Se cumplen justo ahora dos años de la aprobación del RD-Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
De todas las medidas de recorte inversor en la política de promoción de la Autonomía Personal y atención a la Dependencia, sin duda, esta fue la que más estragos ha causado desde el punto de vista del desarrollo del SAAD.
El impacto real que produjeron aquellas medidas de recorte, dificultando el acceso de las personas en situación de dependencia a los servicios y prestaciones y menguando sensiblemente la aportación financiera estatal a los gestores autonómicos, puede ser observado hoy con la perspectiva que nos dan los dos años transcurridos.
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