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Plan Nacional de Inclusión: Otra oportunidad perdida.

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NOTA DE PRENSA

Málaga, 13 de diciembre de 2013

Plan Nacional de Inclusión: Otra oportunidad perdida.

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El Gobierno aprueba un Plan Nacional de Inclusión, que contiene los compromisos del Estado Español como parte del Programa Nacional de Reformas presentado a Bruselas. Según el documento al que hemos tenido acceso, el objetivo del Plan es reducir el número de pobres en torno a 1,5 millones de personas.

En la actual situación, la pobreza ya no tiene que ver sólo con los "colectivos más vulnerables" y es una obviedad que una franja importantísima de las clases medias ha entrado en situación técnica de AROPE (en riesgo de pobreza y/o exclusión social). Según la última estadística de EUROSTAT, la tasa AROPE subió en España 3,7 puntos porcentuales desde 2008 alcanzando a 13,1 millones de personas en 2012. En ese mismo intervalo de tiempo, la tasa subió en el conjunto de la Unión Europea tan solo 1,1 puntos.

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EL DOCUMENTO ENVIADO A LA COMISIÓN EUROPEA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA CONFIRMA LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA.

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NOTA DE PRENSA

18 de octubre de 2013

La mitad de los importes de ahorro de la reforma local proviene de la supresión de servicios.

Hasta ahora, habíamos calculado lo que suponía en términos económicos la actuación de las entidades locales en materia de servicios sociales en España (nada menos que una tercera parte de la gestión y una cuarta parte del gasto nacional equivalente a un 1,5% del PIB) y habíamos denunciado las irracionalidades e incertidumbres que nos suscitaba el Proyecto de Ley que se debate en estos días en el Parlamento y que extirpará –si nadie lo remedia- las competencias en servicios sociales y promoción social de los ayuntamientos españoles. Tan solo les quedará como función residual la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. (extremo este muy confuso y que habrá de ser definido por Ley, pero que apunta a conocer el caso y derivarlo para su atención en la Comunidad Autónoma, además de atender –eso sí- las situaciones de extrema necesidad... suponemos que procurando alimentos, albergues o cosas así...).

Pues bien, la mayoría lo que venía realizándose en el ámbito local por un importe total de 5.118 millones de euros (1.200 procedentes de las CCAA) se califica como impropio y deberá dejar de prestarse en el imposible plazo de un año.

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