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Aún en el caso de prórroga de los presupuestos de 2018, es imprescindible un impulso rotundo a la ley de Dependencia

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275.000 personas (110.000 de ellas Dependientes Severos o Grandes Dependientes) no pueden seguir esperando

30.000 personas pueden fallecer en 2019 sin recibir las atenciones a las que tienen derecho por su situación de dependencia

Es evidente la falta de certeza sobre si habrá o no PGE para 2019. A estas alturas del borroso y bronco debate político (alejado demasiadas veces del interés directo de las personas), de lo si tenemos certeza es que, sin un impulso decidido al sistema de atención a la Dependencia, en 2019 unas 30.000 personas con derecho reconocido a atención fallecerán sin haberlo ejercido.

También es cierto que, en materia de Dependencia, existen varios acuerdos parlamentarios previos a la moción de censura, además de un unánime consenso en las comunidades autónomas sobre la necesidad de un incremento presupuestario que suponga revertir los recortes producidos en esta materia.

Nos referimos concretamente al Pacto de Estado sobre Dependencia suscrito por TODOS los grupos parlamentarios a excepción del PP y PNV en diciembre de 2016, con motivo del décimo aniversario de la Ley. También a la PNL que presentó el PSOE en el Congreso –antes de la moción de censura- con idéntico contenido al Pacto de Estado y que también fue objeto de consenso de todo el arco parlamentario, de nuevo con la sola excepción del PP. Además, la imperiosa necesidad de incrementar la financiación estatal quedó plasmada en el Informe de la Comisión de Estudio auspiciada por Conferencia de Presidentes que fue aprobado unánimemente por el Consejo Territorial de Servicios Sociales en el que están representadas todas las CCAA.

El acuerdo entre Gobierno y Podemos respecto a los presupuestos 2019 perfila un incremento neto de 515 millones a la cuantía presupuestada en 2018 para alcanzar un total de 1.822 millones de euros de aportación de la Administración General del Estado a la atención a la Dependencia (una estimación del 28% del gasto público total anual).

Aplaudimos fervientemente la iniciativa, aun cuando no alcance nuestra propuesta de incremento de 715 millones que permitiría terminar con la lista de espera de dependientes severos y grandes dependientes aún sin atender (110.000 personas según los últimos datos).

No obstante, considerando el actual estado del sistema de atención a la Dependencia, creemos importante plantear tres cuestiones:

1.    Si finalmente hubiese PGE 2019 en los términos inicialmente propuestos por PSOE y PODEMOS, el incremento de 515 millones de euros debería aplicarse íntegramente al Nivel Mínimo Garantizado y no, como se ha planteado, al ya caduco Nivel Acordado de financiación. La Ley establecía dos formas de financiación por parte de la Administración Central: un Nivel Mínimo Garantizado (cuantía mensual por dependiente atendido) que constituye la auténtica garantía de atención y de equidad en todo el territorio, y un Nivel Acordado que se traduce en convenios de financiación a las comunidades autónomas, que se planteó como fórmula transitoria para impulsar el sistema en sus inicios atendiendo a las necesidades territoriales concretas. La Ley lo prolongaba hasta 2015 si bien el gobierno del PP lo suspendió en 2012.

2.    La forma de distribuir un incremento presupuestario tan importante no es baladí y tiene gran trascendencia para las personas dependientes (especialmente las desatendidas). Nuestra Asociación ha remitido una carta a los Grupos Parlamentarios y Partidos Políticos (que se remitirá también a los/las Consejeros/as de la materia en todas las Comunidad Autónomas), expresando una valoración muy positiva del incremento pactado entre PSOE y PODEMOS para la financiación del Sistema, pero expresando también nuestra preocupación y discrepancia con que este incremento se establezca, en sus dos terceras partes (383 millones), en el Nivel Acordado, porque de esa forma no se garantiza que la inversión repercuta directamente en las personas dependientes. Nuestra Asociación ha remitido una carta a los Grupos Parlamentarios y Partidos Políticos (que se remitirá también a los/las Consejeros/as de la materia en todas las Comunidad Autónomas), expresando una valoración muy positiva del incremento pactado entre PSOE y PODEMOS para la financiación del Sistema, pero expresando también nuestra preocupación y discrepancia con que este incremento se establezca, en sus dos terceras partes (383 millones), en el Nivel Acordado, porque de esa forma no se garantiza que la inversión repercuta directamente en las personas dependientes.

DEP PGE 2019

Gráfico. En el escenario (A) se presentan las cuantías desglosadas por niveles antes de su supresión.Escenarios B y C con estimación de incremento por aplicación proporcional de los mismos al nivel mínimo garantizado (132 Millones para el nivel mínimo como establece el pacto PSOE – PODEMOS en escenario [B] y 515 millones para el nivel mínimo en escenario [C])

En un hipotético escenario en ausencia de PGE 2019 (es decir con presupuestos 2018 prorrogados) la gravedad del incumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de las administraciones públicas es de tal calado y el consenso político y parlamentario logrado para revertir esta situación ignominiosa es paralelamente tan amplio, que conviene considerar la situación de extraordinaria y urgente necesidad padecida por 275.000 personas, de forma que se dé respaldo presupuestario a un incremento sustancial de los importes del Nivel Mínimo en 2019 para asegurar una reducción de la lista de espera de, al menos, 110.000 personas durante dicho ejercicio, especialmente las personas que están en peor situación (Grados III y II).

3.    Los incrementos presupuestarios de la Administración Central –en cualquiera de los escenarios- deberían ir acompañados de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera empezando por los grados más elevados (personas con dependencia severa y grandes dependientes). Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura, o a seguir maquillando las listas de espera (Limbo), con servicios low cost. Estas fórmulas de compromiso deben debatirse y consensuarse en el Consejo Territorial y aplicarse sobre la financiación del Nivel Mínimo Garantizado.No dar los pasos adecuados –considerando el amplio consenso parlamentario en la materia- sin emborronar el debate político con cuestiones ajenas a los intereses de la ciudadanía, resultaría inexplicable para todas las personas dependientes, sus familiares y para la sociedad en su conjunto.Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

UNA CUESTIÓN DE ESTADO

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7.000 inmigrantes menores de edad no acompañados (MENAS) ponen a prueba la cohesión territorial, la política migratoria y el sistema de protección social en España

El Boletín Oficial del Estado ha publicado con fecha 30 de octubre el Real Decreto 1340/2018, de 29 de octubre, por el que se aprueba la distribución de los 40 millones de euros que el Gobierno Central destina, en concepto subvención, a las CCAA para atención a menores extranjeros no acompañados, los llamados Menas.

El número de estos menores se ha incrementado de manera notable en los últimos meses, y ha desbordado la capacidad de atención en las Comunidades más afectadas, especialmente en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cataluña y Valencia. A la hora de reclamar la solidaridad del resto de Comunidades, la respuesta no ha podido ser más desalentadora: entre todas ni siquiera se ha alcanzado la cifra de 200 plazas, cuando una sola Comunidad, Andalucía, ha tenido que acoger en los últimos meses a más de 3.000 MENAS. Lo más indignante es que hay Comunidades que no han ofrecido ni una sola plaza. Una muestra inequívoca de lo vacuo de tanta declaración solemne sobre “la unidad de España” que proclaman los gobernantes de las mismas, y que se les olvida cuando se trata de asumir responsabilidades como parte inseparable de “España”.

Por su parte, el Gobierno central responde con la pírrica cantidad de 40 millones de euros como “subvención”, es decir, con la inseguridad que supone, para las Comunidades Autónomas que acojan a estos menores.

De esta manera, este tema está poniendo a prueba algunos de los fundamentos de nuestra sociedad, como es la cohesión territorial, la política migratoria o nuestro sistema de protección social. Por eso nos parece imprescindible una reflexión sobre estas cuestiones:

1º.- La inmigración es una competencia estatal, dentro de los parámetros de la Unión Europea, y como tal debe ser asumida también cuando las personas inmigrantes son menores de edad no acompañados. Por eso corresponde al Gobierno de España adoptar las medidas necesarias para acometer la situación de estos menores con perspectiva de Estado y en cumplimiento de los más elementales Derechos Humanos, y no una mera coordinación de las Comunidades Autónomas y de su voluntad de colaborar o no en su acogida. La distribución de estos menores en todo el territorio es responsabilidad del Gobierno de España, y ya existen precedentes como en el caso de la conocida como “crisis de los cayucos” que, en los años 2006 y 2007, que se establecieron cupos para distribuir a varios miles de emigrantes en todo el territorio y evitar el colapso en aquellos a los que llegaban, en ese caso especialmente a Canarias.

Pero, de la misma manera, esta responsabilidad del Gobierno conlleva el compromiso de asumir el coste de la atención de estos menores, y eso no se puede resolver con subvenciones a las Comunidades Autónomas, sino con una Política global y, en su caso, con una partida específica en los PGE que, en su caso, pudiera transferirse para su gestión por parte de las CCAA.

Hay que reconocer al menos al actual Gobierno que haya convocado una mesa de coordinación interterritorial con presencia de diversos órganos de los ministerios de interior, justicia, exteriores y migraciones y que haya establecido dos mesas de coordinación interterritorial para abordar aspectos técnicos de la atención a los Menas. Pero insistimos que estas mesas no puede substituir en ningún caso, la responsabilidad del Gobierno a la hora de adoptar decisiones en esta materia.

2º.- El incremento de menores inmigrantes no acompañados Menas tiene mucho que ver con la situación en nuestro país vecino, Marruecos, en especial por la comunicación de un anunciado servicio militar obligatorio que anima a cientos de jóvenes a salir del país. Se hace imprescindible una acción exterior efectiva de nuestra diplomacia con Marruecos para analizar la situación que se está generando y para poner medidas en origen que eviten este éxodo de jóvenes menores de edad no acompañados.

3º.- Hay que repensar el sistema de protección que los inmigrantes menores de edad no acompañados necesitan y que no es el que está establecido de manera normalizada en las Comunidades Autónomas para la protección de menores. Los inmigrantes menores no acompañados son, en su inmensa mayoría, jóvenes en edades límite a los 18 años; hay que tener en cuenta, además, que la falta de documentos fehacientes para acreditar la identidad de estas personas hace que su edad se tenga que estimar con pruebas forenses que reconocen un margen de error de 2 años; es decir, que una persona cuya edad real sea 17 años bien puede ser calificado de “menor”, con 15, y prolongar su protección hasta los 20 años, y también ocurrir que un menor con 16 años, pueda ser calificado de mayor de edad, con 18. En todo caso, se trata de personas jóvenes que han tenido la capacidad de asumir un viaje arriesgado por su propia cuenta, a un país distinto al suyo. Si se trata de menores, sin duda alguna, necesitan y tienen derecho a una protección efectiva. Pero resulta evidente que no necesitan el mismo tipo de atención que la que necesitan la mayor parte de los menores en situación de desamparo en España. Así pues, hay que establecer mecanismos específicos para atención a los inmigrantes menores de edad no acompañados, que no saturen ni perjudiquen la intervención en los actuales dispositivos de protección de menores que tienen las Comunidades.

Por último, resulta muy necesario que tanto la Fiscalía como Policía Nacional y las propias Comunidades Autónomas cumplan con rigor con el registro de menores inmigrantes no acompañados establecido en 2014, ya que hay evidencias de que los datos que se manejan a nivel oficial y que el propio Decreto 1340/2018 utiliza para la distribución de las subvenciones, no responden a la realidad.

Para más información:

José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e.mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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