Cada día fallecen 90 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.
1.213.873 personas tienen reconocida su situación de dependencia (2,6% de la población). De ellas 865.564
están siendo atendidas en el Sistema, mientras que 348.309 (29%) están en lista de espera.
La Administración General del Estado solo aporta el 18% del gasto público del Sistema, y las CCAA el 82%
restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%.El recorte acumulado del Gobierno de España desde
2012 asciende a 3.672,2 millones de euros que han dejado de recibir las Comunidades.
En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%.
Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera –simplemente cumpliendo con la Ley- se generarían más
de 90.000 empleos directos.
2016 confirma una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la
sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los Dependientes Moderados
(julio de 2015). Pero a pesar del incremento en 69.455 beneficiarios del Sistema en 2016 (+8,7%), a este ritmo
se tardaría 5 años solo para atender a la actual lista de espera. Más de 150.000 personas han fallecido en los
últimos 5 años sin recibir las prestaciones o servicios que les habían sido reconocidos.
Resulta especialmente preocupante que más de una tercera parte de las personas desatendidas (35%), son
dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 122.000 personas.
De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres. Más del
70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.
El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a
las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aporta el 21% del gasto público
y las comunidades autónomas el 79% restante. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RDley
20/2012, asciende a 3.672,2 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción
del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.
El Sistema de Atención a la Dependencia muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo
y para la obtención de retornos por cotizaciones e impuestos directos. En 2016, la ratio de empleos directos
por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%.
Una vez transcurridos 10 años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de Dependencia, estamos en un momento crucial en el que es
absolutamente inaplazable abordar algunos cambios sustanciales que permitan cumplir con la Ley –aunque
esto pueda sonar escandaloso- atendiendo a cuantas personas dependientes hay reconocidas y posicionar al
país en un mejor punto de partida para afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por
delante. Para ello es imprescindible dotar al sistema de la necesaria suficiencia financiera,
El 14 de diciembre de 2016, coincidiendo con el décimo aniversario de la Ley, los representantes de la
mayoría grupos del arco parlamentario del Congreso de los Diputados (con la sola excepción del PP y del PNV)
suscribieron un pacto por la reversión, para los PGE de 2017, de los recortes producidos y con el compromiso
explícito de acabar con las listas de espera en un máximo de dos años. También se pactó estudiar el futuro de
la financiación del sistema para ver su integración en el ámbito de la LOFCA.
La decisión de invertir en un mejor sistema, con un mínimo de suficiencia financiera y capaz de crecer en
calidad de las atenciones e incluso mejorar el gasto sanitario está en manos de los pactos a los que pueda
llegar en el marco de la negociación sobre la financiación autonómica. Hasta entonces, CON 90 FALLECIDOS AL
DÍA SIN HABER PODIDO EJERCER SU DERECHO, procede, al menos, recuperar lo recortado plasmándolo en los
PGE de 2017.
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