UNA PROPUESTA JUSTA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LOS PGE 2019

11 de octubre de 2018

ACABAR CON LA IGNOMINIA DEL LIMBO DE LA DEPENDENCIA DE LOS GRADOS III Y II

UNA PROPUESTA JUSTA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LOS PGE 2019

Un incremento de 715 millones de euros permitiría acabar con los recortes de 2012 y asegurar la plena atención de los dependientes más vulnerables (Grados II y III), auténtica vergüenza del actual Sistema

La Ley de la Dependencia estableció un escenario para su completa aplicación que finalizaba en 2012, y que se prorrogó hasta 2015. Sin embargo, casi cuatro años después de esos plazos, más de 110.000 Grandes Dependientes y Dependientes Severos continúan sin recibir las prestaciones y servicios a los que tienen derecho reconocido, lo que constituye, además de un incumplimiento de una Ley.

Por ello, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales proponemos que en los PGE de 2019 se corrija esta auténtica vergüenza del Sistema, para lo que la Administración General del Estado debe incrementar su aportación en 715 millones de euros en 2019. Ello permitiría atender en 2019 al menos al 92% de personas con grados III y II sin PIA (102.000 personas), y admitir un 8% (global) de personas en espera (en gestión de PIA y/o expedientes que han de ser depurados..., lo que supondría unas 8.000 personas.)

Se toma como base del cálculo el coste público de atención (coste neto de atenciones) promedio de 2012, cuando se atendía básicamente a los grados III y II, que ascendía a 7.029 euros, (sin tener en cuenta la inflación y otras variables) 

EL INCREMENTO EN LOS PGE para posibilitar esa atención ascendería a 715.194.767 €, pasando de 1.307.972.800 de 2018 a 2.023.167.567, lo que supone un incremento del 54,7% para el total presupuestado en el NIVEL MÍNIMO GARANTIZADO.

En términos lineales, la subida del nivel mínimo por grados quedaría con las siguientes cantidades por mes: Grado III: 294,09 €. Grado II: 130,69 €. Grado I: 73,29 €.

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Esta subida del Nivel Mínimo Garantizado en los PGE debería ir condicionada a un acuerdo con las Comunidades Autónomas que suponga la obligación de dedicarse a los Grados III y II, puesto que el Estado estaría financiando de manera directa el equivalente al coste de su atención plena. Algunos territorios tienen muchos deberes que hacer con los grados III y II y otros tienen recortes que revertir. Conllevaría compromisos de cobertura "adaptados" a cada caso.

IMPACTOS DIRECTOS DE LA MEDIDA:

Esta medida tendría los siguientes impactos

-     Plena atención al finalizar 2019 de las personas dependientes más frágiles (severos y grandes dependientes) y terminar con la vergüenza de la desatención a las personas más dependientes.

-     Atención al finalizar 2019 de unos 130.000 dependientes más, para alcanzar aproximadamente 1.130.000 personas atendidas. El resto del Limbo (grado I) se acometería en 2020 (con un menor coste)

-     Creación de al menos 40.000 nuevos empleos directos en el sector.

-     Alcanzar una inversión pública en la materia en 2019 estimada de 7.800 Millones de euros, de los que 3.100 retornarían de forma inmediata, simplemente en forma de cotizaciones a la seguridad social, IRPF, impuesto de sociedades, etc, considerando el actual modelo de atenciones entre servicios y prestaciones... Ello sin contemplar los retornos inducidos -por ejemplo- de rebajar el gasto en desempleo respecto a los nuevos puestos de trabajo generados.

-     Permite mejora de coberturas, supresión de algunas incompatibilidades, recuperación de importes de PECEF, etc...

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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