País Vasco y Navarra alcanzan porcentajes del 60% y Asturias, Cantabria, Cataluña, Aragón y Baleares alcanzan porcentajes superiores al 10% de personas beneficiarias sobre su umbral de pobreza. Castilla La Mancha, Canarias y Galicia no llegan ni a la cobertura del 5%
Siete Comunidades inician en el año de la pandemia el desmantelamiento de las Rentas Mínimas, reducen el número de personas beneficiarias y recortan presupuesto con la coartada del IMV. Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla la Mancha y La Rioja aprovechan para hacer caja en lugar de orientar el presupuesto a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales para la lucha contra la exclusión social.
La C. de Madrid es la que más reduce el número de personas beneficiarias (-12.471 personas), Cataluña la que más aumenta (+42.414 personas) y la C. Valenciana la que más aumenta la cobertura respecto a las personas en situación de riesgo de pobreza (+2,72%).
Únicamente el 9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de las RMI que ofrecen las Comunidades Autónomas. Así se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2020, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales.
Este porcentaje encubre diferencias extremas: dos Comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen el 61,7% y el 59,6% respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le siguen Asturias y Cantabria, donde reciben estas rentas casi una de cada 6 personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, sólo tres Comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Cataluña, Aragón y Baleares). Las RMI de las 10 Comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%. Le solicitamos al Ministerio que simplifique los procedimientos del IMV y cumpla con la promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias como se había comprometido, y recuperar los 1.000 millones que no ha gestionado en el año de la crisis social mayor de la historia reciente de nuestro país. Y a las CC.AA. que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas, se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales, para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, trasmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral.