Después de las dos reuniones mantenidas con el Ministerio. Tal y como nos comprometimos, hemos elaborado este documento de propuestas de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre las estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.
Plantea la siguiente estructura:
REFERENCIA NORMATIVA R.D.L. 20/2020 CONSIDERACIONES PREVIAS
En consonancia con todo lo anterior la AEDYGSS hace las siguientes PROPUESTAS:
1ª Es imprescindible reforzar la red básica de Servicios Sociales para garantizar que en todos los Centros de Servicios Sociales, según tamaño y población de referencia, existan equipos y/o profesionales especializados en la intervención sobre procesos de exclusión.
2ª Es imprescindible conseguir la interoperabilidad entre los sistemas de información de los Servicios Sociales y de Empleo.
Disponemos de la tecnología necesaria, las prioridades marcadas respecto de la digitalización para el destino de los fondos europeos de recuperación además de haberlo hecho los estructurales (y por lo que parece volverán a hacerlo para el próximo periodo de programación) posibilitan la financiación precisa para la construcción de las herramientas tecnológicas necesarias. Solo falta la voluntad política de hacerlo.
3ª Es fundamental proceder a la estandarización e implantación generalizada de herramientas de diagnóstico de las situaciones de exclusión que permitan la planificación de itinerarios individualizados y el seguimiento de los mismos bajo variables e indicadores operativos comunes en todo el territorio del Estado.
4ª Es necesario estandarizar y desarrollar procesos de integración de acciones con las Entidades del Tercer Sector que desarrollan y aplican servicios pertinentes a la inclusión social financiados con fondos públicos.
5ª Es imprescindible que se fomenten y apoyen las empresas de economía social y empleo protegido, sobre todo los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción. De nada valen los itinerarios individualizados si al final de su carrera no encuentran salidas factibles, adaptadas a las características de las personas con un amplio historial de exclusión y falta de habilidades, conocimientos y hábitos relacionados con el empleo normalizado.
6ª Es imprescindible que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establezca un paquete de prestaciones económicas directas y personalizadas complementarias a la percepción del Ingreso Mínimo Vital a modo de presupuesto personal de los beneficiarios y a prescripción de los Servicios Sociales de referencia para las personas perceptoras, dirigidas a sufragar gastos relativos a servicios imprescindibles para la inclusión social: vivienda, empleo, tratamientos sanitarios, formación y conciliación, etc.
7ª Es necesario detectar y poner en valor la enorme y rica experiencia acumulada en cuanto a las acciones para la inclusión por parte de muchos actores de todo tipo, públicos y del Tercer Sector, del ámbito del empleo y del ámbito de los Servicios Sociales hasta la fecha.
8ª Es imprescindible afrontar la realidad innegable de los entornos convivenciales exclusógenos si, de verdad, se quiere construir e impulsar políticas generales frente a la exclusión. Es imperioso trascender del enfoque individual y afrontar el hecho de que, gran número de las situaciones de exclusión, se generan y mantienen en esos entornos.
9ª Es necesario impulsar la experimentación y la innovación en materia de inclusión. Todas y cada una de las propuestas contenidas en este documento pueden ponerse en práctica para su valoración de forma pilotada que permita su seguimiento y evaluación científica para la extracción de conclusiones de cara a la orientación de las mejores políticas en el futuro.
Pero ya advertimos desde aquí, o la inclusión se enfoca desde entornos de proximidad mediante la integración de los apoyos con que cuente el individuo en su entorno más cercano (el municipio) y para ello se cuenta desde el diseño con los responsables locales, o de nuevo se caerá en la deslealtad, no poco frecuente, de diseñar políticas y acciones desde los despachos de las capitales autonómicas que luego recaen, sin su participación y acuerdo, sobre los sufridos hombros de los políticos y profesionales locales que todo lo aguantan si se les enseña la zanahoria de financiación que nunca acaba por ser estructural y que, más tarde o más temprano, acaba siendo de su responsabilidad exclusiva.
Este impulso de proyectos piloto que desde aquí proponemos deben estar presididos de forma inexcusable por programas de evaluación ex-ante y ex-post rigurosos y científicos bajo estándares comunes en cuanto a variables e indicadores de medida. Programas de evaluación que deberían ser diseñados y aplicados por entidades u organismos independientes con la participación imprescindible de los profesionales de los territorios locales donde vayan a ser desarrollados y de personas expertas en desarrollo comunitario y servicios sociales municipales.