Rentas Mínimas: Debate y Reflexión.
6 y 7 de noviembre de 2015. Fuenlabrada (Madrid)
Síntesis de intervenciones y debates. Realizada por: Gustavo García Herrero
Algunas consideraciones previas:
Las características y las necesidades de la sociedad actual han superado aquellas para las que se pensaron los Sistemas de Ingresos Mínimos vigentes
Existe consenso en considerar que los sistemas de Rentas Mínimas que se pusieron en marcha en todas las Comunidad Autónomas a partir de los años 90 no responden a las características y necesidades de la sociedad actual. En los años en los que surgieron, su reto era responder a las necesidades de un reducido sector de la sociedad que a la carencia de ingresos estables unía situaciones de exclusión social y dificultades personales para el acceso al empleo. Actualmente la carencia de rentas y las consiguientes dificultades para cubrir las necesidades básicas afectan a decenas de miles de personas y familias empobrecidas por la pérdida de empleo o por la precarización laboral, que hace que el empleo ya no garantice siquiera la suficiencia para cubrir las necesidades básicas o para salir de la pobreza. En esta situación, los requisitos para acceder o percibir las Rentas Mínimas estigmatizan a quienes se encuentran en estas nuevas situaciones, con su propia denominación (“de inserción”) o con requisitos como la exigencia de firmar y cumplir “itinerarios de inserción”. Al mismo tiempo, penalizan el acceso al empleo, cuando la única opción es hacerlo en condiciones precarias.
Todo ello es lo que hace necesaria una revisión en profundidad de estos Sistemas, y la consiguiente reflexión y debate, que ya se ha iniciado con fuerza y al que este Congreso ha tratado de contribuir.
Carácter estructural de la extensión de la pobreza y la precariedad, y de la agudización de las desigualdades en nuestra sociedad
Las situaciones de pobreza y de precariedad tan extendidas, así como las extremas desigualdades no son algo coyuntural, consecuencia de la crisis, ni se superarán sólo con “la recuperación”, con el crecimiento del PIB, sino que tienen carácter estructural en nuestra sociedad, consecuencia de políticas injustas que es necesario modificar.
Las Rentas Mínimas no son la panacea por si solas. Las Rentas Mínimas, en cualquier de sus versiones, aun siendo esenciales para una vida digna de cientos de miles de personas y familias, y un elemento de cohesión social y de distribución, no son la panacea ni serán capaces, por si solas, de reducir substancialmente la pobreza, la precariedad, ni las desigualdades.
Protección laboral, Fiscalidad fuerte y progresista y un eficaz Sistema de Servicios Sociales Incrementar la protección laboral, tan deteriorada a lo largo de los últimos años con la excusa de la necesaria recuperación económica, que garantice empleos dignos y de calidad, y una política fiscal progresiva, capaz de incrementar la recaudación, son dos aspectos imprescindibles en la lucha contra la pobreza, en la reducción de la precariedad y en el logro de una sociedad más justa e igualitaria. Las Rentas Mínimas, y un eficaz Sistema de Servicios Sociales, pueden contribuir eficazmente a estos objetivos y a que ninguna persona o familias queden al margen.
REGULACIÓN ESTATAL
Existe amplio consenso en la necesidad de una regulación estatal en Materia de Rentas Mínimas. Podemos decir que el tema de la garantía de rentas se ha convertido en una cuestión de Estado, algo que no había ocurrido hasta ahora. Los grandes partidos y coaliciones que concurren a las elecciones, salvo el Partido Popular, llevan en sus programas algún tipo de propuesta para esta garantía de rentas
Diversidad de propuestas. A partir de este acuerdo en la necesidad de un marco estatal, las propuestas que presentan partidos políticos y otras organizaciones sociales son substancialmente diferentes. Desde la propuesta de un “Ingreso Mínimo Vital” que lleva el PSOE en su programa, pasando por el “Crédito Fiscal” que propone CIUDADANOS, la “Garantía de Rentas” de PODEMOS, con su reta diferencial y renta complementaria, la ILP de CC.OO y UGT, en el ámbito no contributivo de la Seguridad Social y complementaria con las Rentas Mínimas autonómicas, a la Renta Básica Garantizada que defienden determinados colectivos
Diversidad de prácticas. Todas las Comunidades Autónomas, además de las ciudades de Ceuta y Melilla, cuentan con sus propios Sistemas de Rentas Mínimas. En este sentido, estas rentas tienen una cobertura e todo el Estado. Ahora bien, la diversidad es extraordinaria e injustificable en una cuestión de tanta trascendencia. Tanto en la cobertura poblacional (un 34,0% de la población del País Vasco es beneficiaria de este sistema, 1,4% en Castilla-La Mancha) como en su cuantía (17,3% de la renta media familiar en Cataluña, 6,7% en C. Valenciana), las diferencias son exageradas.
Ahora bien, se aprecia una cierta tendencia a la homogeneización, al menos en los planteamientos de reforma anunciados en varias Comunidades.
Cuestión a resolver: complementariedad del marco estatal y el autonómico
Una posible regulación estatal de un Sistema de garantía de rentas en cualquier de sus propuestas, nos enfrentará a la cuestión de cómo se complementa con los sistema (tan diversos) que existen a nivel autonómico.
En algunas propuestas, los Sistemas autonómicos sería complementarios del estatal en cuanto a la población a la que beneficiaría (como en la ILP de CCOO y UGT); en otros podrían complementar las cuantías estatales; incluso se plantea que las actuales Rentas Mínimas autonómicas desaparecieran como tales y sus recursos se destinasen a dotar un eficaz Sistema de Servicios Sociales en materia de acompañamiento y apoyo para la inclusión.
UN DOBLE DERECHO: A LA GARANTÍA DE RENTAS Y A LA INCLUSIÓN
La Garantía de Ingresos y la Inclusión constituyen dos derechos diferentes. Las nuevas situaciones de pobreza, vinculadas a la extensión del desempleo y a la precarización de las condiciones laborales, hace que exista un amplio consenso en la necesidad de que la garantía de ingresos no se vincule, con carácter obligatorio, a la inclusión social. En consecuencia se plantea la necesidad de articular un doble derecho, con sus consiguientes mecanismos que los garantices, también diferenciados, aunque por su propia naturaleza, complementarios: el derecho a unos ingresos garantizados, y el derecho a la inclusión.
¿Garantía de ingresos incondicional?
En relación con el derecho a una garantía de ingresos se plantean cuestiones relacionadas con los requisitos de acceso, tales como el empadronamiento, la residencia, la edad y otros más en función de las diferentes opciones, como ser demandantes de empleo (en la ILP que vincula esta garantía a la Seguridad Social en su nivel no contributivo).
Ahora bien, más allá de estos requisitos, se plantea un debate sobre si esta garantía de rentas debe estar o no condicionada al cumplimiento de
determinados compromisos o comportamientos relacionados con los deberes como ciudadano/a. Así hay quien aboga por vincular el derecho a una Renta Mínima garantizada de cualquier otra cuestión que no sean los antedichos requisitos de acceso, mientras que otras opiniones proponen esta incondicionalidad este limitada temporalmente, o por el cumplimiento de determinadas exigencias de ciudadanía o de motivación en la búsqueda de empleo.
La desmotivación y los efectos sobre el empleo de una renta mínima garantizada
Una cuestión que surge inevitablemente al plantear una garantía de ingresos no condicionada a compromisos de inserción o a una búsqueda activa de empleo es si puede conllevar en sus perceptores desmotivación, especialmente en materia de empleo.
Las evidencias empíricas, así como determinadas investigaciones sugieren que ese riesgo, aunque pueda manifestarse en algunos de los perceptores, en ningún caso tiene un carácter mayoritario ni tan siquiera significativo, y no pueda utilizarse para oponerse al establecimiento de un sistema de rentas mínimas garantizadas ni para establecer requisitos que lo vinculen necesariamente a una conducta activa de búsqueda de empleo.
Complementariedad con rentas de trabajo insuficientes
La complementariedad de las rentas mínimas garantizadas con ingresos que puedan provenir de rentas salariales, cuando estas no alcanzan determinado nivel, bien por la temporalidad o por ser trabajos a tiempo parcial, es otra de las cuestiones debatidas. Se apunta un consenso bastante amplio en el sentido de hacer posible esta complementariedad, si bien con matices diversos en las diversas propuestas. Más aún, en determinadas propuestas se plantea que los nuevos sistemas de garantía de rentas no solo no deben penalizar sino que deben motivar e incentivar la búsqueda de empleo y el empleo, estableciendo niveles más elevados para este complemento de rentas salariales.
Efectos sobre los salarios de la complementariedad de una renta mínima garantiza con rentas de trabajo insuficientes.
Existe un debate, especialmente sensible en ámbitos sindicales, sobre si complementar las rentas salariales insuficientes con un ingreso mínimo garantizado, no supone una trasferencia encubierta a las empresas, que les permita ahorrar pagando salarios más reducidos, ya que serían complementados por el Estado. Los efectos de estas rentas mínimas garantizadas profundizarían la precarización de las condiciones laborales, especialmente la de unos salarios más bajos.
La evidencia es que lejos de tener un efecto negativo sobre los salarios, una renta mínima garantizada contribuye al incremento de los salarios, si muchas
personas, al tener estos ingresos mínimos garantizados tienen la opción de rechazar empleos que ofrecen retribuciones muy reducidas, lo que obliga a este incremento salarial (los salarios en el País Vasco, la Comunidad con mayor extensión de este sistema de garantía de ingresos, son buena prueba de esta afirmación). Al mismo tiempo, establecer garantías de rentas más elevadas para quienes tengan salarios bajos, evita que el rechazo a empleos con muy baja retribución se convierta en una desmotivación generalizada hacia el empleo.
SERVICIOS SOCIALES Y GARANTÍA DE RENTAS
Un necesario replanteamiento del papel de los Servicios Sociales
En función de que el derecho a la garantía de rentas se lleve a cabo de una u otra manera, será diferente el papel de los servicios sociales. Pero en todo caso se hace necesario un replanteamiento profundo del papel de los Servicios Sociales en relación con la garantía de rentas, algunas de cuyas claves son las que se expresan a continuación
Separar el papel de control del de activación e intervención social
Una de las cuestiones que se plantea con mayor claridad es la necesidad de separar las responsabilidades sobre el control de requisitos para acceder o percibir la renta garantizada (prueba de ingresos, residencia, composición familiar, etc.), de quienes deben garantizar los procesos de activación para la inclusión social.
El control de requisitos y el seguimiento debe estar en manos de departamentos administrativos, mientras que la activación debe ser responsabilidad de los profesionales y los equipos de intervención social.
La experiencia en los Sistemas de Rentas Mínimas vigentes están evidenciando lo inadecuado de que ambas funciones recaigan sobre los mismos profesionales y equipos, tanto a nivel local (centros de servicios sociales y, en particular sobre los/as trabajadores/as sociales de base), como a nivel autonómico.
La diferencia que se propone permitiría por un lado, una mayor agilidad en la gestión (asumida por departamentos especializados en ello) y, por supuesto, una mayor capacidad de intervención de los equipos técnicos, no solo por verse liberados de las tareas administrativas sino por lo negativo que supone asumir a un mismo tiempo labores de control e inspección, y de motivación y apoyo.
La importancia del ámbito local. El valor de la proximidad
En este nuevo rol de los servicios sociales, como activadores de procesos que garanticen el derecho a la inclusión, es necesario reivindicar la importancia de lo local, el valor de la proximidad, ya que la inclusión solo es posible en los
entornos en los que se desarrolla la vida familiar y vecinal de las personas, es decir, en los entornos de proximidad.
Reforzar el papel de las entidades locales en materia de servicios sociales es fundamental para ello. Por eso, se espera del próximo gobierno que dé marcha atrás en la nefasta demolición de los servicios sociales de las entidades locales que establece la mal llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Cómo hacer operativo el derecho a la inclusión
Uno de los mayores retos para los servicios sociales en los próximos años, será el de concretas los procesos, proyectos o actuaciones a través de los cuales se haga operativo el derecho a la inclusión. En este sentido va a ser necesario descender del terreno de las formulaciones y los discursos, aunque sin perderlos de vista, al terreno de lo concreto, de lo cuantificable y de lo medible.
Si la inclusión social es un derecho, debe ser concretado y financiado por las Administraciones. Para ello es imprescindible establecer módulos operativos que puedan estar contemplados en los Presupuestos de las Comunidades Autónomas (Administraciones competentes en materia de inclusión social), para financiar proyectos de entidades locales y de organizaciones sociales, y para su seguimiento y evaluación.
Va a ser una tarea apasionante definir estos módulos, así como los consiguientes procedimientos y técnicas de intervención. Una tarea que compromete a los servicios sociales y nos enfrenta a un reto que puede abrir nuevos horizontes y revitalizar su situación actual, superando su excesiva vinculación actual a la gestión de prestaciones y al control de requisitos.
Simplificar y agilizar
Existe un consenso total en la necesidad de simplificar y agilizar los procesos de concesión de rentas mínimas. La experiencia dice que el retraso en las mismas conlleva graves dificultades para sus perceptores y riesgos de agudización de los procesos de empobrecimiento y de exclusión.
Especialmente cruel ha sido recurrir a la complicación de los procedimientos para dificultar o retrasar el acceso a estas rentas, como medio para recortar el gasto que conllevan. Por fortuna, los nuevos gobiernos autonómicos están mostrando mayor sensibilidad y acortando los plazos de concesión o renovación. Como estas prácticas ponen de manifiesto, es posible conseguir esta agilidad en la gestión con voluntad política, con la simplicación de los trámites y requisitos, y con el uso de herramientas adecuadas, como la automatización de la gestión, el intercambio de información entre Administraciones, las firmas electrónicas…
CUANTÍAS Y COSTES
Porcentajes del SMI / IMPREM o asimilar a cuantía de los subsidios
Las diferentes propuestas en materia de garantía de ingresos o rentas mínimas establecen las cuantías de las mismas en porcentajes en relación con el Salario Mínimo Interprofesional o el IPREM, o asimilándolas a la cuantía de los subsidios por desempleo o de las pensiones no contributivas.
Hay diferentes propuestas en cuanto a que prestaciones dejarían de existir en función del modelo de garantía de ingresos o rentas mínimas que se establezca.
Complemento por composición familiar y por alquiler de vivienda
La mayor parte de las propuestas contemplan complementos a la cuantía general de la percepción, en función de la composición familiar (con incrementos porcentuales por el número de miembros) o por alquiles de vivienda.
Se contempla con especial importancia la existencia de menores de edad en la unidad familiar, habida cuenta de la especial incidencia y significación que tiene sobre este colectivo las situaciones de pobreza. Para ello se contemplan incrementos porcentuales más significativos o incluso subsidios específicos por hijos/as a cargo, según las diferentes propuestas
Una propuesta muy bien recibida apuesta incluso por comenzar un proceso de renta básica garantizada por los menores de edad.
Entre 1,5 y 2 puntos del PIB
Lógicamente las diferentes propuestas ofrecen diferentes previsiones de costes. Estos oscilan de los 7.700 millones de € del “crédito fiscal” que propone CIUDADANOS (al que habría que sumar el coste de las rentas mínimas autonómicas), 12.600 millones en la propuesta de IU, 15.000 millones en la de PODEMOS, y entre 11.000 y 17.000 millones en la ILP de CC.OO, a la que habría que sumar, igualmente, el costes de las rentas mínimas autonómicas.
Costes de gestión, ahorros y retornos
Un aspecto importante a considerar en las diferentes propuestas, son sus facilidades o dificultades de gestión y sus consiguientes costes, que hay que añadir a los costes directos antedichos.
De la misma manera hay que tener en cuenta los ahorros que cada sistema conllevaría, en forma de supresión de otras prestaciones o de menores gastos en servicios que proporcionan atención a necesidades básicas que, en buena medida, una renta garantizada aminorarían.
Por último, serían muy importante contemplar y cuantificar los efectos que un determinado nivel de garantía de rentas tendría sobre el consumo y sobre la
economía en general, así como los retornos en forma de impuestos al consumo que generaría.
PERCEPCIÓN SOCIAL
Aunque a lo largo del Congreso no se pudo dedicar la atención que el tema merece, no se dejó de señalar la importancia de la percepción social a la hora de legitimar la implantación de un sistema de garantía de rentas o ingresos mínimos.
Existen numerosos lugares comunes y mitos muy extendidos sobre los efectos de estos sistemas, que van desde los ya comentados de la desmotivación hacia el empleo, los efectos negativos sobre los salarios, y especialmente magnificando el fraude o mal uso de estas rentas por parte de algunas personas, familias o colectivos.
Este último aspecto, muy especialmente, ha sido y seguirá siendo utilizado de manera profusa por parte de los entornos más ultraliberales, empeñados en inventar historias exageradas en las que se muestra a los perceptores de estas rentas, como en general a quienes perciben ayudas o servicios sociales, como vagos, aprovechados y parásitos que viven a costa de los honrados contribuyentes y de la gente trabajadora.
Es muy importante combatir estas mentiras y entrar de lleno en la lucha ideológica y cultura que todo avance en la protección social exige para implantarse y consolidarse
Al fin y al cabo, como bien dice T.Piketty, la extensión y agudización de las desigualdades no tiene tanto que ver con la eficacia de aparato represivo, como con la eficacia del aparato justificativo.