Málaga 14 de febrero de 2021
Una magnífica noticia con una compleja gestión.
Avances sustanciales en cuanto a la definición y configuración de la nueva prestación, pero a la vez se dejan patentes importantes zonas de sombra e incertidumbre y sobre todo una errática gestión.
1.- Prenotandos
Vivimos en una sociedad que se ha instalado en la emergencia social, en un escenario de precariedad y falta de oportunidades. En España más de doce millones de personas malviven en la pobreza. La pobreza estructural, la precariedad, el incremento de las desigualdades y la ausencia de movilidad social son rasgos del ADN de un nuevo modelo de sociedad en el que ya nos encontramos.
La crisis social y económica de 2008 y, por supuesto, la provocada por la actual crisis sanitaria han dibujado un panorama de pobreza y exclusión en España que han convertido en más irrenunciable que nunca la obligación de todo gobierno de preservar la cohesión social mejorando sus políticas de justicia social. Pero en el caso de España esta cuestión es todavía más perentoria teniendo en cuenta dos factores ineludibles en cualquier análisis: la enorme dispersión de prestaciones económicas supuestamente orientadas a aquel objetivo de nuestro sistema de protección y su clamorosa ineficacia para conseguirlo.
Un sistema de prestaciones económicas que garanticen de forma segura y eficaz un mínimo de ingresos para toda la población española y que contribuya así a la eliminación de las tasas de pobreza y la enorme brecha de desigualdad existentes en nuestro país, es una asignatura pendiente de nuestro Estado de Bienestar.
El Ingreso Mínimo Vital debe ser la vacuna más eficaz contra la pobreza. La pobreza se resuelve con recursos económicos (bien a través del empleo o de prestaciones públicas). Las colas del hambre son el fracaso estrepitoso de las políticas públicas y la justicia social. Para paliar la carencia de rentas es preciso implementar el derecho de ciudadanía, simplificando los procedimientos burocráticos.
Ni siquiera se han aprobado el 20% de más de un millón de solicitudes, que se tramitaron desde el mes de junio pasado, y los requisitos establecidos deniegan casi el 60% de las solicitudes. De consolidarse esta tendencia el Ingreso Mínimo Vital apenas se aprobará para unos 400.000 solicitantes. Ni siquiera la mitad de los 850.000 comprometidos por el gobierno y sólo a un 10% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España.
Pobreza no es necesariamente exclusión. Pero si estas situaciones se prolongan, incluso en nuevas generaciones que crecen entre privaciones y falta de oportunidades, pueden suponer el paso a la exclusión, en una diabólica espiral de la que cada vez van a tener más difícil salir. La exclusión suele ser desmotivación, ruptura con la sociedad, aislamiento… en ocasiones puede derivar en situaciones conflictivas y conductas asociales. …