La primera evidencia es que los servicios sociales en España se encuentran en un desarrollo débil, precisamente cuando son tan necesarios para abordar la gravísima situación en que se encuentran cientos de miles de personas y familias afectadas por la crisis.
Ello es consecuencia del tradicional atraso que viene arrastrando nuestro país en esta materia, al habernos incorporado tardíamente a las estrategias de Bienestar que, en los países más avanzados de nuestro entorno, llevaban décadas practicando. El Sistema Público de Servicios Sociales surge en España al calor de los cambios democráticos de finales de los años 70 y principios de los 80. Y sin tiempo para consolidar un Sistema en el conjunto del Estado, son las nuevas Administraciones autonómicas quienes ponen en marcha en sus respectivos territorios este Sistema, junto a los impulsos innovadores de las entidades locales. Cierto es que ello generó unas estructuras próximas a los ciudadanos, pero ya desde su
inicio escasamente dotadas, por la falta de un marco estatal de garantía de derechos subjetivos en esta
materia y una consiguiente financiación de los mismos en los Presupuestos del Estado.
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