el conjunto de España y en cada una de las Comunidades Autónomas, y su evolución en los últimos siete años.

Situación y evolución de las Rentas Mínimas de Inserción en España y en cada una de las Comunidades Autónomas (2011 / 2017) pdf

TABLAS DE DATOS DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN. Año 2017


Para más información:
Gustavo García Herrero, Coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e.mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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