SÁNCHEZ SIGUE LA AGENDA DE RAJOY EN DEPENDENCIA

 

23 de noviembre de 2018

SÁNCHEZ SIGUE LA AGENDA DE RAJOY EN DEPENDENCIA

El borrador de Decreto sobre financiación de Dependencia del Gobierno Sánchez copia la agenda del Gobierno Rajoy (menos dos céntimos)

El borrador de real decreto sobre el Nivel Mínimo de financiación que la Secretaría de Estado de Servicios Sociales ha remitido y va a presentar ante la Comisión Delegada del Consejo Territorial convocada para el próximo martes 27 de noviembre, contiene en su anexo las cuantías mensuales con las que la Administración General de Estado “garantizará” en 2019 la atención a las personas dependientes que, en este caso –como ocurrió en 2018-, subirán poco más del 5%.

Se da la circunstancia de que el 25 de abril de este mismo año (un mes antes de la moción de censura) el gobierno del PP ya trasladó a las Comunidades Autónomas un borrador de real decreto con la siguiente propuesta de financiación para 2019 en su anexo:

Grado de dependencia

Mínimo de protección garantizado
Euros/mes

Grado III Gran Dependencia

200,13

Grado II Dependencia Severa

90,15

Grado I Dependencia Moderada

49,18

Pues bien, el borrador que maneja el actual Ministerio contiene las siguientes cuantías para el próximo año:

Grado de dependencia

Mínimo de protección garantizado
Euros/mes

Grado III Gran Dependencia*

200,11

Grado II Dependencia Severa

90,15

Grado I Dependencia Moderada

49,18

* Suponemos que los dos céntimos menos para el Grado III que propone el Gobierno de Pedro Sánchez se deben a una anecdótica errata más que una sesuda cuestión contable.

No podemos comprender cómo en un asunto en el que existe un clarísimo acuerdo de todo el arco parlamentario (a excepción del Partido Popular), no se atiende a las razones tantas veces expresadas por este Observatorio, por las plataformas de afectados y por la sociedad en su conjunto, para la adopción de medidas urgentes en esta materia.

Se está incumpliendo la ley de manera flagrante. El calendario progresivo de aplicación finalizó en 2015 y sin embargo hay en este momento 270.000 personas con derecho pero sin que se les permita ejercer el mismo. Es fácil prever que cerca de 30.000 personas fallecerán antes de que reciban prestación o servicio alguno. Los derechos cercenados por el decretazo del año 2012 siguen haciendo daño (menor intensidad en ayudas a domicilio, incompatibilidades entre servicios, “carencia” de dos años para atender a los que optan por prestaciones económicas, menor cuantía de estas, etc…)

Todos los grupos en el Congreso (excepto el PP) suscribieron en diciembre de 2016 (en el décimo aniversario de la Ley) un pacto en el que se comprometían, al menos, a recuperar los recortes producidos en 2012. La Conferencia de Presidentes pidió en 2017 un análisis profundo de la cuestión y se emitió un informe con total acuerdo territorial en cuanto a la necesidad de incrementar la financiación de manera decidida (octubre de 2017).

El propio grupo socialista presentó en el Congreso con fechas 12 de abril de 2018 -a solo 50 días de la moción de censura- una Proposición no de Ley con el compromiso de recuperación de recortes (idéntico texto del pacto de 2016). Tras el oportuno debate, se aprobó la PNL por ¡205 votos a favor! 130 en contra (PP) y 2 abstenciones. Una mayoría bastante más contundente que la que expulsó a Rajoy del Gobierno y ha sentado a Sánchez en La Moncloa.

En 2019, y con un gobierno socialista, 30.000 personas en situación de dependencia fallecerán esperando recibir las atenciones a las que tienen derecho reconocido por Ley.

Resulta descorazonador cómo puede cambiar el discurso del PSOE en una cuestión de un calado social como el de la Dependencia, en el que está en juego la calidad de vida -y la propia vida- de cientos de miles de personas y de sus familiares y cuidadores, y cuando existen acuerdos y compromisos tan mayoritarios entre las fuerzas parlamentarias como para sacar adelante, con garantías, un Decreto-Ley que revierta esta situación

El incremento que ahora se propone en forma de Real Decreto, sigue muy lejos de recuperar la ya escasa financiación de 2012 y no supondrá más que un incremento estimado de gasto estatal de un 5,2% (por un importe estimado cercano a los 70 millones de euros, cuando el sistema precisa de manera urgentísima más de 400 millones).

Tal y como terminábamos el pasado año nuestra crítica al reducido incremento de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia en los PGE 2018, hoy tenemos que decir que, a pesar del cambio de gobierno, de aprobarse el decreto que se va a proponer esta misma semana, decenas de miles de dependientes con grados III y II seguirán esperando más allá de lo que pueden tanto ellos como sus familiares.

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* Las cuantías previas a los recortes del año 2012 diferenciaban Niveles 1 y 2 por cada Grado.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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