Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Reflexiones y propuestas | Redactor: LUIS ALBERTO BARRIGA MARTÍN
(Trabajador Social. Col nº: 35/413)
La sociedad española está mostrando una envidiable capacidad de absorción del terrible impacto de la crisis económica y financiera que se desató a partir de 2007.
Cualquier analista externo se sorprendería ante la escasa correspondencia que existe entre los datos de la realidad económica que enfrenta el país y las altas cotas de paz y cohesión social que aún se mantienen en la ciudadanía.
Sabemos que existen al menos dos factores que forman buena parte de la posible explicación a este fenómeno de resiliencia1. Uno, muy deseable y oportuno, es la actuación activa de las redes de protección primaria –fundamentalmente las propias familias- que están absorbiendo más eficazmente que ningún sistema de protección
social el impacto de un desempleo alarmante, trágicamente confabulado con el endeudamiento excesivo de muchos hogares españoles. El otro factor, no tan deseable, es la palmaria existencia de lo que algunos economistas, en un nuevo alarde
eufemístico, han dado en llamar la economía informal, en clara referencia a una economía sumergida que, sea o no para la subsistencia, es fraudulenta.
Los últimos datos que afrontamos en la sociedad española –negarlo sería de necios son extremadamente alarmantes. El número de personas en situación de desempleo supera los cinco millones de personas2 con una tasa de paro del 22,85%. La tasa de riesgo de pobreza 3 , que era en 2009 del 23,4%, se ha elevado, según datos provisionales de 2011, al 26,7% (más de tres puntos en dos años).
Protección de las personas físicas en situación de quiebra económica