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UNA CUESTIÓN DE ESTADO

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7.000 inmigrantes menores de edad no acompañados (MENAS) ponen a prueba la cohesión territorial, la política migratoria y el sistema de protección social en España

El Boletín Oficial del Estado ha publicado con fecha 30 de octubre el Real Decreto 1340/2018, de 29 de octubre, por el que se aprueba la distribución de los 40 millones de euros que el Gobierno Central destina, en concepto subvención, a las CCAA para atención a menores extranjeros no acompañados, los llamados Menas.

El número de estos menores se ha incrementado de manera notable en los últimos meses, y ha desbordado la capacidad de atención en las Comunidades más afectadas, especialmente en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cataluña y Valencia. A la hora de reclamar la solidaridad del resto de Comunidades, la respuesta no ha podido ser más desalentadora: entre todas ni siquiera se ha alcanzado la cifra de 200 plazas, cuando una sola Comunidad, Andalucía, ha tenido que acoger en los últimos meses a más de 3.000 MENAS. Lo más indignante es que hay Comunidades que no han ofrecido ni una sola plaza. Una muestra inequívoca de lo vacuo de tanta declaración solemne sobre “la unidad de España” que proclaman los gobernantes de las mismas, y que se les olvida cuando se trata de asumir responsabilidades como parte inseparable de “España”.

Por su parte, el Gobierno central responde con la pírrica cantidad de 40 millones de euros como “subvención”, es decir, con la inseguridad que supone, para las Comunidades Autónomas que acojan a estos menores.

De esta manera, este tema está poniendo a prueba algunos de los fundamentos de nuestra sociedad, como es la cohesión territorial, la política migratoria o nuestro sistema de protección social. Por eso nos parece imprescindible una reflexión sobre estas cuestiones:

1º.- La inmigración es una competencia estatal, dentro de los parámetros de la Unión Europea, y como tal debe ser asumida también cuando las personas inmigrantes son menores de edad no acompañados. Por eso corresponde al Gobierno de España adoptar las medidas necesarias para acometer la situación de estos menores con perspectiva de Estado y en cumplimiento de los más elementales Derechos Humanos, y no una mera coordinación de las Comunidades Autónomas y de su voluntad de colaborar o no en su acogida. La distribución de estos menores en todo el territorio es responsabilidad del Gobierno de España, y ya existen precedentes como en el caso de la conocida como “crisis de los cayucos” que, en los años 2006 y 2007, que se establecieron cupos para distribuir a varios miles de emigrantes en todo el territorio y evitar el colapso en aquellos a los que llegaban, en ese caso especialmente a Canarias.

Pero, de la misma manera, esta responsabilidad del Gobierno conlleva el compromiso de asumir el coste de la atención de estos menores, y eso no se puede resolver con subvenciones a las Comunidades Autónomas, sino con una Política global y, en su caso, con una partida específica en los PGE que, en su caso, pudiera transferirse para su gestión por parte de las CCAA.

Hay que reconocer al menos al actual Gobierno que haya convocado una mesa de coordinación interterritorial con presencia de diversos órganos de los ministerios de interior, justicia, exteriores y migraciones y que haya establecido dos mesas de coordinación interterritorial para abordar aspectos técnicos de la atención a los Menas. Pero insistimos que estas mesas no puede substituir en ningún caso, la responsabilidad del Gobierno a la hora de adoptar decisiones en esta materia.

2º.- El incremento de menores inmigrantes no acompañados Menas tiene mucho que ver con la situación en nuestro país vecino, Marruecos, en especial por la comunicación de un anunciado servicio militar obligatorio que anima a cientos de jóvenes a salir del país. Se hace imprescindible una acción exterior efectiva de nuestra diplomacia con Marruecos para analizar la situación que se está generando y para poner medidas en origen que eviten este éxodo de jóvenes menores de edad no acompañados.

3º.- Hay que repensar el sistema de protección que los inmigrantes menores de edad no acompañados necesitan y que no es el que está establecido de manera normalizada en las Comunidades Autónomas para la protección de menores. Los inmigrantes menores no acompañados son, en su inmensa mayoría, jóvenes en edades límite a los 18 años; hay que tener en cuenta, además, que la falta de documentos fehacientes para acreditar la identidad de estas personas hace que su edad se tenga que estimar con pruebas forenses que reconocen un margen de error de 2 años; es decir, que una persona cuya edad real sea 17 años bien puede ser calificado de “menor”, con 15, y prolongar su protección hasta los 20 años, y también ocurrir que un menor con 16 años, pueda ser calificado de mayor de edad, con 18. En todo caso, se trata de personas jóvenes que han tenido la capacidad de asumir un viaje arriesgado por su propia cuenta, a un país distinto al suyo. Si se trata de menores, sin duda alguna, necesitan y tienen derecho a una protección efectiva. Pero resulta evidente que no necesitan el mismo tipo de atención que la que necesitan la mayor parte de los menores en situación de desamparo en España. Así pues, hay que establecer mecanismos específicos para atención a los inmigrantes menores de edad no acompañados, que no saturen ni perjudiquen la intervención en los actuales dispositivos de protección de menores que tienen las Comunidades.

Por último, resulta muy necesario que tanto la Fiscalía como Policía Nacional y las propias Comunidades Autónomas cumplan con rigor con el registro de menores inmigrantes no acompañados establecido en 2014, ya que hay evidencias de que los datos que se manejan a nivel oficial y que el propio Decreto 1340/2018 utiliza para la distribución de las subvenciones, no responden a la realidad.

Para más información:

José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e.mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

UNA PROPUESTA JUSTA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LOS PGE 2019

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11 de octubre de 2018

ACABAR CON LA IGNOMINIA DEL LIMBO DE LA DEPENDENCIA DE LOS GRADOS III Y II

UNA PROPUESTA JUSTA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LOS PGE 2019

Un incremento de 715 millones de euros permitiría acabar con los recortes de 2012 y asegurar la plena atención de los dependientes más vulnerables (Grados II y III), auténtica vergüenza del actual Sistema

La Ley de la Dependencia estableció un escenario para su completa aplicación que finalizaba en 2012, y que se prorrogó hasta 2015. Sin embargo, casi cuatro años después de esos plazos, más de 110.000 Grandes Dependientes y Dependientes Severos continúan sin recibir las prestaciones y servicios a los que tienen derecho reconocido, lo que constituye, además de un incumplimiento de una Ley.

Por ello, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales proponemos que en los PGE de 2019 se corrija esta auténtica vergüenza del Sistema, para lo que la Administración General del Estado debe incrementar su aportación en 715 millones de euros en 2019. Ello permitiría atender en 2019 al menos al 92% de personas con grados III y II sin PIA (102.000 personas), y admitir un 8% (global) de personas en espera (en gestión de PIA y/o expedientes que han de ser depurados..., lo que supondría unas 8.000 personas.)

Se toma como base del cálculo el coste público de atención (coste neto de atenciones) promedio de 2012, cuando se atendía básicamente a los grados III y II, que ascendía a 7.029 euros, (sin tener en cuenta la inflación y otras variables) 

EL INCREMENTO EN LOS PGE para posibilitar esa atención ascendería a 715.194.767 €, pasando de 1.307.972.800 de 2018 a 2.023.167.567, lo que supone un incremento del 54,7% para el total presupuestado en el NIVEL MÍNIMO GARANTIZADO.

En términos lineales, la subida del nivel mínimo por grados quedaría con las siguientes cantidades por mes: Grado III: 294,09 €. Grado II: 130,69 €. Grado I: 73,29 €.

importes aportacion

 

Esta subida del Nivel Mínimo Garantizado en los PGE debería ir condicionada a un acuerdo con las Comunidades Autónomas que suponga la obligación de dedicarse a los Grados III y II, puesto que el Estado estaría financiando de manera directa el equivalente al coste de su atención plena. Algunos territorios tienen muchos deberes que hacer con los grados III y II y otros tienen recortes que revertir. Conllevaría compromisos de cobertura "adaptados" a cada caso.

IMPACTOS DIRECTOS DE LA MEDIDA:

Esta medida tendría los siguientes impactos

-     Plena atención al finalizar 2019 de las personas dependientes más frágiles (severos y grandes dependientes) y terminar con la vergüenza de la desatención a las personas más dependientes.

-     Atención al finalizar 2019 de unos 130.000 dependientes más, para alcanzar aproximadamente 1.130.000 personas atendidas. El resto del Limbo (grado I) se acometería en 2020 (con un menor coste)

-     Creación de al menos 40.000 nuevos empleos directos en el sector.

-     Alcanzar una inversión pública en la materia en 2019 estimada de 7.800 Millones de euros, de los que 3.100 retornarían de forma inmediata, simplemente en forma de cotizaciones a la seguridad social, IRPF, impuesto de sociedades, etc, considerando el actual modelo de atenciones entre servicios y prestaciones... Ello sin contemplar los retornos inducidos -por ejemplo- de rebajar el gasto en desempleo respecto a los nuevos puestos de trabajo generados.

-     Permite mejora de coberturas, supresión de algunas incompatibilidades, recuperación de importes de PECEF, etc...

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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