No es necesario advertir sobre las consecuencias que la epidemia de coronavirus tiene y puede tener sobre la salud de las personas. Nos lo recuerdan a todas horas los medios de comunicación y es tema habitual de conversación. También tenemos amplia información -y preocupación-, sobre sus demoledores impactos sobre la economía.
Sin embargo, parece que no somos tan conscientes de los impactos que esta epidemia está teniendo y puede tener, sobre la convivencia. Y muy especialmente en colectivos y personas vulnerables a las que, con frecuencia, pasamos a convertir de víctimas en amenazas. De alguna manera, parece como si la capacidad de contagio de este virus fuera más allá de los organismos en los que se aloja, y produjera efectos en millones de personas que, sin estar afectadas, generan reacciones lesivas para la convivencia. De alguna manera, la epidemia de coronavirus no solo está poniendo a prueba nuestro sistema inmunológico, sino también nuestra cohesión social.
Un ejemplo de estas irracionales y antisociales reacciones sea la decisión de algunas residencias de mayores de prohibir la entrada de familiares y visitas, así como la salida de los residentes. Un confinamiento al margen de cualquier medida aconsejada por las autoridades sanitarias, que vulnera derechos fundamentales de las personas y que es de una crueldad inaudita. Por supuesto, argumentan que lo hacen “por el bien de esas personas”, ya que son personas vulnerables. Pero una residencia de mayores aislada del exterior, es la imagen viva de un gueto. Del asilamiento a su estigmatización como lugares que amenazan la salud de las personas, hay un paso. De víctimas a amenazas.
No son los únicos; al inicio de la epidemia, fueron las personas de rasgos asiáticos quienes sufrieron -y sufren- de manera irracional y cruel, estigma y rechazo. Después determinadas personas por su confesión religiosa, por sus rasgos étnicos…, aunque no hayan tenido contacto alguno con el virus ni con lugares de riesgo. Pero forman parte de colectivos a los que se asocia al contagio o se culpabiliza del mismo. No es nada nuevo; las epidemias que desde la antiguo ha sufrido la humanidad están llenas de ejemplos de estigmatización y culpabilización de determinados colectivos, y no pocas veces con consecuencia dramáticas.
Los profesionales de los servicios sociales no somos expertos en materia sanitaria. En eso solo nos queda asesorar, en lo que nos compete, apoyar y cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pero nuestra responsabilidad profesional, nuestro conocimiento y nuestra experiencia tienen que ver con la convivencia personal y social. De ahí que nuestra valoración de una epidemia como la que estamos viviendo, la hacemos para preservar los valores de convivencia y para defender a las personas vulnerables cuando sus derechos no se respetan.
Los servicios sociales atendemos a casi 400.000 personas en residencias de mayores, otras 100.000 más en centros de día y 450.000 con el servicio de ayuda a domicilio. En 950.000 hogares ofrecemos seguridad y acompañamiento con teleasistencia. Los centros de convivencia de mayores tienen más de 4 millones de socios. Atendemos a 43.000 personas con discapacidad en centros residenciales y a 80.000 en centros ocupacionales. En albergues y viviendas acogemos a 20.000 personas sin hogar… Son centros sociales -no sanitarios- donde la vulnerabilidad de las personas y la quiebra de la convivencia positiva pueden generar efectos muy negativos para su salud y bienestar.
Por eso decimos que las medidas no pueden ser ocurrentes, sino deben seguir la pauta de las autoridades de acuerdo con las recomendaciones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES). La red de Servicios Sociales con el medio millón de profesionales que desarrollan su actividad en sus centros y servicios, así como las personas voluntarias del Sistema, debemos estar a disposición de las autoridades y seguir sus instrucciones. De tal manera que se tranquilice a las personas usuarias y sus familiares y se evite la ansiedad, el aislamiento e incluso la estigmatización.
De la misma manera que debemos cumplir las directrices de las autoridades sanitarias, éstas deben escuchar la opinión cualificada de los profesionales de los servicios sociales, sobre los efectos sociales del coronavirus en las personas usuarias de estos servicios. Conviene recordar que muchos centros sociales, especialmente las residencias de mayores, tiene acreditada experiencia en activar protocolos de prevención y actuación en caso de epidemias, que vale la pena ser tenida en cuenta en la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos.
Por todo ello la Asociación
1º.- Pedimos a todos los centros y servicios sociales, a las administraciones competentes, entidades sociales y empresas, que cumplan en todo momento las medidas de prevención y control de la epidemia de coronavirus que establezcan las autoridades del sector y las autoridades sanitarias.
2º.- Exigimos a las autoridades sanitarias y sociales que mantengan la coordinación y colaboración en esta materia, ya que las consecuencias de las medidas que se adopten afectan a la convivencia y a sectores socialmente vulnerables, y tienen que aplicarse y en hogares o centros atendidas con servicios sociales.
3º.- Exigimos que se mantenga una colaboración y una actuación coordinada a nivel territorial, entre las CC.AA. y la AGE, ya que el virus y sus consecuencias no entienden de fronteras.
4º.- Pedimos a los medios de comunicación que asuman su responsabilidad para transmitir mensajes emanados de fuentes oficiales, y no convertirse en altavoz de iniciativas que causan aislamiento y que estigmatizan a colectivos y personas vulnerables.
5º.- Anunciamos nuestra intención de mantenernos vigilantes para detectar situaciones en las que, con el argumento de prevenir la propagación del coronavirus, no se respeten los derechos de las personas, especialmente en servicios sociales como residencias de mayores o en cualquier otro servicio. Y si se producen decisiones como aislar un centro residencial de mayores sin que responda a indicaciones expresas por parte de la autoridad, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales estudiará presentar las correspondientes denuncias contra los responsables de las mismas y las autoridades que las consientan.
Para más información: Gustavo García Herrero Coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail:directoressociales@hotmail.com
José Manuel Ramírez Navarro. Presidente Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales