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241 beneficiarios menos cada día del último mes en el Sistema de la Dependencia.Cada cinco minutos se deja de atender a un beneficiario de la Ley y cada media hora se despide a una trabajadora del Sistema.

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Málaga, 23 de marzo de 2014

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241 beneficiarios menos cada día del último mes en el Sistema de la Dependencia. Cada cinco minutos se deja de atender a un beneficiario de la Ley y cada media hora se despide a una trabajadora del Sistema.

Según los datos oficiales publicados este mes por el Ministerio, el Sistema de Atención a la Dependencia ha perdido 6.748 beneficiarios. Todas las CC.AA presentan datos negativos. La reducción de beneficiarios en espera se ha conseguido cercenando el acceso al sistema y abandonando a los que ya son titulares del derecho. Los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes.

El retroceso es notorio con respecto al mes anterior todas las cifras son negativas: -6.748 beneficiarios menos que el mes anterior, -6.838 dictámenes, -9.303 solicitudes, -4.326 grandes dependientes menos, -2.872 dependientes severos menos,... Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste ¿O se está dejando de atender a quienes más lo necesitan? Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas. De lo que se deduce que los fallecimientos financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento del Sistema.

En cuanto a prestaciones y servicios en este último mes todos son datos negativos: -1.371 teleasistencia, -1290 Ayuda a domicilio, - 140 plazas residenciales, - 1.001 prestaciones vinculadas al Servicio, -4.162 prestaciones de cuidadores familiares. Lo que supone que en este mes se han producido 1.000 despidos de trabajadores/as.

Así la reducción del "limbo" de la dependencia o lista de espera que está siendo difundida por el Ministerio como un logro de la reforma del sistema al pasar de se ha obtenido de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos. La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema (modificaciones del calendario primero por el RD-Ley 20/2011 y posteriormente por el RD-Ley 20/2012 que retrasa la entrada de personas dependientes con Grado I hasta julio de 2015), y por otro lado –y esto es lo más doloroso- abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 8.935 personas con derecho menos figuran en el Sistema.

En definitiva, las medidas de reforma adoptadas por el Gobierno están teniendo como resultado inequívoco la destrucción del sistema y la trágica desatención a las personas en situación de dependencia y a sus familias. Lo que es inadmisible insultante y cruel es revestir de eufemismos como "mejora" o "sostenibilidad" lo que no es más que la destrucción planificada del sistema. Mentir pretendiendo haber reducido la lista de espera jugando con los datos y ocultando las restricciones de acceso y el abandono a las personas es sencillamente vergonzoso.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

NUEVO INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA

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Madrid, 11 de marzo de 2014

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Una sorprendente interpretación sobre la financiación y sobre otros aspectos del Sistema

- El informe modifica las variables de cálculo respecto a la anterior fiscalización reflejando un ficticio incremento de la financiación estatal.
- Se ponen de manifiesto graves deficiencias en la veracidad de los datos oficiales; retrasos en la atención e importantes desigualdades entre territorios, en línea con los dictámenes e informes del Observatorio.
- El informe se muestra poco o nada crítico con la actuación del Ministerio y se centra en censurar la actuación de las CCAA.

Analizado el anteproyecto de informe de fiscalización sobre la aplicación de la Ley 39/2006, desde el Observatorio Estatal para la Dependencia realizamos las siguientes apreciaciones,
1º. Ni nos gusta, ni es nuestra labor emitir juicios sobre un informe de fiscalización y más cuando se encuentra aún en fase de anteproyecto y en trámite de alegaciones, pero en vista de la publicación de una noticia en un medio de tirada nacional, que sorprendentemente se ha incluido en la web pública del IMSERSO, creemos oportuno emitir este comunicado.
2º. Con todos los respetos hacia el Tribunal de Cuentas como Órgano del Estado en cuya labor habíamos depositado nuestra confianza como profesionales del sistema de servicios sociales y como ciudadanos, consideramos que el informe, más allá de los límites técnicos de una fiscalización del sector público tan compleja como esta, introduce una sorprendente e imaginativa ficción contable en lo que parece un denodado intento por demostrar lo indemostrable: que la Administración del Estado financia suficientemente el sistema el sistema de atención a la dependencia.
3º.- Antes de entrar a argumentar lo anterior, y para dar una visión más completa del informe hay que decir que se trata de una fiscalización de seguimiento de las recomendaciones dadas en el anterior informe (referido a la gestión hasta 2011). Se revisan varios aspectos que, si bien han mejorado en algún caso, presentan aún graves deficiencias con durísimas consecuencias para las personas en situación de dependencia como directas perjudicadas.
4º.- Se corrobora en el informe el incumplimiento de los plazos para incorporar las solicitudes, las valoraciones y, por ende, la puesta en funcionamiento efectiva los servicios y de las prestaciones económicas. En concreto se determinan plazos medios de 8 meses, si bien en algunos territorios se supera ampliamente el año. Es decir, se incumple de manera flagrante lo dispuesto en la Ley.
5º.- Se confirman también las permanentes denuncias de este observatorio referidas a la desigualdad de trato según el territorio en aspectos tan relevantes como el copago o el gasto público por dependiente atendido.

6º.- Se pone de manifiesto la preocupante falta de fiabilidad de los datos "oficiales" incluidos en las estadísticas mensuales del SISAAD que, considerados en conjunto, pueden ser válidos para realizar estimaciones y observar tendencias, pero cuyo valor a efectos de contabilidad púbica es más que dudoso como indica el propio informe. Baste decir que sobre un análisis realizado por el Tribunal en mayo de 2013 comparativo de los datos SISAAD con los obrantes en las CCAA se localizaron numerosas anomalías entre las que destacamos:

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